(14yMedio).- Lo que comenzó como una novedad a mediados de enero se ha convertido en una regularidad en la capital cubana. La red de mercados agropecuarios con un listado de precios topados asciende ya a 66 unidades y las autoridades prevén extender la medida a los 105 consejos populares que componen la ciudad, según confirmó la prensa oficial.
El segundo secretario del Partido Comunista, José Ramón Machado Ventura, comentó tras una reunión celebrada el sábado en Mayabeque, que se evalúa fijar un límite máximo, “ponerle un hasta”, al importe de numerosos productos. “Lo que no se puede es vender al doble o al triple”, enfatizó en relación al costo de producción y el importe final de las mercancías.
Sin embargo, Machado Ventura reconoció en el encuentro que para resolver el problema definitivamente hay que producir más y con calidad y arremetió contra los “intermediarios ilegales”, a quienes el Estado culpa de la fuerte subida de precios que se vive desde mediados del año pasado.
En La Habana se suman al experimento de los precios topados los llamados Mercados Agropecuarios Estatales (MAE), que habían pasado a formas de gestión no estatal y ahora recuperan su anterior estatus. En esos locales, el Gobierno mantiene precios límite sobre productos como plátano, malanga, tomate, cebolla, boniato, ajo, col, calabaza, pimiento, fruta bomba, piña, quimbombó, berenjena, acelga y habichuela.
La puesta en práctica de la medida ha venido aparejada por mayores restricciones sobre los transportistas privados que abastecen a los mercados no estatales y sobre los carretilleros o vendedores ambulantes de frutas, viandas y hortalizas, estos últimos bajo una fuerte razia policial en las últimas semanas que los ha llevado a retirarse de las calles habaneras, donde habían pasado a formar parte ya del paisaje cotidiano.
[[QUOTE:Después del entusiasmo de los primeros días con los precios limitados, los clientes comienzan a mostrar sus quejas por la caída en la calidad de las ofertas y la poca estabilidad en el suministro]]Después del entusiasmo de los primeros días con los precios limitados en varios mercados como el del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT) ubicado en la calle Tulipán en la barriada de Nuevo Vedado, los clientes comienzan a mostrar sus quejas por la caída en la calidad de las ofertas y la poca estabilidad en el suministro.
“Ayer vine y compré malangas baratas, pero hoy llego y lo que hay es boniato nada más”, se quejaba este domingo una compradora del concurrido mercado. En las tarimas se exhibían este fin de semana tomates verdes, calabazas y plátanos. “Pero no se encuentran maduros, hay que comprarlos verdes y ponerlos a madurar en la casa”, protestaba la clienta.
Algunos vecinos ven con buenos ojos la baja obligada de los precios. “Soy jubilado y no puedo estar pagando 25 CUP por una libra de tomates”, explica un comprador en las inmediaciones del mercado del EJT. “Hay mucha gente lucrándose con la necesidad del pueblo”, añade el jubilado, para quien está bien que “les aprieten el zapato a ver con qué van a robar ahora”.
Las autoridades han declarado que solo un uso eficiente de los campos podrá bajar los precios de una manera permanente. En una reciente entrevista con Eddy Soca Baldoquín, director general del Centro Nacional de Control de la Tierra y Tractores, la cantidad de tierras de uso agrícola en Cuba asciende a 6.240.263,84 hectáreas. La gestión estatal está a cargo del 30,5 %; las cooperativas, del 34,3 % ;y el resto, en manos de pequeños agricultores.
Desde que en el 2009 se aprobara el Decreto-Ley No. 259 sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo, unas 279.021 personas han recibido terrenos a lo largo del país y permanecen en posesión de los mismos 1.403.940 hectáreas hasta la fecha. El reparto no ha tenido la incidencia esperada sobre la productividad ni en los precios de las mercancías.
En una reciente inspección realizada en la provincia Pinar del Río y presidida por Machado Ventura se escindieron 3.531 entregas de tierra, al menos 1.126 por incumplimientos de contrato, 766 por abandono del área durante más de seis meses, 703 al hacer un uso no correspondiente al fin de otorgamiento; mientras que el resto de las cancelaciones correspondieron a las causas de fallecimiento y dejación voluntaria.
