Dayrene Camejo Contrera, una joven de 23 años y embarazada de 30 semanas, duerme habitualmente “en la calle”.
Unos amigos la han aceptado en su casa, pero solo por unos días, mientras están de viaje familiares que comparten la vivienda.
El edificio donde Camejo Contrera residía con su padre, situado en Monte número 959 entre Matadero y Pila, fue declarado inhabitable e irreparable en 1987. Desde entonces, los vecinos poseen una orden de albergue, que nunca se ha cumplido “por falta de capacidad”.
Algunos de los vecinos sin amigos o familiares que los acojan todavía habitan el inmueble, una especie de “fantasma” en ruinas, porque el Gobierno lo da por “demolido”.
“Cada vez que uno de los vecinos va a Vivienda municipal del Cerro le dicen que el edificio está registrado como demolido, que hay gente que vivía allí con casas otorgadas y que el expediente con la orden de albergue se perdió”, explica la joven.
Su padre, Carlos Guillermo Camejo, está siendo tratado por cáncer de próstata y ella es epiléptica. Sin embargo, según su versión, bienestar social se niega a atender su caso pues la funcionaria que la recibió considera que ella “puede trabajar”.
La embarazada afirma que del gobierno municipal la mandaron al provincial y allí la pelotearon de vuelta.
En la Unidad Municipal de Albergues (UMA), relata, le responden que no tienen capacidad. En el Consejo de Estado, añade, la funcionaria de Atención a la Población le dijo “¿Y qué tú quieres que yo haga? Eso no es problema mío”.
“En Primelles y Final construyeron unos edificios que ya están terminados y no han ubicado a nadie, pero no pueden darme un apartamento porque son para trabajadores del MININT”, comenta Dayrene Camejo Contrera. “Igual debe haber albergues con espacio, porque están ubicando en casas a personas del Cotorro que estaban albergadas, así que esas capacidades deben estar vacías”.
Según cuenta, un funcionario de Albergues llamado Vladimir, le propuso ubicarla en uno por la cifra de 300 CUC, así como la compra de un apartamento en 7.000 CUC.
“Me llevó al edificio y todo, para que yo escogiera”, asegura la joven. “Después supe que es un edificio construido para los albergados, así que me están quitando mi derecho para vendérmelo después”.
Sin embargo, la directora de la UMA del Cerro, niega que esa propuesta pueda haber ocurrido, pues los funcionarios de esta entidad no pueden disponer inconsultamente de las capacidades que van teniendo. Cada familia ubicada responde a un expediente que debe llevar tiempo en proceso. “Si no tengo casa para ubicarte, ¿cómo voy a tener para venderte?”, comenta la funcionaria.
Según Camejo Contrera, en Vivienda la tienen como caso priorizado, pero no le resuelven nada. “Dicen que nos priorizan por mi padre, que tiene cáncer de próstata, como si las embarazadas y los niños no fueran importantes. De todas formas, si estamos tan priorizados no entiendo por qué no tienen ni siquiera un albergue para nosotros”.
Antonio, funcionario del gobierno provincial que atendió a la joven, dice que “las cosas no son como ella piensa”.
“La UMA tiene un escalafón, compuesto por casos que se vienen siguiendo desde hace años. Las capacidades se otorgan de acuerdo a ese escalafón, que normalmente es por la fecha en que se abrió el expediente. Pero los casos son muchos y las capacidades pocas, por eso hay casos como el de ella, que vienen desde los años ochenta. No debería, pero es así”, agrega.
Sobre las posibilidades de priorizar un caso que se torna urgente por razones específicas, como lo es el embarazo de Camejo Contrera, Antonio asegura: “Por supuesto que se priorizan casos así. Lo que pasa es que tenemos muchos casos delicados. El de esta muchacha no es el peor, ni mucho menos”.
Cuando se le comentó la supuesta venta que el funcionario de Albergue le propuso a la joven embarazada, respondió que no duda que haya trabajadores corruptos, “pero eso es una denuncia que ella tendría que hacer. Si es verdad, que vaya a la Policía y lo denuncie”.
También le sugirió que se apoye en el Programa de Atención Materno Infantil (PAMI). “Ellos tienen que tomar cartas en el asunto, porque es su deber no dejar desamparada a una madre con su bebé”.
Como el PAMI no otorga viviendas y subir en el escalafón de Albergue parece tan difícil, la desesperación de Dayrene Camejo Contrera crece cada día. El nacimiento de su hijo se acerca y si esta situación persiste, será un niño cubano que no tendrá garantizada ni siquiera dirección legal, puesto que la que figura en el carnet de identidad de su madre consta como demolida en los registros de Vivienda.
“Esta semana ya tengo que irme de la casa de mis amigos porque su familia regresa”, dice la joven. Su mayor preocupación es el parto que se acerca. “No sé dónde meterme con mi bebé, porque a él sí no puedo tenerlo en la calle”.
