(EFE).- Un tribunal de la región andina de Junín, en el centro de Perú, dictó una sentencia condenatoria por el delito de discriminación racial, una medida que el Ministerio de Cultura consideró hoy “un importante precedente en el derecho a la igualdad y la no discriminación en el país”.
El Segundo Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Junín ordenó, en primera instancia, tres años de prisión preventiva y el pago de 5.000 soles (unos 1.560 dólares) a dos funcionarios de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sedam) de Huancayo, la capital de Junín.
Según la información del ministerio, la sentencia se dio por el delito de discriminación racial en agravio de Azucena Asunción Algendones, quien fue agredida el 20 de marzo de 2012 por una compañera de trabajo con “palabras hirientes y gestos despectivos en relación a su color de piel”.
Algendones “inició un procedimiento” interno en las oficinas de Sedam Huancayo, pero la empresa “optó por no sancionar a la persona denunciada” a pesar “de la existencia de informes y documentos que corroboraban el acto de discriminación”, agregó el ministerio.
Por este motivo, la mujer presentó una denuncia penal por la comisión del delito contra la humanidad, en la modalidad de discriminación, en contra del gerente general y del jefe de Recursos Humanos y Relaciones Industriales de Sedam Huancayo.
El ministerio remarcó que la sentencia marca “un precedente de gran importancia para el ejercicio del derecho a la igualdad y no discriminación por motivo de origen, raza, lengua o costumbres” y, además, “constituye un acto de reivindicación para la población afroperuana, la cual ha sido discriminada de manera histórica”.
El despacho informó que mediante la plataforma “Alerta contra el Racismo” acompañó el caso “brindando asesoramiento a la agraviada y realizando recomendaciones a las instancias pertinentes”.
Algendones también recibió apoyo de la ONG Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (Cedemunep), la Coordinadora de Derechos Humanos y la representación de Defensoría del Pueblo en Junín.
