Tomado de DDC
Programas del Gobierno estadounidense en Cuba, como un servicio de mensajes similar a Twitter y un taller de prevención de contagio del VIH, tenían supervisión inadecuada, conflictos de interés e interrogantes de responsabilidad legal para los involucrados, de acuerdo con un informe del órgano de control de la USAID divulgado esta semana, reporta la AP.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), que supervisó el ahora extinto programa “Twitter cubano” y otros, tampoco contaba con una política implementada para proteger labores delicadas de la posible desestabilización que pudieran causar funcionarios de inteligencia cubanos, indicó el informe, del inspector general de la entidad.
ZunZuneo, como se llamaba el programa de mensajes de texto, estaba entre varios proyectos prodemocráticos de la agencia destinados a la sociedad civil cubana.
En su informe, el inspector mencionó asimismo conflictos de interés. En un caso, un gerente de operaciones de Creative Associates International —una firma ubicada en Washington crucial para los programas— se acercó a Nimesa, una compañía técnica perteneciente a un familiar, para realizarle consultas.
“Las agencias gubernamentales están sujetas al escrutinio público”, indica el informe. “Como una agencia gubernamental, la USAID no debería tolerar, mucho menos aprobar, concesiones que constituyen un conflicto de interés. Ese tipo de conflictos, que en ZunZuneo equivalían a nepotismo, incrementaron la vulnerabilidad del programa al fraude, el desperdicio y el abuso”.
Los programas operados por Creative recibieron duras críticas de algunos legisladores estadounidenses, que los consideraron “imprudentes”, “tontos” y “francamente irresponsables”.
Según la AP, que publicó varios reportes sobre los programas de la USAID, artistas cubanos de hip hop involucrados en un proyecto fueron detenidos o interrogados por las autoridades cubanas, y funcionarios cubanos hallaron que un festival de música independiente —uno de los más grandes en Cuba— en realidad estaba respaldado por el Gobierno estadounidense.
Raperos cubanos publicaron un tema en febrero pasado para rechazar las acusaciones de haber recibido dinero de Estados Unidos.
Maikel Extremo, Bárbaro el Urbano, Charly Mucha Rima, Navy Pro, Escuadrón Patriota, Nene 9mm, Soandry y David D’Omni consideraron que los señalamientos, que se originaron tras una información de la AP amplificada por los medios castristas, fueron una maniobra del régimen.
“Les duele que estemos de pie, todavía respirando”, dijeron. Calificaron las acusaciones de “propaganda cochina” con la intención de “confundir al barrio”.
Aseguraron que el régimen los “asfixia” y “calumnia” pero que ellos salen del “pueblo” y son “la consecuencia de una crisis”.
Correos perdidos
La pesquisa del inspector general de la USAID detectó la falta de algunos documentos, incluidos correos electrónicos enviados y recibidos fuera de las cuentas gubernamentales o en un servicio de mensajes seguros llamado Hushmail, indicó la AP.
El informe halló que las autoridades también perdieron mensajes cuando empleados de la USAID cambiaban proveedores de correo electrónico, y el personal de tecnologías de la información de la agencia dijo que “llevaría tiempo recuperarlos”.
“Como resultado”, encontró el inspector general, “podríamos estarnos perdiendo comunicaciones importantes”.
La AP dijo que obtuvo miles de páginas de documentos, incluidos algunos de esos mensajes, como parte de su investigación meses atrás.
El informe halló también que la USAID modificó su enfoque en Cuba tras el arresto en diciembre de 2009 de Alan Gross, un estadounidense que laboraba como contratista para la agencia, y al que el Gobierno cubano, que controla con mano férrea las comunicaciones, acusó de introducir tecnología ilegal a la Isla.
Gross fue puesto en libertad en diciembre de 2014, como parte de un acuerdo entre los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro que incluyó a tres espías del régimen presos en Estados Unidos
Ben Edwards, portavoz de la USAID, indicó en un comunicado que la agencia ya ha completado varias recomendaciones del informe, mientras que el resto serán concluidas para marzo de 2016.
El texto de 89 páginas contenía 16 recomendaciones para mejorar la rendición de cuentas y evitar los conflictos de interés.
