Tomado de Escambray (Síntesis)
En un clima tropical y sofocante como el de Cuba un baño en piscina viene cual anillo al dedo y se agradece como bendición celestial, en particular durante el extenso período en que el verano se ensaña sobre la isla. Sin embargo, las opciones para acceder a este tipo de instalación no abundan aquí, ni los precios de buena parte de ellas resultan accesibles a las mayorías.
Quizás por ahí le entró el agua al coco o, mejor dicho, a las albercas particulares, que han comenzado a pulular en el país en diferentes variantes: desde las más pequeñas y modestas para el chapuzón de los niños de la casa hasta las muy refinadas, con envidiables diseños y todos los requisitos constructivos, destinadas para el alquiler en la modalidad de hostales con Todo incluido o con propuestas de pasadía, siempre a un costo imposible para quienes viven modestamente.
Como parte del Plan integral de enfrentamiento a las ilegalidades en materia de ordenamiento territorial y urbano, se realizó un levantamiento que dio fe de la existencia en la provincia de 144 de estas albercas ilícitas, aunque se supone que existan algunas otras y continúan las investigaciones.
Ahora la realidad aparece sin disfraz: las piscinas particulares existen e incluso no pocas disponen de documentos legales por obra y gracia de ciertas violaciones y de que las encubrieron como cisternas o fuentes ornamentales.
Las autoridades han establecido varias opciones para erradicarlas; por ejemplo, las más pequeñas pueden ser tapadas y quedar como cisternas de uso doméstico; mientras los dueños de las grandes deciden si dejarlas como estanques para la cría de peces, rellenarlas con rocosillo o demolerlas.
Ciro Rodríguez, subdirector técnico de la Dirección Provincial de Planificación Física, puntualizó a esta publicación que —de acuerdo con el procedimiento establecido—, primero aperciben a los propietarios, a quienes se les establece un plazo y de no cumplirlo les imponen la primera multa de 500 pesos, así como la obligación de demoler. Si persisten en el desacato, la segunda multa ascenderá a 1 000 pesos y después el caso pasa a las comisiones de enfrentamiento de las ilegalidades. Hasta ahora en la provincia se han impuesto 24 sanciones de esta naturaleza.
No pocos se preguntan por qué si se trata de ahorrar agua no se prohíben todas —incluso las inflables, la cuales, por cierto, se comercializan en CUC en los grandes centros comerciales del país—; y por qué se permite importar piscinas y aditamentos para su construcción aquí si después las declararán ilegales.
En el país existe una norma cubana (NC 441: 2006) que establece los requisitos higiénico-sanitarios y de seguridad para las albercas de uso público, pero entre sus definiciones también se encuentran las de uso privado (domésticas), como aquellas gratuitas destinadas a la recreación del propietario, sus familiares e invitados.
Mas todo el mundo sabe que la mayoría de las piscinas particulares se cobran; que legalmente aquí no se comercializan los compuestos de cloro ni ninguno de los desinfectantes o productos imprescindibles para la limpieza de las aguas; y que no todas cuentan con las condiciones necesarias en aras de garantizar la salud de los bañistas, quienes en estos casos pueden sufrir enfermedades de transmisión
hídrica como otitis, leptospirosis, cólera, fiebre tifoidea e infecciones en la piel y los ojos.
Sin embargo, como no todo anda claro en este asunto, como se trata de una opción recreativa no desdeñable, como tras la sequía llegará la primavera y como después que las piscinas se queden un tiempo sin agua ya resultará imposible recuperarlas porque perderán la hermeticidad, quizás las autoridades deberían valorar la idea de no aplicar la misma receta en todos los lugares.
Espirituanos encuestados por el semanario se preguntaban si no resultaría más factible limitar el tamaño o establecer una tarifa diferenciada de agua; si no se podrían mantener en aquellos sitios donde no existe una situación crítica con el abasto de agua o utilizan fuentes no aptas para el consumo humano.
Planificación Física aseguró a Escambray que hasta el momento, con todos los argumentos posibles a mano, ya se han eliminado alrededor de 100 piscinas en la provincia, a pesar de la resistencia de muchos de sus dueños, de alguna que otra indisciplina y hasta de contadas muestras de agresividad.
Según lo previsto, al cierre de diciembre todas las albercas deberán estar erradicadas, con la clara indicación de que se incluyen tanto aquellas que se alimentan de afluentes naturales como de fuentes de abasto. Entonces, si no queda otra opción que cerrar las piscinas particulares a cal y canto, al menos todas las partes deberían unificar su parecer y poner por delante cada uno de las explicaciones posibles para no generar más disgustos y cuestionamientos.
