Cada cubano le debe 1.334 dólares al Club de París.

Cada cubano le debe 1.334 dólares al Club de París. En la imagen el jefe del Club de París, Bruno Bezard.

OSMAR LAFFITA ROJAS | La Habana | 6 Jul 2015

El Gobierno quiere borrar la imagen de moroso que se ha ganado en la arena internacional.

Uno de los secretos mejor guardados por el Gobierno a los cubanos es la deuda contraída con el Club de Paris.

Dicho club, fundado en 1956, es un foro informal de acreedores oficiales de los 16 países más ricos del mundo. Su función es coordinar formas de pago y renegociación de deudas.

El conflicto del Gobierno cubano con el Club de París se originó en 1985, cuando Fidel Castro tomó la decisión unilateral de congelar los pagos pendientes a ese grupo de países acreedores.

El monto de la deuda ascendía en aquel entonces a 6.000 millones de dólares.

Fidel Castro, que gobernaba como un déspota omnímodo, inconsultamente, aprovechó la por él promovida reunión internacional sobre la deuda externa, celebrada en el Palacio de las Convenciones de La Habana, el 3 de agosto de 1985, para afirmar que la deuda era “impagable”.

Fue un dislate, típico de un gobernante irresponsable, tirar a la basura los compromisos contraídos por su Gobierno de pagar el dinero que le habían concedido en calidad de préstamos.

Han transcurrido 30 años. Por no honrar el pago de los servicio de la deuda y los intereses acumulados, al finalizar 2014 el Gobierno cubano le adeudaba al Club de París la muy respetable cifra de 15.000 millones de dólares. O sea: cada cubano le debe al Club de Paris 1.334 dólares

Hoy todo parece indicar que a pesar del proclamado apego a las alocadas enseñanzas de su respetado Comandante en Jefe, los actuales gobernantes cubanos no están dispuestos a seguirlas al pie de la letra.

El pasado mes de marzo, de manera subrepticia, estuvo en La Habana el jefe del Club de París, Bruno Bezard. La visita estuvo enfilada a negociar con las autoridades cubanas una solución sobre el pago de la deuda. Las conversaciones fueron llevadas a cabo de manera bastante secreta.

El Gobierno del General Raúl Castro está urgido de atraer capitales y tecnología para revertir el desastroso estado de la economía nacional. La Ley 118 de Inversiones Extranjeras, puesta en vigor el 16 de abril de 2014, hace más expedita la búsqueda de socios extranjeros para que inviertan en Cuba, sin muchos contratiempos ni trabas burocráticas.

Todo indica que La Habana se quiere quitar de manera definitiva de encima el pesado fardo de ser un gobierno que incumple sus  compromisos internacionales.

Fidel Castro, al dejar de honrar sus obligaciones de pago, propició que se le cerraran a Cuba todas las puertas de los bancos especializados en el otorgamiento de crédito en condiciones ventajosas.

Los empresarios extranjeros radicados en Cuba, al ver la arbitraria retención del pago de sus ganancias, suspendieron sus actividades, cerraron sus empresas y se retiraron definitivamente a sus países.

En 2002 funcionaban en Cuba 400 empresas mixtas y contratos de asociación de administración en la hotelería, la producción y los servicios. En 2011 solo quedaban 160 empresa mixtas, y los contratos de administración internacional sumaban 75. En conjunto, para esa fecha, solo funcionaban en Cuba 235 firmas extranjeras. Es decir, en un periodo de nueve años el Gobierno cubano desactivó un total 165 empresas extranjeras.

Todavía se siente el negativo impacto que tuvo en la economía nacional el retroceso en la inversión extranjera.

La desconfianza reina entre los empresarios foráneos ante la nueva Ley de Inversiones. Tienen que pensarlo cien veces antes de decidirse a invertir en Cuba. Todavía perdura en ellos la incertidumbre. Y el principal responsable de que esto suceda es Fidel Castro.

Ahora, para vencer esa desconfianza, el Gobierno cubano se esfuerza en mostrar que cambió y que hay en marcha una apertura al capital extranjero.

El Gobierno ha logrado reestructurar las deudas pendientes y la condonación de buena parte de ella. China decidió reducirla al 42,3%, y lo restante lo dio como inexistente. Japón decidió condonar el 80%. México y Rusia condonaron el 70% y el 90%, respectivamente. Así, La Habana se ahorra miles de millones de dólares que no tendrá que abonar a esos países. Sin lugar a dudas, resulta un sustancial alivio a las arcas cubanas y le proporciona un mayor campo de maniobra en su política de atraer capitales extranjeros en un ambiente de mayor confianza.

El Gobierno tiene que borrar la imagen negativa que se ha ganado en la arena internacional como pagador moroso, reacio a honrar los compromisos financieros contraídos.

El tema de la deuda externa pendiente de pago nunca ha sido objeto de debate público por parte del Gobierno o por el virtual parlamento que dice representar los intereses del pueblo. La ciudadanía ha estado siempre ajena a este importante asunto, que le toca tan directamente, y sobre el que ha primado un total y absoluto secretismo.

Habrá que esperar a ver si los pasos que ha dado últimamente el Gobierno de Raúl Castro en relación con la negociación de la deuda —de cara a obtener de los acreedores internacionales los urgentes créditos que necesita para el despliegue de la estancada economía nacional—, significarán el fin del secretismo y la prevalencia de la trasparencia.

De materializarse esto, mandaría una positiva señal de que tiene la voluntad de ir hacia adelante y dar pasos hacia los urgentes cambios que la economía cubana pide a gritos.

Publicado en Diario de Cuba

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