Francisco Flores, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), es el primer expresidente en ser procesado por delitos de corrupción en El Salvador, reseña un especial del portal web Prensa Latina.
En octubre de 2013, el exmandatario Mauricio Funes (2009-2014) solicitó al Fiscal General, Luis Martínez, investigar un posible caso de defraudación fiscal y lavado de dinero en el que estarían involucrados exfuncionarios y un expresidente.
En noviembre, Funes hizo público un reporte del Departamento de Tesorería de la Red de Lucha contra Crímenes Financieros, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que ingresó a la Fiscalía el 23 de septiembre de 2013.
El documento refleja que Taiwán emitió tres cheques por un valor total de 10 millones de dólares, de su banco de Nueva York al banco Cuscatlán de Costa Rica y de ahí a las Bahamas, a nombre del expresidente Flores.
El 7 de enero de 2014, una comisión especial de la Asamblea Legislativa creada para investigar el caso, citó a Flores para esclarecer el destino del monto.
Según Flores, Taiwán enviaba fondos directos a aquellos gobiernos que lo apoyaban en sus aspiraciones de separarse de la República Popular China.
Aseguró que después del sismo de 2001 que provocó el deslave en Las Colinas, Santa Tecla, Taiwán envió cheques directos a su nombre para paliar los estragos en esa zona.
Afirmó que también recibió otros fondos para la lucha contra el narcotráfico internacional que afectaban al país, para enfrentar a las pandillas y para la reconstrucción de los daños dejados por el huracán Mitch, y entregó el dinero directamente “en costalitos” a los encargados de ejecutarlo.
La cancillería salvadoreña, por instrucciones de Funes, llamó ese mismo día con carácter urgente a la embajadora en Taiwán, Marta Chang de Tsien, para recabar información sobre el caso, y al embajador taiwanés acreditado en El Salvador, Andrea Lee.
La comisión parlamentaria convocó posteriormente a exmiembros del gabinete y exfuncionarios del gobierno de Flores, así como a militantes de Arena para declarar.
Todos dijeron desconocer esa modalidad de recibir donaciones y se desligaron.
Flores debió acudir nuevamente ante los diputados el 28 de enero, sin embargo no asistió. El propio día, Funes reveló que el exgobernante trató de huir a través de La Hachadura, frontera con Guatemala, pero un empleado de Migración impidió su salida.
Finalmente fue en la tarde de ese día, luego de un ultimátum dado por la comisión parlamentaria. La interrogación duró unas cuatro horas y fue interrumpida para el viernes siguiente, pero Flores no se presentó y desde entonces desapareció.
El expresidente en ese momento fungía como asesor del excandidato presidencial de Arena, Norman Quijano junto al venezolano Juan José (JJ) Rendón, también prófugo de la justicia, y solo cuando faltaban 72 horas para los comicios presidenciales del 2 de febrero, decidió separarse del equipo de campaña.
A partir de entonces, la comisión especial siguió indagando y el 27 de febrero, el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, entregó a la Fiscalía General el informe sobre la investigación.
De acuerdo con el documento, Flores se habría apropiado de unos 75 millones de dólares. La comisión le imputa los delitos de cohecho impropio, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios, peculado, lavado de dinero y activos, falso testimonio, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares.
La Fiscalía acusó a Flores el 30 de abril, solo de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares y de apropiarse de 15 millones de dólares.
El 7 de mayo la Policía Nacional Civil giró una orden de captura contra el expresidente y dos días después la Interpol emitió una difusión roja.
El presidente del Centro de Estudios Políticos “Doctor José Antonio Rodríguez Porth”, Gerardo Balzaretti, afirmó el 18 de junio que fondos donados por Taiwán durante el gobierno de Flores fueron a una cuenta de Arena.
Tras cuatro meses evadiendo la justicia, el 5 de septiembre de 2014 se presentó de manera sorpresiva en el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador, donde el juez Levis Italmir Orellana le dictaminó arresto domiciliario.
El viernes 19 de septiembre de ese año, un fuerte dispositivo de seguridad trasladó esposado a Flores a las bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, luego de que la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador revocara la medida.
El 30 de noviembre del pasado año fue llevado a su vivienda nuevamente en la exclusiva colonia San Benito para continuar su arresto, a causa de una trombosis que padece.
El 6 de febrero pasado, la Corte Suprema de Justicia notificó la decisión de separar al polémico juez Orellana del proceso que se le sigue al expresidente y ordenó trasladarlo al Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, presidido por Miguel Ángel García Argüello.
La Corte tomó la decisión “con el fin de evitar que la conducta demostrada por el juez de dicho proceso incida negativamente en los derechos y garantías constitucionales aplicables durante la etapa en que se encuentra el juicio”.
El nuevo juez tras una renovada pesquisa programó la audiencia preliminar para el 31 de agosto pasado, pero fue suspendida para finalizar la investigación financiera con el fin de localizar cuentas bancarias donde pudo depositar de forma irregular dinero proveniente de donativos de Taiwán.
Fue pospuesta para el 3 de noviembre, y otra vez suspendida por una supuesta urgente intervención quirúrgica que le debían realizar por pólipos en la vesícula biliar.
Sin embargo, el juez García, consideró que existían incongruencias en su diagnóstico y ordenó reprogramar la audiencia para este 5 de noviembre, donde fiscalía, querellantes y defensa expusieron sus argumentos.
Al culminar la audiencia, se decidirá si el caso pasa a juicio, si Flores es acusado de lavado de dinero y activos como pide la querella, trasladado a la cárcel, o sobreseído como espera la defensa.
En este proceso se ha denunciado por parte de los querellantes y del procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, omisiones cometidas por el fiscal al no incluir lavado de dinero en el expediente del imputado, a pesar de las cantidad de pruebas que avalan ese delito.
