Hay historias que ponen a prueba todo lo que hemos construido en el último medio siglo, esta es una de ellas. Vladimir Rafuls es un mecánico de 43 años que vive en una zona rural con su familia y está a punto de perderlo todo. El terreno que le otorgó el Estado hace dos décadas está siendo impugnado en una lucha entre instituciones y la soga acaba de romperse por el lado más flojo. Vladimir no sabe explicar a los niños en casa qué es un daño colateral y por qué unos funcionarios le dieron ultimátum de desalojo. El hombre no sabe qué hacer, la única opción es la guardarraya y si algo han aprendido los pequeños en la escuela, es que la Revolución se hizo para evitar casos así.
En 1996 el presidente del Consejo Popular Guanabo orienta a varios inspectores de vivienda que marquen con estacas un pequeño terreno rural en Peñas Altas, a las afueras de La Habana. Le han otorgado el lugar a Vladimir y su incipiente familia, estos son tan humildes que pasarán dos décadas sin terminar de construir su casa. Aunque no imagina los caminos de la burocracia, paga puntualmente el terreno al banco y en 2001 recibe la Escritura Notarial que lo hace dueño del lugar. Sin razones para preocuparse por el documento de propiedad, ese será el hogar de hijos y nietos, hasta hoy.
Un día de octubre 2015 está trabajando en su garaje cuando llega una docena de policías e inspectores a su puerta. Le piden los documentos legales de la casa, los recibos de electricidad, licencia de cuentapropista y le inspeccionan totalmente el taller. Irónico que en un país donde cuesta tanto armar un equipo multidisciplinario para temas necesarios, se conformen fácilmente para tareas así. Desde entonces comienzan a llegar las visitas con frecuencia, a menudo dos en un día, en busca de irregularidades que les permita multar. El expediente en su contra va tomando forma sin que el hombre sepa responderle al niño cuando este le pregunta si les van a quitar la casa.
Un día le dicen que el muro que ha construido para defenderse en un lugar tan desolado, es demasiado alto y no permite mirar hacia dentro. El hombre rebajó el muro, como no se hace con los de Siboney, Cubanacán y otros barrios insignes a donde no llegan los inspectores, donde no hay familias colaterales. El caso es tan injusto que después de presentarle la demanda oficial de Fiscalía, uno de los inspectores le aconseja en confidencia que busque un abogado inmediatamente. Vladimir no es hombre de entregarse a la contrarrevolución para resolver su problema, ni de sobornar un funcionario, apela a la justicia pero con frecuencia esta también se equivoca.
Esta situación forma parte de la campaña del momento: la lucha contra las indisciplinas sociales e ilegalidades. Algo necesario que debiera ser cotidiano y no campaña fugaz pero que en manos de funcionarios entusiastas por mostrar su carácter, termina en extremos. No es la primera vez que algo coyuntural se nos escapa de las manos. De igual forma se pudiera prestar más atención a la lucha contra los nuevos ricos y la corrupción, en vez de los ciudadanos más humildes sin capacidad de defensa. Cuba carece de un Tribunal de Garantías Constitucionales, la función de defender a los individuos recae en la Fiscalía, la misma institución que los acusa.
Podríamos suponer que esta medida drástica ocurra porque existe un interés en la zona que hasta el momento no es evidente. Lo que legisla la Constitución es que se les otorgue un hogar en otra parte si fuera que hay interés en despoblar el lugar, pero parece que no es así. Mientras Vladimir tiene fecha de desalojo, a unos metros de su casa se construye un edificio de 61 apartamentos para personal militar, contrastes así tienen más peso que cualquier acción contrarrevolucionaria.
Si en un inicio los querían desalojar bajo el supuesto de que estaban ilegales, al presentar la documentación los fiscales cambiaron de estrategia e impugnaron la Resolución 565 del 2000 en la Dirección Municipal de Vivienda, inhabilitando entonces la escritura de la casa. Los métodos de la burocracia son inescrutables, puede llegar a contradecirse ella misma con tal de salirse con la suya. Es un caso clásico de pugna entre instituciones donde el daño colateral lo pone el individuo desprotegido.
Había escuchado esta historia dolorosa pero hoy conozco al protagonista. Vladimir está frente a mí, mientras habla no puedo evitar notar sus manos temblorosas y la voz que se quiebra en ocasiones. En el desenlace de su caso se juega la credibilidad de las instituciones cubanas, el futuro de una familia con tres generaciones y dos niños. La campaña actual es válida pero es solo una herramienta para hacer de este un país mejor, no se puede perder de vista el objetivo, que es la gente. Si no hay indisciplina mayor que la injusticia, sería imperdonable que los Rafuls se conviertan en una familia colateral.
Por: Harold Cárdenas Lema (haroldcardenaslema@gmail.com)
