Un supuesto enfermero de las FARC que sería el responsable de 150 abortos fue detenido en España, confirmaron el sábado las autoridades colombianas, y se indicó que podría enfrentar cargos por delitos de lesa humanidad.
La Fiscalía General y la Policía Nacional de Colombia, en un trabajo conjunto con la Policía de la Guardia Española y la Interpol, lograron la detención en Madrid de dicho individuo.
“Varias mujeres murieron en estas prácticas de abortos y otras quedaron con lesiones. Otras refirieron que esto para ellas fue una tortura”, dijo Luis González León, director nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana, en un comunicado de la Fiscalía General.
Cuando llegue al país, el supuesto integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia será trasladado a la ciudad centro-occidental de Pereira para ser sometido a investigaciones y a un proceso por presuntos delitos de lesa humanidad e infracciones al derecho internacional humanitario, precisó esa dependencia.
La Fiscalía colombiana asegura tener elementos que demuestran que el aborto fue una política utilizada por las FARC para obligar a la mujer combatiente a deshacerse de su bebé con el fin de “no perderlas como instrumento de guerra”.
El aborto es legal en Colombia si el embarazo es producto de una violación o pone en peligro la vida de la madre, o cuando el feto padece una malformación incompatible con la vida extrauterina.
Desde fines de 2012, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo insurgente adelantan en Cuba un proceso de paz para tratar de poner fin a más de 50 años de confrontaciones entre las partes.
En tal sentido, y de acuerdo con un despacho de la AFP, las FARC abrieron el sábado las puertas a la discusión sobre el cese bilateral del fuego en Colombia y el abandono de sus armas, penúltimo punto por resolver para acabar con medio siglo de conflicto.
La organización insurgente anunció en La Habana que “se empleará a fondo” en la búsqueda de un pacto que ponga fin al enfrentamiento, tras dar prácticamente por resuelto el asunto de las víctimas, cuyo acuerdo deberá ser anunciado la próxima semana.
“Al tiempo que estamos dando cierre al punto sobre víctimas, hemos construido la plataforma de análisis del tema del fin del conflicto”, según una declaración leída por Sergio Ibáñez, miembro del equipo de las FARC que negocia la paz en Cuba desde 2012.
De esa forma, se espera que en los próximos días las partes anuncien el convenio a través del cual las víctimas conocerán la verdad, serán reparadas y recibirán garantías de no repetición de violencia.
El acuerdo, que consumió año y medio de discusiones, también definirá el trato que recibirán ante la justicia los responsables de delitos graves, y que incluye una jurisdicción especial y penas alternativas de reclusión, y amnistía para los combatientes que no participaron en acciones graves.
El gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han alcanzado acuerdos en tres de los seis puntos que pactaron: el problema agrario, las drogas ilegales y la participación política de los guerrilleros.
Quedan por definir los temas de víctimas – que las partes ya dan por un hecho -, el de la dejación de las armas y el fin del enfrentamiento, además del mecanismo para la refrendación de los acuerdos.
Ayer las FARC convocaron a “un debate nacional” a partir del lunes sobre sus propuestas para dejar las armas, declarar un cese bilateral de fuego y convertirse en un partido político, fin último del proceso que se ha desarrollado en La Habana.
El grupo insurgente aspira, entre otros, a que se delimiten zonas desmilitarizadas y temporales donde puedan concentrar a sus tropas una vez haya firmado la paz, una iniciativa que es muy resistida en Colombia por militares y otros sectores por el temor de que puedan surgir territorios ingobernables.
