La Organización No Gubernamental (ONG) Amnistía Internacional emitió un comunicado de prensa para exhortar a la nueva Asamblea Nacional de Venezuela a tomar con carácter prioritario la protección y defensa de los derechos humanos de todos los venezolanos, sin distinción de ninguna índole, tomando en cuenta las miles de denuncias realizadas en los últimos años, sin que hayan acciones concretas para hacer justicia ni detener la impunidad, la violencia, la tortura en la nación suramericana.
A continuación les dejamos el comunicado:
Amnistía Internacional Amnistía Internacional hace un llamado a la recientemente elegida Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela que ejercerá sus funciones a partir del 5 de enero de 2016, a que tome medidas urgentes para garantizar la protección y promoción de los derechos humanos de todos y todas sin discriminación alguna.
En los últimos años, la protección y promoción de los derechos humanos garantizados tanto por la Constitución de 1999, como por los instrumentos de derechos humanos de los que Venezuela es un Estado parte, se han deteriorado progresivamente, y las instituciones que sustentan el estado de derecho han visto gravemente mermada su independencia e imparcialidad. La nueva Asamblea Nacional debe tomar medidas concretas para revertir prontamente esta situación.
Amnistía Internacional insta a los representantes del nuevo Poder Legislativo a poner nuevamente los derechos humanos al frente de la agenda política. Para ello es necesario que el nuevo Parlamento requiera con urgencia al Estado venezolano revertir la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos formulada en septiembre de 2012, adhiriéndose nuevamente a ella y admitiendo otra vez la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, es indispensable que el Estado venezolano proteja y apoye la labor de las y los defensores de derechos humanos y que priorice en las decisiones que tome a los sectores más vulnerables y tradicionalmente marginados de la sociedad, como las personas de escasos recursos, las mujeres, las niñas y niños, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e Intersexuales (LGBTI) y los pueblos indígenas.
La Asamblea Nacional debe asimismo adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la libertad inmediata e incondicional de los presos de conciencia, y de cualquier persona que enfrente procesos judiciales basados únicamente en cargos motivados políticamente, no sustentados en evidencias sólidas y fehacientes.
Es asimismo fundamental que el Poder Legislativo dé prioridad al fortalecimiento del sistema de justicia, piedra angular de todo estado de derecho, garantizando su independencia e imparcialidad para poner fin a los altos índices de impunidad que existen en el país y se garantice el derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y a una reparación adecuada.
La Asamblea Nacional debe velar además por que se garantice la rendición de cuentas de todas las instituciones del Estado ante instancias nacionales y supranacionales. Promoviendo la transparencia y asegurando el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a la educación, a la tierra, a la libertad de expresión, reunión y asociación, al acceso a la información pública y a todo el conjunto de derechos humanos se garantizará que todas las personas puedan vivir con dignidad.
Los altos índices de violencia y criminalidad en el país hacen necesario también que el nuevo Parlamento priorice la toma de medidas para dar respuesta a esta situación, controlando las armas y municiones, y asegurando al mismo tiempo que la actuación y entrenamiento de los cuerpos de seguridad del Estado se adecue a los estándares internacionales de derechos humanos de uso de la fuerza.
Los nuevos representantes del Poder Legislativo deben tomar medidas urgentes y decisivas para dar respuesta a los grandes retos que afronta el país, creando puentes y vías de diálogo. Amnistía Internacional espera que en la búsqueda de soluciones el recientemente elegido Parlamento priorice el fortalecimiento de las instituciones que sustentan el estado de derecho y garantice que todas las personas puedan ejercer sus derechos humanos sin discriminación alguna.
