LA HABANA, Cuba.- El periódico oficialista Granma había publicado, en su edición del viernes 14 de agosto, la carta de un trabajador por cuenta propia que sufrió un infarto cerebral y se hallaba incapacitado para trabajar desde hacía más de un mes. Las autoridades le retiraron el carnet de cuentapropista, y en la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) de su localidad (Bayamo, provincia de Granma) le dieron de baja como contribuyente. Y a pesar de que el cuentapropista paga puntualmente sus impuestos y su contribución a la seguridad social, lo mandaron para su casa sin ningún respaldo económico.
Durante varias semanas un grupo de lectores de ese diario se mantuvieron expectantes a la espera de que alguna institución oficial le diera respuesta a ese angustiado trabajador. La curiosidad mayor, por supuesto, era de varios colegas del citado cuentapropista granmense. Sin dudas, se asían a la máxima de que “cuando veas la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo”.
Al fin, el pasado 11 de septiembre, apareció en ese periódico la respuesta a este caso. Le esgrimen el Decreto Ley no.278 del 30 de septiembre de 2010, el cual establece que “Si un cuentapropista se mantiene incapacitado para ejercer su actividad durante cinco meses consecutivos, debe solicitar a su médico de asistencia que lo remita para ser evaluado por la Comisión de Peritaje Médico Laboral, a fin de que esta dictamine lo que proceda”.
Es decir, que ese cuentapropista debe esperar más de cinco meses para recibir alguna compensación económica por parte de la Seguridad Social, en caso de que la citada Comisión lo considere pertinente. Como consuelo, y para que no se muera de hambre en ese lapso, lo remiten a la Asistencia Social, ese enrevesado mecanismo burocrático que podría ofertarle una prestación económica inferior al salario mínimo de la nación, entre 100 y 150 pesos mensuales (unos cuatro o seis dólares).
Lo anterior contrasta con el tratamiento de la Seguridad Social a los trabajadores estatales, a pesar de que estos no pagan dicha contribución. Es estos casos, a partir del cuarto día de enfermedad, los trabajadores reciben un subsidio del 60% de su salario básico, y así se mantienen mientras presenten algún certificado médico.
De más está decir que la respuesta del Instituto Nacional de Seguridad Social desató la ira de los trabajadores por cuenta propia que aguardaban por la solución de este caso. Ahora ellos se preguntan por el destino del dinero que pagan mensualmente como contribución a la seguridad social, y que en la práctica apenas los protegerá si se enferman o quedan imposibilitados para trabajar.
Una vendedora de peces tropicales comentó al respecto: “Cinco o seis meses es mucho tiempo de desprotección para un cuentapropista incapacitado para trabajar. No todos los cuentapropistas somos poderosos económicamente. Y de contra están encima de nosotros para que no subamos los precios de nuestras producciones. ¡Quieren asfixiarnos!”
Por su parte, un Tenedor de libros contempló el problema desde otra arista: “Mira, ahí tienen contenido de trabajo esos sindicatos de cuentapropistas organizados por el gobierno. Defendernos de esa discriminación que padecemos en lo referido a la seguridad social, sí sería algo meritorio. Pero no, solo se dedican a controlarnos y a velar por que paguemos puntalmente los impuestos”.
