El gobierno de Puerto Rico pagó hoy 354,7 millones de dólares para evitar incumplir con los acreedores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en medio de la profundización de su crisis fiscal, destacó Prensa Latina.
La decisión se tomó después que en la víspera, el gobernador Alejandro García Padilla emitió un decreto para activar una cláusula constitucional y desviar dineros de cinco corporaciones públicas con vistas a mantener las operaciones del gobierno.
El pago se hizo de fondos propios del BGF, aclaró su presidenta Melba Acosta Febo, en medio de la admisión del mandatario boricua de que esta isla del Caribe está al borde de una catástrofe fiscal.
“Los pagos del servicio de la deuda de hoy reflejan nuestro compromiso de honrar nuestras obligaciones a pesar de los desafíos fiscales extremas que enfrentamos, en un esfuerzo para facilitar un proceso de reestructuración voluntaria con nuestros acreedores”, afirmó Acosta Febo.
El ministro de Estado, Víctor Suárez, afirmó en una rueda de prensa las obligaciones del gobierno de Puerto Rico están bajo continua evaluación durante estos días y se tomarán las determinaciones cuando surjan los vencimientos.
Para enero próximo vencen nuevas obligaciones del gobierno, recordó Acosta Febo a los periodistas en un atestado salón de La Fortaleza, junto al equipo económico del ejecutivo.
“No nos engañemos, la posición de liquidez de Puerto Rico está muy limitada en este momento a pesar de las medidas extraordinarias adoptadas por el gobierno para mejorarlo”, reconoció la funcionaria.
La presidenta del BGF se mostró esperanzada en que las medidas tomadas sirvan como una clara indicación de que la intención es de honrar nuestras obligaciones en la medida posible sin interrumpir los servicios públicos esenciales, aunque las posiciones fiscales generales siguen tenues.
“En las siguientes semanas, vamos a seguir para tener discusiones con nuestros acreedores sobre el apoyo a la creación de un camino sostenible hacia adelante para el país, pero para tener éxito, este curso de acción implica sacrificios compartidos de todos nuestros grupos de interés, entre ellos nuestros acreedores”, anticipó.
La comparecencia de los funcionarios se produjo luego de la intervención de García Padilla en una audiencia de la Comisión de lo Jurídico del Senado de Estados Unidos, donde planteó que el coste de la inacción de Washington para paliar la crisis fiscal de la isla será catastrófico.
“La falta de acción por parte de Washington en este momento sería solo para agravar el estado de cosas; una solución integral es imprescindible, denos las herramientas para que esto ocurra”, reclamó a los miembros de la comisión del Senado federal.
El mandatario insistió en que Puerto Rico enfrenta a una crisis con graves consecuencias para la vida de los 3,5 millones de habitantes en la isla, donde en la última década sobre 300 mil se han mudado al extranjero.
La deuda pública de Puerto Rico se sitúa actualmente en 69 mil 900 millones y ha aumentado a una tasa compuesta de crecimiento anual de 7,0 por ciento desde el año 2000.