Tomado de El Telégrafo, por Agencias AFP y Cuba Debate
El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba entreabre una puerta para la discusión de los multimillonarios pedidos de compensaciones por ambas partes, por propiedades expropiadas en la isla o daños provocados por el bloqueo.
Esta disputa reconoce su origen en la nacionalización de empresas (extranjeras y cubanas) llevada a cabo por Fidel Castro a partir de 1960, empezando por grandes firmas estadounidenses y que en pocos años alcanzó propiedades particulares de emigrados.
Incontables cubanos aún recuerdan el histórico discurso de Fidel Castro el 6 de agosto de 1960 en el que enumeraba las empresas confiscadas -de electricidad, firmas petroleras, centrales azucareras-, mientras la multitud coreaba “¡Se llamaba!” ante la mención de cada empresa extranjera que pasaba al control del Estado.
Era la aplicación de la Ley 851 de 1960, que determinaba el poder del Estado de realizar la “expropiación forzosa” de propiedades y bienes en función de la “defensa del interés nacional”. En uno de sus artículos, la ley establecía un plazo de 30 años para el pago por esas propiedades mediante la emisión de bonos de la república, posibilidad que Estados Unidos rechazó de inmediato.
Con la salida de emigrantes hacia Estados Unidos, más tarde Cuba llevó adelante la llamada “reforma urbana”, en que confiscó casas y edificios de apartamentos abandonados.
En 1965 Estados Unidos abrió la primera lista de reclamos por compensaciones en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que es un órgano dependiente del Departamento del Tesoro. El expediente estuvo abierto hasta 1972.
En la actualidad hay 5.911 reclamos registrados ante la OFAC por parte de empresas o ciudadanos estadounidenses y cubanos. Este grupo reclama propiedades expropiadas en Cuba, concesiones o bienes perdidos, en un paquete que, según los propios interesados, suma entre $ 7.000 y $ 8.000 millones.
En noviembre de 1996 la Asamblea Nacional de Cuba aprobó la Ley 80, en la que explícitamente reconoce esos reclamos y establece la “disposición” del gobierno a “una adecuada y justa compensación por los bienes expropiados”, que “podrán formar parte de un proceso negociador” entre los 2 países.
Un reclamo más millonario
Resulta difícil mensurar el impacto de medio siglo de embargo económico y financiero estadounidense a Cuba, pero las estimaciones no arrojan una cifra inferior a $ 100.000 millones, según la Cancillería, y que de alguna forma deberá ser negociada entre Washington y La Habana.
En 1999, grupos de la sociedad civil cubana presentaron una demanda con la millonaria indemnización. En el documento se hace un cálculo detallado. Exigían por concepto de reparación del daño material, al pago por el valor de la vida de 3.478 personas, de $ 30 millones por cada uno de los fallecidos, lo que asciende a un total de $ 104.340 millones.
Al menos 2.099 personas sufrieron quebrantos en su salud y para ellos solicitan $ 15 millones por cada uno de los incapacitados, lo que asciende a un total de $ 31.485 millones. Ambas cantidades suman $ 135.825 millones.
Esto se refiere solo en el plano humano. En 2014 el departamento de Relaciones Exteriores de Cuba estimó que el veto de las exportaciones cubanas a Estados Unidos ha costado $ 3.900 millones en ingresos no percibidos. Hay otros reclamos de carácter comercial. Por ejemplo, se pidió el lunes a Washington que derogue las leyes que impiden reconocer como cubana la marca de ron Havana Club.
La solicitud fue hecha por el diplomático cubano Carlos Martín al hablar en Ginebra ante el órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la Organización Mundial de Comercio (OMC). “De manera injustificada e innecesaria, EE.UU. ha ignorado las recomendaciones y resoluciones del OSD”, que hace 13 años pide la abolición o modificación de la Ley ómnibus de Asignaciones de 1998.
El artículo 211 de esa legislación no permite el registro o prórroga en EE.UU. de una marca de fábrica o de comercio previamente abandonada por un titular, cuyo negocio o activos hubieran sido confiscados.
La empresa francesa Pernot Ricard, asociada a la estatal CubaRon en la fabricación y comercialización de esa bebida, apeló a la decisión que le niega inscribir la marca Havana Club en Estados Unidos, ahora usada por Bacardí en ese mercado.
Frente a esta situación el exsecretario estadounidense de Comercio, Carlos Gutiérrez (nacido en La Habana en 1953), indicó que la solución será adoptar un abordaje radical. “Si vamos a permanecer concentrados en el pasado, estaremos en esto otros 50 años. Ahora se trata de mirar al futuro”.
