Los principales sindicatos y movimientos sociales de Brasil convocaron hoy a los brasileños a marchar mañana en apoyo a la presidenta Dilma Rousseff, en medio de un agravamiento de la crisis generada por la posibilidad de que sea sometida a un juicio político.
Las protestas de sindicalistas y militantes de organizaciones sociales coincidirán con una audiencia en la que la Corte Suprema se pronunciará sobre el trámite que debe ser seguido en un posible juicio político con fines de destitución de la mandataria, lo que puede dar reinicio al proceso esta misma semana en el Congreso.
Las marchas convocadas en varias ciudades del país seguirán a la decisión de la Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), la patronal más influyente del país, de respaldar el proceso parlamentario para juzgar a la presidenta.
Los influyentes empresarios paulistas dejaron claro en un comunicado que apoyarán “el proceso de ‘impeachment'” contra la mandataria, “debido a la situación política y económica de Brasil y al momento al que llegamos”.
Las protestas coinciden además con una operación realizada este martes por la Policía Federal contra dirigentes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) acusados de corrupción, la cual puede aumentar el descontento en las filas de esa formación aliada al Gobierno en momentos en que Rousseff necesita de sus votos para evitar el posible juicio.
Los agentes que investigan el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras allanaron, en su búsqueda de pruebas sobre los desvíos, las residencias del presidente de la Cámara de Diputados, de dos ministros, de un senador y de un diputado, todos vinculados al PMDB, el partido comandado por el vicepresidente de Brasil, Michel Temer, primero en la línea de sucesión.
Pese a que la operación fue ordenada por la Corte Suprema a petición de la Fiscalía y a que el Gobierno se desmarcó de la misma y pidió una rápida aclaración de los hechos, el jefe de los Diputados, Eduardo Cunha, amenazó con represalias y defendió que el PMDB abandone al Gobierno lo más rápido posible.
Con la pérdida de respaldo entre legisladores y empresarios, el Gobierno esperaba al menos un fuerte apoyo en las calles, pero los movimientos sociales aclararon que, si bien marcharán contra lo que califican de “golpe” contra Rousseff, sus protestas serán también críticas con su política económica.
“Marcharemos contra el golpe y en apoyo a la presidenta, pero eso no significa que apoyemos su política económica”, dijo a Efe el activista Luiz Felipe Albuquerque, uno de los responsables de organizar la movilización del Movimiento de los Sin Tierra (MST).
El vocero del MST afirmó que las manifestaciones también fueron convocadas para protestar contra la actual política económica del Gobierno, especialmente contra el severo ajuste fiscal puesto en marcha este año para equilibrar las deficitarias cuentas públicas.
Según el MST, los movimientos sociales tienen previstas manifestaciones en por lo menos 14 de los 27 estados de Brasil pero aún no tienen una proyección sobre cuántas personas podrán movilizar.
Las manifestaciones en favor de la mandataria ocurrirán tres días después de las realizadas por los grupos que demandan la destitución de la presidenta, que tuvieron una muy baja adhesión.
Las marchas del domingo fueron convocadas por grupos ajenos a los partidos políticos tradicionales y, según la policía, congregaron a unas 83.000 personas en un centenar de ciudades. Esa cifra dista mucho de los 2,5 millones de manifestantes que esos mismos grupos llegaron a reunir en las protestas de abril y agosto pasado.
Las movilizaciones de mañana fueron convocadas por grupos tradicionalmente vinculados al oficialista Partido de los Trabajadores (PT), la formación de Rousseff, como la Central Única de los Trabajadores (CUT), mayor unión de sindicatos del país, el MST y el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST).
Según estas organizaciones, el juicio contra Rousseff carece de base jurídica y su única explicación son las “motivaciones oportunistas y revanchistas del presidente de la Cámara de Diputados, arrinconado con las recientes denuncias de escándalos de corrupción en los que está envuelto”.
Los trámites para un juicio político fueron autorizados hace diez días por Cunha, a quien la Constitución le reserva la decisión de aceptar o no el inicio de un proceso con miras a la destitución de un mandatario.
El proceso comenzó el martes de la semana pasada, pero ese mismo día la Corte Suprema lo paralizó ante una demanda en la que un partido oficialista pidió esclarecer algunos procedimientos.
Los once magistrados del Supremo tienen previsto reunirse mañana para analizar esa demanda, tras lo cual el trámite debe ser reanudado en la Cámara de Diputados.
Fuente: EFE
