Ahora que representantes del Gobierno de EEUU y de Raúl Castro se comienzan a reunir para discutir sobre la compensación de las propiedades americanas confiscadas en 1960, parece menos académico que hace años hablar sobre tan complejo tema.
En efecto, desde la primera conferencia anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana (ASCE por sus siglas en inglés) en 1991 en Miami, varios investigadores han estado analizando los diversos aspectos de este asunto. Pero ahora, en la práctica, tanto los que participan en estas conferencias como los muchos observadores interesados pueden vislumbrar y comenzar a entender no solo la naturaleza del nudo gordiano a desatar, sino también las consecuencias de la transfiguración política y económica de Cuba causada por el proceso revolucionario que empezó en 1959.
El tema puede enfocarse desde distintos ángulos. Por ejemplo, las reclamaciones de ciudadanos norteamericanos propietarios de activos en el momento de la expropiación se limitan al valor de los medios expropiados, más los intereses acumulados en el tiempo transcurrido. La pérdida total que así puede estimarse alcanza un orden de magnitud de miles de millones de dólares, pero puede decirse que es solo una fracción del valor total de las propiedades que el Gobierno revolucionario confiscó en Cuba desde 1959 y que incluye las pérdidas sufridas por los ciudadanos cubanos desde entonces. Sin embargo, tales pérdidas no son parte de las reclamaciones del Gobierno de EEUU. Las mismas tendrán que ser reclamadas individualmente por los dueños afectados o sus herederos.
Cabe aquí hacer varias observaciones. La primera es que tales reclamaciones involucran pérdidas materiales supuestamente compensables con dinero o concesiones de valor equivalente. La segunda es que hay infinidad de ex propietarios que por diversas razones, especialmente la de haber tenido pequeñas propiedades, carecen de una base legal o documental para hacer reclamaciones realistas. La tercera es que hay muchas pérdidas teóricamente compensables en dinero que no tienen una contrapartida en propiedades físicas, como construcciones, tierras o maquinaria y equipo. Se trata de propiedades intelectuales, como derechos de autor, patentes, o marcas; financieras, como depósitos bancarios o bonos del estado; más pérdidas por ingresos dejados de devengar, como salarios, pensiones, rentas, ganancias o intereses.
Cualquiera que sea el monto de las compensaciones que se reclaman por las expropiaciones de dueños americanos, se puede suponer que el monto de las pérdidas materiales de los ciudadanos cubanos cuando fueron expropiados es un múltiplo muy elevado del primero.
Aquí aparecen varias ironías que vale la pena destacar.
La primera es la desigualdad en la distribución de oportunidades al recibir compensaciones, si alguna vez esto llegara a ocurrir. Los principales beneficiados serían los inversionistas que estén asociados con las empresas americanas expropiadas. Después si acaso vendrían los cubanos que no tienen la misma oportunidad de ser compensados que parecen tener los inversionistas americanos, a menos que logren hacer reclamaciones exitosas por cuenta propia. Es obvio que la historia y sus turbulencias económicas y políticas han puesto a los cubanos en desventaja.
Pero otra ironía surge de la reclamación por parte de Raúl Castro de que EEUU compense al Estado cubano por las pérdidas imputables al embargo. En todo caso, esas pérdidas fueron sufridas por los ciudadanos cubanos, no por el Estado. Lo extraordinario de esa demanda es que EEUU le pague al Gobierno cubano por las pérdidas de los cubanos. ¡Es como querer expropiarlos de nuevo!
¿Habrá alguna forma justa de compensación para esos cubanos? De esa pregunta se desprende otra: ¿y por qué las compensaciones han de limitarse a los que sufrieron pérdidas por expropiaciones? ¿Es que no hay otros cubanos y extranjeros que sin haber tenido propiedades también sufrieron pérdidas por las acciones revolucionarias?
Esta consideración expande la frontera de posibilidades de compensación al máximo teóricamente posible y todavía no cubre todas las pérdidas achacables a la revolución. Se queda fuera de esas posibilidades el inmensurable costo humano provocado por la pérdida de vidas, años de prisión, maltratos, exilio y todas las angustias que los cubanos han sufrido en el Estado totalitario.
En estas condiciones la solución más justa al problema de las compensaciones es que los cubanos puedan volver a ser dueños de su economía, que se hagan cargo de la recuperación económica del país y que puedan beneficiarse con los frutos de la reconstrucción. Pero el modo en que los inversionistas extranjeros o cubanos están dispuestos a negociar con el gobierno de Raúl Castro no es compatible con esa solución por varias razones.
Primero porque el mismo Gobierno excluye la participación de los demás cubanos en condiciones de igualdad con los extranjeros y unos pocos cubanos favorecidos por las autoridades. Y segundo porque esos inversionistas dependen de que el Gobierno cubano les dé el permiso para invertir y operar. Esto hace a tales inversionistas privilegiados en los beneficios que puedan derivarse de la normalización y usurpadores del derecho de los demás cubanos a ser compensados por la vía de la participación irrestricta en su propia economía. Lo cual plantea una cuestión moral insoslayable: si la forma más justa posible de compensación para los cubanos es participar directamente en los beneficios de una recuperación económica ¿por qué otros que no sufrieron pérdidas han de beneficiarse exclusivamente? ¿Cómo es posible hablar de una normalización de relaciones excluyendo a tantos cubanos de su derecho a ser compensados?
Lamentablemente estas consideraciones no están en la agenda del proceso de normalización de relaciones entre EEUU y Cuba. Por diversas causas, los cubanos se encuentran hoy de nuevo en una coyuntura donde fuerzas ajenas a sus intereses determinan su destino. Hay que reconocer que los intereses de la mayoría de los cubanos están indefensos. Creo que es resultado de un fallo de acción colectiva que nos ha hecho incapaces de unirnos y organizarnos en defensa de nuestros intereses comunes. Lecciones de la historia que deben aprender las próximas generaciones si quieren una Cuba libre.
Publicado en Diario de Cuba
