Los negociadores de paz del Gobierno colombiano comparecieron hoy en Bogotá para tratar de despejar las dudas que despierta el acuerdo con las FARC en materia de justicia, especialmente en lo tocante a las consecuencias que puede tener para militares, policías y otros agentes del Estado.
“Nosotros no vamos a aceptar un escenario (…) donde aquí despachamos rápidamente a las FARC y nos dedicamos a abrir investigaciones contra agentes del Estado o civiles, ese no va a ser el escenario”, aseveró Sergio Jaramillo, alto comisionado de paz.
Por su parte, Humberto de la Calle, jefe del equipo que negocia con las FARC en La Habana desde fines de 2012, subrayó en respuesta a otro de los interrogantes de la sociedad colombiana y también organismos de derechos humanos: este “no es un acuerdo de impunidad”.
Jaramillo y de la Calle respondieron en un acto oficial a las dudas surgidas tras la euforia inicial por el acuerdo alcanzado el pasado miércoles sobre la justicia “transicional” (de transición) que regirá tanto para guerrilleros como para agentes del Estado una vez que se logre el acuerdo definitivo para poner fin al conflicto.
Ese pacto implica una serie de beneficios jurídicos a los que se podrán acoger algunos miembros de las FARC, los que no han cometido delitos más graves, y que también es aplicable a civiles, militares y otros agentes del Estado que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado.
Además se estableció una fecha límite para la firma del acuerdo final (26 de marzo de 2016).
El alto comisionado de paz aseguró hoy que “se trata de mirar los hechos más graves y significativos del conflicto y de manera equilibrada hacer justicia para todos”.
“Todo el que tenga responsabilidad y quiera obtener un resultado judicial debe someterse al sistema”, señaló a su vez el jefe de los negociadores del Gobierno.
De la Calle subrayó que “las decisiones tienen que ser equilibradas y equitativas”, además de marcar diferencias “porque las condiciones con las que cada quien ha actuado tienen que ser distintas”.
“Los colombianos reconocemos que, salvo excepciones, las Fuerzas Militares cumplían una función legítima. Por tanto las decisiones tienen que ser equilibradas y equitativas”, agregó ante las críticas de sectores que dicen que no se puede equiparar a las fuerzas del Estado con guerrilleros.
Además, reiteró que este “no es un acuerdo de impunidad” y subrayó que cumple con los estándares nacionales e internacionales, en referencia al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).
De la Calle recordó que las características de una pena corresponden a las decisiones soberanas de cada Estado.
Por su parte, Jaramillo fue más contundente al afirmar que “no hay posibilidad” de que el Gobierno abra un proceso de negociaciones con las denominadas “bacrim”, las bandas criminales nacidas tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tal y como se ha afirmado desde algunos sectores de la sociedad.
“Se están inventando espantapájaros con los que pelear”, concluyó Jaramillo.
El jefe del equipo negociador también destacó que “éste es un momento importante para el proceso”, si bien recordó que todavía siguen discutiendo en La Habana “las características de un cese del fuego y hostilidades bilateral y definitivo” antes de la firma de un acuerdo de paz.
Asimismo, afirmó que todavía son objeto de debate las zonas de concentración en las que deben reunirse las FARC como paso previo a la dejación de armas, que deberá comenzar 60 días después de la firma de la paz.
Preguntado acerca del mecanismo de refrendación de los acuerdos, De la Calle aseguro que todavía no ha sido objeto de discusión en La Habana, pero destacó que se brindará, de común acuerdo con lo que se convenga en la mesa de negociaciones, “la oportunidad a cada colombiano de decir si está de acuerdo con lo pactado”.
“Hay distintas posibilidades, esto no se ha discutido en la mesa y tendrá que ser discutido con las FARC, no vamos a tomar decisiones unilaterales en materia de refrendación”, concluyó.
