El pasado 27 de octubre la Asamblea General de la Organización de Naciones aprobó una resolución contra el embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba. El hecho no reúne la condición de noticia por su repetición, pero guarda una diferencia que merece atención: las 23 ediciones anteriores tuvieron lugar en un contexto confrontacional, mientras la actual se presentó después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países.
Como el nuevo escenario no emergió de la victoria de ninguna de las partes sino del fracaso de ambos, por razones de pragmatismo y responsabilidad los problemas pendientes en el camino hacia la normalización —que son muchos y complejos— requieren de un tratamiento acorde con el nuevo escenario.
En “Desbrozando la hiedra paso a paso”, publicado en Juventud Rebelde el 18 de enero de 2015, la periodista Juana Carrasco citó las siguientes palabras de Raúl Castro, pronunciadas en privado ante dos senadores norteamericanos en 1977: “Nuestras organizaciones son como un puente en tiempo de guerra. No es un puente que se puede construir fácilmente, ni tan rápidamente como fue destruido. Toma tiempo, y si ambos reconstruimos ambas partes del puente, cada cual su propia parte del puente, podremos, darnos la mano, sin ganadores ni perdedores”. En esas palabras el mandatario cubano reconoce el carácter bilateral del conflicto y de su solución.
Acorralar al poder ejecutivo de Estados Unidos o forzarlo a apoyar la resolución cubana implicaba mover al presidente Barack Obama de la flexibilización del embargo al enfrentamiento con el Congreso, pues votar contra una ley, justa o no, del país que él representa, constituye un acto de alto costo político.
Si por cualquier razón Cuba no podía dejar de presentar la resolución, entonces la misma debió tener otro carácter. Por ejemplo, agradecer el apoyo a todos los que votaron a favor durante los 23 años precedentes y anunciar que una vez restablecidas las relaciones diplomáticas la lucha contra el embargo será competencia de la negociación entre ambos países. Sencillamente la ONU no fue ni será escenario para la solución del embargo, entre otras razones, porque las resoluciones de ese organismo internacional no son de obligatorio cumplimiento, como lo demuestran las 24 resoluciones aprobadas.
Esa conducta pasa por alto que aprovechando la confrontación, en Cuba se desmontó la sociedad civil, se castraron las libertades cívicas y políticas, el poder se concentró en el líder y la propiedad se monopolizó por el Estado. Uno de los efectos negativos de ese proceso fue la desaparición de la condición de ciudadano, lo cual se reflejó en la indiferencia social, la ineficiencia económica, los salarios insuficientes, el éxodo cada vez mayor de los cubanos y una galopante corrupción. De ahí lo inútil de insistir en el pasado.
Se trata pues, de desandar el camino transitado desde enero de 1961, cuando la nacionalización de las propiedades norteamericanas en Cuba condujo al presidente Dwight D. Eisenhower a la decisión de romper las relaciones diplomáticas y en septiembre de 1962 a la promulgación del embargo por John F. Kennedy.
Lo determinante para los cubanos sería emplear a fondo las oportunidades que brindan las relaciones diplomáticas y las medidas de flexibilización implementadas por la administración estadounidense para ir desmontando gradualmente el embargo hasta arribar a la normalización plena de las relaciones.
La solución de ese crítico cuadro, sin el cual no habrá cambios sustanciales en Cuba, depende esencialmente de medidas internas dirigidas a empoderar a un pueblo impedido de participar en la solución de un problema que le afecta directamente. Parafraseando al general Raúl Castro, lo destruido es como “un puente en tiempo de guerra, que no se puede construir tan rápidamente como fue destruido. Toma tiempo, y si cada uno reconstruye la parte del puente que le corresponde todos seremos ganadores”. Por tanto, la normalización de las relaciones con Estados Unidos tiene que acompañarse con la reconstrucción del puente cívico que fue destruido, es decir, con el empoderamiento de los cubanos, con la restauración de los derechos y libertades para su participación efectiva en los problemas nacionales, lo cual hoy está ausente en el discurso gubernamental.
Los pasos sucesivos que condujeron a las conversaciones secretas, a la declaración simultánea del 17 de diciembre de 2014, a las rondas de conversaciones efectuadas a partir de enero de 2015 y a la decisión de reabrir las respectivas embajadas en Washington y La Habana, requieren simultáneamente de la restauración del derecho de asociación, de acceso a internet, de salir y entrar a su país sin límites de tiempo, de ser empresario, de contratarse libremente como fuerza de trabajo, etc.
Lo que acaba de ocurrir en las Naciones Unidas guarda relación con la violencia devenida cultura, expresada en batallas épicas, héroes y mártires, sangre y “victorias”. Una clara manifestación de esa realidad cubana es que en el siglo XX, durante los primeros 31 años de República —de 1902 a 1933— con excepción del Dr. Alfredo Zayas, todos los presidentes cubanos procedieron de las guerras de independencia escenificadas el siglo anterior: hombres entrenados en el ordeno y mando con una pobrísima cultura democrática. De igual forma de 1933 a 1952 prácticamente todas las figuras que tomaron parte en la política emergieron de la lucha violenta —cívica o militar— contra el gobierno del General Gerardo Machado. Y de los 63 años que van de marzo de 1952 a hoy, Cuba realmente ha tenido solo tres presidentes: dos generales y un comandante en jefe, ninguno elegido democráticamente en las urnas.
Ese predominio del ordeno y mando, unido a las responsabilidades e intereses contraídos y al miedo a la pérdida abrupta del poder, guarda una relación directa con la última resolución contra el embargo presentada en la ONU el pasado mes de octubre.
Lo deseable y necesario para el pueblo cubano es que el Gobierno, a la vez que normaliza las relaciones con Estados Unidos, reconstruya el puente destruido implementando cambios dirigidos a facilitar el efecto de las medidas estadounidenses, con lo cual se generaría un escenario favorable para neutralizar las fuerzas que en el Congreso norteamericano se oponen. Claro, esas medidas fortalecerían al sector privado y facilitarían el surgimiento de una clase media, que son dos de los temores gubernamentales.
