Diario de Cuba El 30 de diciembre, el presidente Raúl Castro, después de siete años de estar al frente de los destinos del país y alarmado como si acabara de enterarse de los altos precios de los productos del agro, dijo a los dóciles diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular que “son problemas a los que hay que buscarle una solución provisional, aunque sea transitoria”.
Histriónicamente, presentándose como el defensor de los indefensos consumidores, aseguró: “No podemos permitir que un país como Cuba no pueda enfrentarse a un grupo de pillos que se enriquecen todos los días, debido a que cada vez crecen más los precios de los alimentos. Se tomarán medidas sobre esto y en la próxima reunión se analizará este problema para buscarle solución, pero esto no puede continuar”.
Luego de esas palabras suyas ante el parlamento, funcionarios del Gobierno, del Partido Comunista y sus organizaciones satélites, y la amaestrada prensa oficial, han iniciado una campaña contras los altos precios de los productos agrícolas, de los que culpan a intermediarios y revendedores.
Todos saben que el principal responsable de los altos precios no es otro que el Estado, pero para mantener sus privilegios lo silencian y apuntan el dedo acusador hacia los que han sabido sacarle buenas tajadas de dinero durante años a las estructuras de comercialización estatal existente, en total conexión y complicidad con una burocracia corrupta y envilecida que ha logrado acumular grandes fortunas.
Resulta vergonzoso que el Presidente cubano no haya tenido el pudor de reconocer, ante los diputados y el pueblo, la responsabilidad del Estado por el problema.
De acuerdo al Anuario Estadístico 2014, emitido por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), existen en Cuba, entre empresas agrícolas y diferentes tipos de cooperativas agropecuarias, 5.608 entidades, y miles de campesinos y usufructuarios que explotan centenares de miles de hectáreas de tierra.
De acuerdo al informe Panorama de la Tierra, edición de marzo 2014, de la ONEI, las empresas agrícolas, las diversas cooperativas, los campesinos y los usufructuarios, en su conjunto, disponen de 6.342.400 hectáreas, pero solo tienen en explotación 2.645.800 hectáreas.
Las empresas agrícolas estatales son las que hacen peor uso de la tierra, a pesar de tener asegurados los insumos, las maquinarias, la trasportación, el regadío y el traslado de las cosechas al mercado. Estas empresas, de 1.851.600 hectáreas aptas para el cultivo, solo reportaron en explotación 471.700 hectáreas, es decir, el 17 % del total de sus tierras.
Las cooperativas, los campesinos y usufructuarios, de las 4.490.900 hectáreas que poseen, al terminar 2014 reportaban 2.174.100 cultivadas, lo que representa el 82,2%.
Estas cifras indican claramente que la producción agrícola en Cuba descansa en las diferentes formas de explotación no estatal.
De estas cifras y resultados no habló Raúl Castro y tampoco los diputados y la prensa oficial.
Al cierre de 2015 de los 6 millones de hectáreas aptas para el cultivo, solo se cultivó el 26%. He ahí el origen de la indetenible subida de los precios de los de los productos agrícolas.
Resulta un absurdo económico, que el Gobierno y los diputados planteen que, como solución para detener el alza de los precios de los productos del agro, haya que toparlos. Tal medida, en vez de resolver el asunto, lo empeorará más.
Los precios aumentan por la falta de oferta de mercancía. En vez de aplicar el absurdo económico de topar los precios, lo que el Estado tiene que hacer es controlarlos.
Producto del descontrol existente, han sido los intermediarios y revendedores los que han fijado los precios en los mercados agropecuarios. Es por eso que la competencia entre vendedores no existe. Los consumidores están obligados a pagar los mismos altos precios, nunca menos, por el mismo producto en cualquier mercado al que vayan. Prefieren que los productos se pudran ante que rebajarles el precio.
Topar los precios sin que los productores coloquen mayor cantidad de productos en el mercado, lo que origina es algo que hace tiempo había desaparecido: el deplorable espectáculo de las tarimas vacías en los mercados. Eso se debe a que las mercancías son desviadas hacia el mercado negro, donde se pagan a mejor precio.
Para que bajen los precios de los productos del agro, el Estado no tiene que toparlos ni imponer arbitrariamente un control de precios: la solución es producir más.
Cuando haya más productos en el mercado, a los intermediarios y revendedores no les quedará más remedio que bajar los precios. Pero antes, para que haya más producción, tienen que ser cambiadas las abusivas relaciones de producción y las trabas en la comercialización prevalecientes hoy en la agricultura cubana.
