Ampliación del Canal y lucha anticorrupción, grandes retos de Panamá en 2016

Canal de Panamá - Tomada de Internet
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EFE.- La culminación y entrada en servicio del Canal ampliado y la lucha contra la corrupción, que incluye la inédita orden de detención provisional, aún por ejecutar, del expresidente Ricardo Martinelli, centran las expectativas en Panamá este 2016.

Se espera que en algún momento del segundo trimestre de este año comiencen las operaciones comerciales del ensanche del Canal, un proyecto que arrancó en 2007 con un coste global de 5.250 millones de dólares y que debió estar listo en octubre de 2014.

Huelgas laborales además de conflictos contractuales entre el consorcio a cargo de la construcción de las nuevas esclusas, el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) han sido las principales razones del retraso.

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La aparición en agosto pasado, durante las pruebas de llenado, de unas grietas en una de las paredes de la esclusa del Pacífico, reavivó las dudas sobre la fecha de inicio de operaciones del canal ampliado, vía por la que ahora transita el 6 % del comercio mundial.

El GUPC, integrado por Sacyr (España), Salini Impregilo (Italia), Jan de Nul (Bélgica) y CUSA (Panamá), está abocado a la reparación y reforzamiento preventivo tanto de la estructura afectada como en la del Atlántico, una tarea se espera culmine el próximo día 15.

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De la finalización de esos trabajos, con un coste de unos 40 millones de dólares, dependerá la fecha de inicio de operación de ensanche, lo que no debe ocurrir más allá junio próximo, ha dicho el administrador de la ACP, Jorge Quijano.

Hasta ahora se ha considerado abril de 2016 como fecha de inauguración de la ampliación, pero en unas recientes declaraciones Quijano diferenció ese evento del inicio de operaciones comerciales.

La recta final de la construcción de la ampliación, que registra un avance global 96 %, transcurre en un clima de tensión entre la ACP y el GUPC, con cruce de declaraciones sobre la responsabilidad de cada uno en los retrasos de la obra que, según la prensa local, han generado hasta ahora un lucro cesante de cerca de 450 millones de dólares al ente panameño.

El GUPC, que ha presentado reclamos a la ACP que superan los 3.400 millones, ha dicho que está “en condiciones operativas de entregar la obra en el plazo establecido” de abril próximo.

Pero el director del consorcio, Giuseppe Quarta, dijo en una entrevista con Acan-Efe en diciembre pasado que cumplir esa fecha será “imposible” si la ACP mantiene su actual “ritmo burocrático y de pagos”, lo que retrasará al menos seis meses la inauguración.

“La ACP reafirma que dentro de lo que contempla el contrato, cumple con sus compromisos para que el contratista entregue la obra en cumplimiento de todas las especificaciones y requisitos establecidos y en la fecha acordada”, respondió la ACP.

Por el canal ampliado podrá transitar el 94 % de la flota comercial mundial, ha dicho la ACP, y su entrada en operaciones ha estado precedida por millonarias inversiones en puertos del continente americano para adecuarlos a los calados de las grandes naves que tendrán acceso a la vía interoceánica.

En el plano político, en 2016 seguirán acaparando la atención de los panameños los procesos judicial contra el expresidente Martinelli, hasta ahora seis, entre ellos el de las escuchas ilegales durante su Gobierno (2009-2014).

Por el caso de las escuchas a al menos 150 políticos, empresarios y periodistas, el Supremo panameño ordenó el pasado 21 de diciembre la detención provisional del ahora diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), que aún no ha sido ejecutada y que puede tardar en concretarse incluso años, según expertos locales.

Martinelli, un magnate de 63 años, se encuentra en EE.UU., según sus abogados, y se ha declarado un “perseguido político” de su antiguo aliado y vicepresidente Juan Carlos Varela, actual mandatario de Panamá.

La defensa del exjefe del Estado, que se enfrenta a penas de hasta 21 años por el caso de las escuchas, introdujo un habeas corpus contra la orden de detención preventiva que aún no ha sido resuelto por el Supremo.

Los del expresidente son los casos más llamativo de la decenas de expedientes por supuesta corrupción presentados contra exfuncionarios del Gobierno anterior por el Ejecutivo de Varela, que abandera una política de transparencia y claridad en las cuentas públicas.

Una decena de exministros y exaltos funcionarios de la Administración Martinelli se encuentran bajo arresto o con alguna medida cautelar, lo mismo que empresarios, algunos de los cuales se han declarado culpables y devuelto al Estado millones de dólares que dijeron haber obtenido de forma ilegal, según han informado las autoridades.

Written by María Fernanda Muñóz

Periodista venezolana. ¿La mejor arma? Humanidad. Pasión se escribe con P de periodismo

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