Luego de que el diputado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Julio Borges, anunciara en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) la entrega a la Secretaría del Parlamento el proyecto de ley que le otorgará título de propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, es importante preguntar: ¿Por qué la oposición busca que los propietarios de estas casas reciban sus títulos? ¿Qué conflicto ha empañado este programa social?
Construir dos millones de viviendas en siete años. Esa era la meta de Hugo Chávez, bajo un programa político que según “enfrentaría el drama habitacional de Venezuela”. 11 años después de haberse juramentado, el extinto presidente decidió desarrollar un programa habitacional que se supone, debería para el 2018 entregar más de 2 millones de casas.
Cuando se creó la Misión, el Ejecutivo decidió que quienes resultaran adjudicados con las viviendas tendrían títulos de propiedad familiar y estableció que esas casas se pagarían de acuerdo al ingreso familiar. El pasado año se ordenó el cobro de esas unidades habitacionales para lo cual el despacho de la Vivienda tenía que entregar los documentos de propiedad familiar, sin embargo, el Ministerio esta semana empezó a regular los títulos de propiedad.
Los propietarios de casas o apartamentos de Misión vivienda que hayan decidido vender o alquiler sus casos podrían ser revocados de su propiedad.
¿Qué se cuestiona?
El derecho a la vivienda no se garantiza simplemente dando “cuatro paredes y un techo cualquiera”, sino que se deben dar garantías jurídicas a quienes residen en ellas. (Provea: organización de derechos humanos)
El excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski refirió que esta Ley permitirá regularizar la situación de las personas que han obtenido casas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. “Esta ley obligará al Estado a que cuando entregue la llave de un apartamento, también dé el título de propiedad. Para eso debe ser la nueva Asamblea”.
“La aprobación de este proyecto beneficiará a todo el pueblo. Por ejemplo en Sabaneta de Charallave, muchas familias tienen años allí sin que sus viviendas y terrenos sean de su propiedad. El Estado tiene que reconocer su propiedad, no darles un título supletorio, porque la Constitución establece que cada venezolano debe tener su propio patrimonio”, dijo.
Chavismo se opone
El Gobierno Nacional ha rechazado la propuesta, por considerar que esto simplemente persigue facilitar el ingreso de las viviendas construidas por este plan social al mercado secundario.
“Quiere nuevamente regresar el neoliberalismo a América Latina, por eso la propuesta de Julio Borges de convertir las viviendas en una mercancía. No va Julio Borges, vete pa’ tu casa. Eso no va, por aquí no pasa”. Así respondió el presidente Nicolás Maduro, el pasado 8 de enero, a la propuesta de la Mesa de la Unidad Democrática.
El diputado Dario Vivas advirtió que la propuesta de Borges es diseñada por el sector privado de la construcción y por contratistas, que durante muchos años promovieron en el país los créditos indexados, acciones especuladoras y usureras de la banca.
Un programa social bañado en propaganda
¿Actos desinteresados? ¿Políticas eficaces de gobierno? ¿Programas por el bienestar social? La Gran Misión Vivienda Venezuela no ha respondido a ninguna de las tres interrogantes anteriores. En Venezuela, las entregas de hogares “dignos” para “vivir viviendo” se ha convertido más en un “toma y dáme” que la consagración de un derecho constitucional.
Los ojitos de Chávez con su firma, bordean los edificios. Las casas son entregadas con un cuadro del “comandante eterno” y por supuesto, la identificación con el proceso es fundamental. Inclusive, Nicolás Maduro las utilizó como una amenaza, tras su derrota en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre:
Desde la oposición, se criticó duramente la forma en la que fue desarrollado el proyecto. ¿Casas para quién? ¿Cómo fue el proceso de consignación?. Recordando además que en su mayoría, los complejos habitacionales no contaron con el planeamiento íntegro de una comunidad, que debería incluir presencia policial.
Este “error” cobró la vida de 10 personas en Ocumare del Tuy, Miranda, en lo que se suponía era una “reunión familiar” que terminó bañada en sangre, cuando grupos armados llegaron al sitio y accionaron sus armas contra todos los presentes.
