La Prensa/Mundo.- Venezuela inicia 2016 con un importante acontecimiento político: la instalación el 5 de enero de la nueva Asamblea Nacional (órgano Legislativo), conformada en su mayoría por legisladores opositores al presidente Nicolás Maduro.
El nuevo poder Legislativo unicameral para un período de cinco años (2016-2021) contará con 112 representantes de la oposición y 55 oficialistas de un total de 167.
A unos días de la instalación de la Asamblea Nacional aumentan las pugnas entre la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y las fuerzas gubernamentales por los recientes cambios hechos por el poder Judicial que repercuten en dicho cuerpo Legislativo.
Uno de estos cambios es la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que consideró procedente el amparo cautelar para impugnar las elecciones legislativas del 6 de diciembre pasado en el estado Amazonas (sur).
Dicha medida puede dejar sin efecto la proclamación de cuatro diputados, entre ellos tres opositores pertenecientes a la MUD.
El abogado constitucionalista, Hermann Escarrá, explicó a Xinhua que si hay un sentencia definitiva, “corresponderá convocar a elecciones nuevamente en los mismos circuitos”.
El caso hipotético de que la oposición pierda estos tres escaños en un nuevo proceso electoral, significará quedarse sin la mayoría absoluta calificada de 111 diputados, es decir, dos tercios del órgano Legislativo, luego de lograr 112 escaños.
La medida del TSJ es considerada por la MUD como un “golpe judicial”, al tiempo que fustigan la designación de los 13 nuevos magistrados del máximo tribunal y de 21 suplentes (34 en total), a quienes acusan de estar del lado oficialista.
La propia Constitución de Venezuela establece los mecanismos para la proclamación de los representanes electos. “Hay que tener claro que el acto de proclamación es un acto administrativo y no legislativo”, dijo Escarrá.
Tras las elecciones pasadas, el dirigente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Rodríguez, reveló un audio que involucra a una funcionaria regional de Amazonas militante de la MUD por la supuesta compra de votos.
La ex ministra de Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, introdujo entonces el recurso contencioso ante el TSJ, a fin de declarar procedente el amparo cautelar para inhabilitar las elecciones en la entidad.
De lograrse una sentencia definitiva del TSJ y repetirse las elecciones en las que eventualmente salga derrotada la MUD, ya no tendrá los dos tercios en la Asamblea Nacional.
Escarrá afirmó que si cambia la composición del Legislativo, la coalición opositor ya no tendrá la posibilidad de enjuiciar al presidente de la República o sustituir los poderes públicos como atribución, proceso para el cual se requiere el beneplácito del TSJ.
De mantener la MUD la mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional conserva sus atribuciones respectivas, aunque sus competencias se supeditan al papel que tiene cada Poder Público dentro de la lógica democrática.
El secretario general de la MUD, Jesús Torrealba, aseguró en días pasados que después del 5 de enero evaluarán mecanismos para “desmontar” la designación de magistrados concretada en diciembre pasado.
A su vez, el secretario general del partido opositor Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, estimó a fines de diciembre pasado un plazo de 6 meses para que la MUD concrete “cambios políticos” significativos en la nación sudamericana.
Las palabras de Allup fueron “una vía de acción constitucional, democrática, pacífica y electoral”, a la vez de descartar que en el seno de la MUD se evalúe un referendo revocatorio del mandato del presidente Maduro.
Los mecanismos dispuestos por la Constitución que pueden cumplir con este propósito, son la enmienda y la reforma constitucional contempladas en los artículos 340 y 342, y la Asamblea Nacional Constituyente (artículo 347).
Allup se refirió a una eventual enmienda constitucional con el objetivo de abreviar el período presidencial del jefe de Estado, otra de las acciones que según Escarrá deben ser primero aceptadas por la voluntad popular.
“Hay varios escenarios intentando interpretar lo que quiere la MUD, pero todos ellos terminan en la consulta popular, y el principio de toda revolución democrática es que el titular de la soberanía y el poder constituyente es el pueblo”, manifestó.
La organización presentó además un paquete de leyes e interpelaciones a integrantes del gabinete Ejecutivo, entre ellos ministros y presidentes de instancias como el Banco Central de Venezuela (BCV), que serán ejecutadas una vez instalada la nueva AN.
La población venezolana se mantiene expectante y vigilante de los procesos que se generan dentro de la Asamblea Nacional y en el resto de los poderes. Estos procesos encaminan a la nación sudamericana a una dinámica política sin precedentes en los últimos 16 años.
