Diario de Cuba.- La calle revolucionaria. Para celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos el Gobierno ha montado su ambiente festivo de siempre. La avenida 23 es el principal escenario y la esquina del Yara, el punto de partida.
Entre la confusión que generan las colas del Festival de Cine de la Habana y los que intentan conectarse a la WiFi de la Rampa, están apostadas policías y mujeres de la respuesta rápida revolucionaria. Pero no logran pasar desapercibidas.
A las policías se les reconoce por el uniforme; a las otras, con los implantes de pelo mal puestos, las camisas y los pantalones sucios, y los zapatos con medias empercudidas, se les veía a la legua aunque pretendieran lo contrario.
No solo parecía que habían pasado la noche allí, sino que eran la expresión más genuina del pueblo humilde al que su gobierno revolucionario no puede proporcionarle ni siquiera un salario decoroso que les permita comprar ropas y zapatos decentes.
La prensa extranjera esperaba desde los portales del Habana Libre con supuesto interés en la cola del Festival de Cine. Apenas dos Damas de Blanco salieron de la nada gritando “Libertad”, corrieron a su encuentro y se mezclaron con las que estaban dispuestas a dar golpes.
Una hora después la prensa había cambiado de lugar y la policía de civil había aumentado en número y hablaba por los walkie-talkie a voz en cuello, como intimidando.
Al gentío se sumaban quienes hacían la cola para entrar a la heladería Coppelia y las hileras de estudiantes de Secundaria Básica a los que les fueron suspendidas las clases para que patrullaran la calle junto a sus profesores.
El panorama iba cambiando a medida que se subía por 23, camino a Paseo.
En el parqueo de Coppelia la música atronadora, los globos de azul, blanco y rojo, la venta de libros y de comida, un cantante vociferaba a capella un tema de salsa y el público, adolescentes de escuelas politécnicas.
En el Parque del Quijote, los vendedores de libros estaban rodeados solo de la gente que esperaba la ruta 195, los que hacían cola en el banco metropolitano y algún que otro interesado en comprar algún título.
En G volvían las bocinas a sonar regetón, mientras los trabajadores de algún ministerio cercano, presumiblemente del de Educación Superior, conversaban sentados en los bancos, esperando que pasara algo. Las mujeres, mejor vestidas, llevaban en sus manos solo el monedero.
Dos cuadras más arriba, en el parque Mariana Grajales, frente al preuniversitario del Vedado, a las dos de la tarde, no quedaba ningún custodio de la revolución: el ruido, dos vendedores de libros y tres gatos más. El preuniversitario parecía desierto.
Di Silvestrelli en Granma. En una entrevista en Granma firmada por Sheyla Delgado Guerra di Silvestrelli al Fiscal General de la República, la periodista no cuestiona, aunque sus parlamentos lleven signos de interrogación, sino que propone temas que el magistrado desarrolla a su conveniencia y estilo.
El tercer apellido (que parece un seudónimo) de la periodista, Di Silvestrelli, la aleja tanto de la usanza cubana como cada una de sus preguntas de la realidad: en Cuba se nombra solo con dos apellidos; ella habla de “desvelo político” de la revolución por los derechos humanos, y de que el “índice de denuncia en Cuba de las mujeres y niñas víctimas” de violencia es bajo.
Son argumentos desenfocados con respecto a la realidad. Pero el último más.
¿De dónde saca Di Silvestrelli los números para afirmar que el índice de denuncias de violencia de género “es bajo” si esos datos no se publican y resulta dudoso que estén reunidos en algún centro estadístico? La FMC no tiene mecanismos para defender a las mujeres, y la policía menos.
La Di Silvestrelli no cuenta los domingos que llevan las Damas de Blanco asistiendo a Santa Rita, con amenazas, golpes y humillaciones incluidas, o las golpizas que reciben los “autodenominados disidentes”, según la periodista; o la violencia que promueve el Gobierno entre mujeres policías y trabajadoras para vejar a otras mujeres.
Cubalex, grupo de abogados independientes que realiza un trabajo de asesoría jurídica, y que por su carácter solo tiene acceso a quienes se acercan impulsados por el desespero, en el período de un año ha recibido 238 casos de violencia que involucra la integridad física y moral de las mujeres; 607 casos de violencia institucional hacia mujeres; 189 casos relacionados con la vivienda y 93 son de mujeres. En total 938 denuncias.
Del último que habla la oficina involucra a una mujer con hijo enfermo y padre con poder suficiente para matar. Es un caso de extrema violencia.
Según cuenta Ismary Leonor Visuela Fonseca, llevaba varios años casada con un alto oficial del DTI cuando le “dieron” un apartamento arrendado a nombre de él, otorgado por el MININT, por tener un hijo con síndrome down severo y síndrome de West.
Dicho apartamento ha sido por más de cinco años motivo de conflicto.
En el proceso, Visuela Fonseca ha denunciado a su marido, que ha sido capaz de apuntarle con una pistola y de derrumbar las paredes, “confinándola a un cuarto sin salida independiente, a ella y a su hijo”. Eso ocurrió el 2 de diciembre de este año.
La víctima acusa de complicidad a la delegada del Poder Popular, que le ha servido de testigo al ex marido; al Consejo de Estado, que ha desoído sus cartas durante años; y a Eusebio Leal, que aunque la casa en litigio está situada en el casco histórico de la ciudad, se ha desentendido.
Historias como estas se cuentan a miles en el pueblo y parece que muy pocas han llegado a oídos de Di Silvestrelli, del magistrado o de la redacción de Granma, aunque las que se deciden a acusar a sus perpetradores acudan al pandemonio oficialista. Basta con que se cuente una sola.