(EFE).- El Gobierno de Costa Rica informó este jueves que buscará un tercer país para deportar a 35 cubanos que ingresaron irregularmente a su territorio en diciembre pasado y que se encuentran detenidos en un centro para migrantes.
La subdirectora de Migración, Gladys Jiménez, dijo en una conferencia de prensa que la Sala Constitucional ordenó el miércoles, al resolver un recurso de hábeas corpus, que los cubanos no sean deportados a su país pues “hay un grado razonable de probabilidad de que se ponga en riesgo su integridad”.
“En acatamiento a lo ordenado por la Sala Constitucional, recurriremos a la Cancillería para que por su medio hagan las diligencias para ejecutar la deportación a un tercer país que los reciba”, explicó Jiménez.
La funcionaria dijo que “la mayoría” de estas personas (sin precisar cuántas) solicitó refugio, por lo que las deportaciones no se podrán realizar hasta que se resuelvan sus peticiones.
Los emigrantes fueron detenidos después del 18 de diciembre pasado, fecha en la que el Gobierno suspendió la entrega de visas temporales a los cubanos que pretendían llegar a Estados Unidos y que quedaron varados en Costa Rica debido a que Nicaragua les cerró su frontera.
Entre el 14 de noviembre y el 18 de diciembre pasados, Costa Rica entregó 7.802 visas temporales a los cubanos y atendió a la mayoría de ellos en albergues a la espera de una solución para reanudar su travesía.
El pasado 12 de enero la región puso en marcha un mecanismo de prueba que llevó a 180 cubanos vía aérea desde Costa Rica hacia El Salvador y desde allí por tierra hasta la frontera entre Guatemala y México, con el apoyo de la Organización Internacional de las Migraciones y los gobiernos centroamericanos.
Posteriormente, los cubanos se movilizaron hasta Estados Unidos, en una operación que los gobiernos de la región calificaron como exitosa y que seguirán aplicando dos veces por semana a partir del 4 de febrero para lograr la salida de los miles de cubanos de Costa Rica.
La crisis comenzó el 15 de noviembre pasado cuando el Gobierno de Daniel Ortega, aliado de La Habana, cerró su frontera a los emigrantes cubanos alegando riesgos para la seguridad y la soberanía del país.
