Soy el Dr. en Ciencias Médicas, Especialista de 2. Grado en Fisiología Normal y Patológica, Profesor Titular Adjunto e Investigador Titular Alfredo Aldama Figueroa con número de registro profesional 014677, graduado en 1975 y jubilado en el 2013 (resolución 52645) después de 38 años de carrera en el Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular. Desde hace 3 meses me encuentro contratado en el mismo Instituto como ayudante científico no médico.
La presente tiene como objetivo denunciar los hechos que a continuación se exponen, solicitar la reparación material y moral por los mismos e informar a aquellos colegas que puedan estar siendo afectados por las mismas circunstancias y, de esta forma, evitarles el mal rato por el que tuve que transitar.
En la mañana del día 8 de diciembre no me fue permitido en el Aeropuerto Internacional José Martí abordar al avión (bajado del avión, escribieron literalmente) en el cual debía dirigirme a Lima, Perú para participar como profesor invitado en un curso a celebrarse los días 10 y 11 del mismo mes, alegando que yo era un médico especialista que estaba regulado. A pesar de decir repetidas veces que yo no podía estar regulado, puesto que me había jubilado en el año 2013, no pude abordar el avión. Los oficiales de inmigración y extranjería, quienes me trataron de forma cordial y muy profesional, me sugirieron que fuera al Ministerio de Salud Pública para aclarar la situación.
En la tarde del mismo día 8 me personé en el departamento de recursos humanos del Ministerio de Salud Pública, sito en el edificio Soto, en la calle 23. Allí, los compañeros de este departamento, después de comprobar mi perfil en su base de datos, me confirmaron que yo estaba regulado y trataron de convencerme de que, o bien el director del Instituto, o bien el jefe de personal habían comunicado a esa dependencia el que yo pertenecía a esa categoría. Esto, yo sabía que no era cierto, puesto que había hablado con esos compañeros antes de dirigirme a esa entidad.
Después de un momento de incertidumbre y poca claridad, se me ocurrió solicitarle a los compañeros del lugar que revisarán en el registro en qué fecha habían registrado mi jubilación en su base de datos, para posteriormente solicitarles la fecha en la cual me habían regulado. Después de breves instantes de espera, el compañero de recursos humanos informó (para todos los presentes) que, en realidad, mi perfil había sido actualizado por última vez en el año 2010. No, no es una equivocación, mi perfil no se actualizaba desde año 2010. O sea, oficialmente, estaba viviendo en el año 2010.
Si surrealista fue el conocer que una base de datos oficiales no se había actualizado en 5 años, más aún lo fue la solución que se les ocurrió a los compañeros de recursos humanos: que le llevara una planilla al director del Instituto (Institución en la cual ya no trabajo como médico), para que él solicitara que a uno de sus médicos,(que ya no es médico oficialmente de su Institución o, al menos, así él lo creía), le fuera modificada temporalmente la condición de médico regulado, aunque él mismo nunca había solicitado que lo regularan. Esta modificación, de producirse, no podría hacerse efectiva hasta el lunes 14, en el mejor de los casos, porque el Ministro, única persona autorizada para desregular a un médico (incorrectamente regulado), estaría en Santiago de Cuba hasta esa fecha. Nada de actualizar la incorrecta base de datos; esto parecía un detalle menor.
Al final, por supuesto, no pude viajar al curso, con todas las consecuencias que esto ha implicado.
Esta historia ofrece mucho material para reflexionar.
¿Quién me restituye los daños y prejuicio provocados por entregar datos falsos al Ministerio del Interior? La Fiscalía General de la República pudiera pronunciarse al respecto
¿Seré yo el único médico que vive en año 2010? Fuentes no oficiales, y que solicitaron anonimato, nos has asegurado que no soy el único. Es probable que jubilados, fallecidos o colegas que hace tiempo ya no viven el País abunden en la mencionada lista. Sugerimos que la Contraloría General de la República revise la base de datos del registro de profesionales del MINSAP.
¿Estará el Banco Central de Cuba asignando dinero en concepto de salarios para todos esos médicos falsamente en activo? ¿Qué ha ocurrido con ese dinero?
¿Estará alguien cobrando mi salario desde hace más de dos años? ¿Quién?
¿Cómo puede la seguridad social estar pagando una pensión por jubilación a alguien que oficialmente no se ha jubilado? El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pudiera informarse al respecto.
¿Cómo ha podido el MINSAP tomar decisiones acerca de sus médicos si hace cerca de 5 años no sabe realmente cuantos son?
¿Cómo es posible que estemos luchando frontalmente contra el verticalismo pernicioso y el Ministro de Salud Pública decide que solamente él puede reparar algo que evidentemente está mal hecho? Una vez detectado, que el registro de profesionales no se actualizaba desde el 2010, debió acometerse su actualización de inmediato.
Pudiera pensarse que todas las informaciones estadísticas que el MINSAP ha ofrecido, tanto a nivel nacional como internacionalmente, en los últimos años y que incluyen al número efectivo de médicos tienen un sesgo imposible de medir, por lo desde el punto de vista de la ciencia son algo menos que falsas.
A pesar de no ser el objetivo central de esta carta la reciente aplicación de forma generalizada del decreto 306 del 11 de octubre del 2012 no puede dejar de mencionarse por ser el detonante directo de todo lo ocurrido.
Es imposible no conocer y entender las condiciones objetivas que determinaron la aplicación del mismo, así como su finalidad. Sin embargo, el método empleado no lo compartimos: ataca las consecuencias y se desentiende de la esencia. Aunque las autoridades del MINSAP repiten constantemente que no se trata de una prohibición, el someter a adultos a gestiones burocráticas (dependientes de voluntades ajenas, no siempre bien claras y definidas) para lograr satisfacer un derecho constitucionalmente establecido puede generar mucho disgusto, mortificación, decepción y hasta desencanto. Ojalá los resultados avalen esa decisión. El MINSAP fue responsabilizado con la aplicación de dicho decreto, y en lo que sí, imagino, todos estemos de acuerdo es en que establecer la medida con un registro no actualizado es intolerable.
La inmensa mayoría de los médicos formados por la Revolución hemos decidido trabajar y vivir en Cuba. Una discusión franca y desprejuiciada del problema con toda la comunidad médica, de seguro hubiera arrojado mejores resultados, tanto para nuestro pueblo, como para nuestros colegas.
Entre los “Lineamientos” se destacan una serie de medidas destinadas al “perfeccionamiento y modernización de los registros en nuestro país, como garantía indiscutible de seguridad jurídica”. La actualización del modelo económico cubano no se puede dar el lujo de trabajar con bases de datos no actualizadas.
Trabajar con una base de datos no actualizada es, en el mejor de los casos, una negligencia; no enterarse que una base de datos fundamental para el País no está actualizada es ineficacia; tomar medidas que afecten a los ciudadanos a partir de una base de datos no actualizada es maleficencia; propiciar el que alguien pueda apropiarse de dinero de forma indebida es corrupción. La credibilidad de nuestro sistema da salud y nuestro gobierno está en juego.
Saludos afectuosos,
Dr. Alfredo Aldama Figueroa.
Santa Ana 753 e/ Factor y Este, Piso3/18,
Plaza de la Revolución, La Habana.
Teléfono 7882 25 10.
