Tomado de La Gran Época
Siete años después que el presidente estadounidense Barack Obama comprometiera su palabra de que cerraría la cárcel de Guantánamo en territorio de Cuba, la prisión sigue funcionando. Ahora, 59 organizaciones de defensa de los Derechos Humanos –de 15 países de América- han exigido al mandatario cumplir su promesa.
En un comunicado presentado ante la Casa Blanca, las organizaciones más destacadas de los derechos civiles en todo el continente, recordaron que no solamente la base es una “aberración”, sino que ha demostrado en los hechos ser “una solución falsa a la amenaza terrorista”.
Recuerdan que la prisión abierta por el ex presidente George Bush, como forma de enfrentar posibles hechos posteriores a los atentados contra las Torres Gemelas, no solamente ha fracasado en ese cometido sino que se ha convertido en una vergüenza para la primer potencia mundial. “Es imposible que alguien alegue desconocer los abusos cometidos contra las personas alguna vez (o aún) recluidas allí: desde las torturas hasta la detención indefinida”, puntualizan.
Obama tampoco cumple con el “Estado de la Unión”
En su discurso ante el Congreso –el último que realizará como presidente, cargo que deja en 2017- Obama aseguró que mantiene su promesa de cerrar Guantánamo. No obstante en el mensaje “Estado de la Unión”, ha responsabilizado a los republicanos por poner trabas al tema en el legislativo norteamericano.
Así mantiene incumplida su promesa realizada por primera vez en 2008 y repetida en 2009, para que se libere a los 91 privados de libertad –todos musulmanes- que aún permanecen en el territorio cubano ocupado por los estadounidenses.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reclamado a Obama cerrar la prisión, en tanto los 780 hombres (y niños) que han pasado por ella, denunciaron haber padecido torturas y malos tratos, detenciones sin tiempo previsto de reclusión, falta de acceso a protección judicial y ausencia total de los elementos básicos del debido proceso.
“Guantánamo es un ejemplo de acciones ilegales, impunidad, ausencia del debido proceso y vulneración del derecho a la verdad, justicia y reparación. Su continua existencia transmite el peligroso mensaje de que cualquier abuso futuro no tendrá consecuencias”, sentenció la CIDH.
