El País.- La crisis desatada por la presencia de 4.500 refugiados cubanos en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, que tratan de llegar a EE UU, ha colocado a los Gobiernos de Centroamérica ante un dilema muy similar al que se ha vivido en Europa, al tiempo que plantea interrogantes sobre la política de inmigración de países que normalmente son origen y no destino de la emigración y sobre el mismo proceso de apertura en Cuba.
En primer lugar, lo más importante de todo el problema es la crisis humanitaria, y en este aspecto resulta muy positiva la iniciativa —negociada por México, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y Belice— que permitirá a los refugiados cubanos quedar liberados del bloqueo que sufren en la frontera con Nicaragua. El papel de Managua en esta crisis, con la negativa a permitir que atraviesen su frontera estas personas y con la expulsión de otros 1.100 cubanos resulta, cuanto menos, inaceptable. Si se trata de refugiados políticos, Nicaragua está obligada a admitirlos en virtud de los tratados internacionales firmados. Y si no los reconoce como tales y considera que son emigrantes económicos habría que recordar a Daniel Ortega que su país tiene cientos de miles de emigrantes en EE UU —meta final de los cubanos—, y que no es coherente reclamar un trato justo para unos y negarlo para otros en función del pasaporte.
La segunda cuestión importante hace referencia a la situación en Cuba. Los refugiados tratan de entrar en Estados Unidos ante el temor de que con la normalización de relaciones entre Washington y La Habana dejen de ser considerados refugiados políticos. Al año de anunciarse la normalización, el régimen de Raúl Castro apenas ha dado pasos que permitan atisbar una apertura. La situación de la oposición sigue siendo la misma, igual que la política de derechos humanos. Castro debe entender que no puede exigir a cambio de nada y que debe dar pasos concretos.
