Diario de Cuba. Según cuenta Jorge, un ingeniero en riego y drenaje de 63 años, transcurría el “Periodo Especial” cuando el Ministerio de Agricultura (MINAGRI) se convirtió en el Estado Mayor del “Plan Alimentario”, una estrategia del entonces presidente Fidel Castro para enfrentar la probable hambruna que traería la pérdida del subsidio soviético.
“Tomando como modelo algunos mercados concentradores de México DF”, afirma Jorge, “ingenieros y arquitectos de la Empresa de Proyectos Agropecuarios (ENPA), diseñaron cuatro mercados concentradores para abastecer la capital. Cada uno dotado de 16.000 metros cuadrados de superficie y equipados con varias líneas de beneficios y frigoríficos”.
“Las obras civiles fueron construidas en tiempo récord por microbrigadistas y militantes del Partido Comunista en terrenos de Berroa, San Miguel del Padrón, El Trigal y el Wajay. Igualmente fueron proyectados y construidos un sinnúmero de mercados minoristas, aún en explotación, cuyas dimensiones se ajustaron a terrenos baldíos repartidos por toda la ciudad”, apunta.
“De esta forma el Gobierno proporcionaría a la Dirección de Acopio del MINAGRI una formidable infraestructura que, junto a varias fábricas de envases y flotas de camiones especializados, tendría la capacidad necesaria para distribuir a la población capitalina una oferta diaria superior a las 1.300 toneladas de viandas y hortalizas”.
Y añade: “Lo chocante es que aquel faraónico proyecto que extrajo de los almacenes del CEATM miles de toneladas de acería y materiales procedentes de la antigua URSS, quedó inconcluso, junto a las ampliaciones del Instituto de Sanidad Vegetal, El Centro de Investigaciones Fundamentales de la Agricultura Tropical (INIFAT) y otras obras”.
Veinte años después
A finales de 2013 el mercado El Trigal, uno de aquellos cuatro concentradores, se convirtió en probeta de ensayo para un experimento que involucraba a las provincias Artemisa, Mayabeque y La Habana.
El laboratorio pretendía paliar el déficit de abastecimiento en la capital, a causa de la incompetencia de la Dirección de Acopio del MINAGRI, que solo cubría el 20% de la demanda.
Según fuentes, Acopio trapicheaba con los fertilizantes y productos fitosanitarios destinados a los productores, imponía estrambóticos parámetros de calidad a los productos, incumplía con los pagos, dejaba las cosechas pudrirse en el campo o en las carretas y desviaba recursos impunemente.
El experimento amparado en el decreto 318 (comercialización de productos agropecuarios) argumentaba el simplificar vínculos entre productor y el consumidor final, buscando el incremento y diversificación de las producciones para abastecer los mercados minoristas.
Tras su estreno el 18 de enero del 2014, Rafael Sablón Sosa presidente de la cooperativa El Trigal, en un reportaje publicado en Juventud Rebelde bajo el título “El Trigal da sus primeros pasos”, argumentó: “A El Trigal podrán concurrir en calidad de vendedores las empresas, granjas estatales, Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), de Créditos y Servicios (CCS), Agricultores Pequeños (ANAP) y la nueva figura de ‘vendedor mayorista’, autorizada hasta ahora únicamente en La Habana, Artemisa y Mayabeque”.
Apenas dos años después, en los debates del VI periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, fueron analizadas las quejas de la población por los sobreprecios de los productos agrícolas, donde diputados y gobernantes, sin reconocer públicamente el fracaso de la experiencia de El Trigal, endilgaron la culpabilidad por la anarquía de los precios al intermediario (legalmente nombrado “vendedor mayorista”, según el experimento).
En el mismo cónclave el vicepresidente Miguel Díaz–Canel hizo un cándido llamado al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) para, mediante el uso de la ciencia, aumentar las producciones agrícolas y bajar los precios. Pero el CITMA absorbe el 0,3% del PBI cubano y necesita más plata para sus investigaciones.
Por otra parte, el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista, José Ramón Machado Ventura, en reciente reunión celebrada en Artemisa, presionó a los cooperativistas y agricultores pequeños —con la tenencia del 60% de la tierra cultivables del país— a aumentar las producciones con el fin de topar los precios y resolver el problema.
La cruda realidad es que el déficit de viandas y hortalizas activó las alarmas en la capital y sus efectos se aprecian en las tarimas vacías y los rótulos con alzas de precios. “Que si el boniato que se vendía a 1,50 pesos la libra ahora cuesta cuatro pesos”, reprochan algunos por aquí… “Que si tenemos que pagar 12 pesos por la libra de tomates”, increpan otros por allá… “Que si deberíamos colgar por los testículos a Raúl y Murillo”, exclamaba una obstinada ama de casa al encender el fogón.
El Gobierno elude la responsabilidad
En la calle el barómetro anuncia tormenta. La gente exonera a los intermediarios y culpa al Estado de incompetencia. ¿Qué razón de existencia tiene el MINAGRI —cuestionan— una mole de acero y cristal que posa en la avenida Carlos Manuel de Céspedes y Conill y, está poblada por miles de burócratas que no resuelven nada?
También el desempeño de la Contraloría General de República es cuestionado, puesto que la corrupción adquiere ribetes mafiosos y la mierda salpica con más frecuencia a los funcionarios estatales.
“Buscar un chivo expiatorio como hacen ahora con el intermediario es una vieja treta para botar el sofá”, denuncia Felipe, un estomatólogo jubilado de 66 años. “Lo hicieron en los años 80 con aquellos guajiros que apodaron ‘bandidos de Río Frío’ y que mediante la operación ‘Pitirre en el Alambre’, les quitaron las propiedades y los encerraron como criminales. Mientras que la población tenía que hacer tremendas colas en el Mercado Centro (Sears) para pagarle al Estado precios tan abusivos como los del Mercado Libre Campesino”.
“Hoy sigue el mismo abuso en las shopping”,apunta. “Los precios de los productos de primera necesidad siguen multados del 240% al 340%, amén del desabastecimiento que mantiene las góndolas vacías. El costo del combustible continúa alto a pesar que el barril de crudo se cotiza al 16 % de lo que costaba hace un año. La electricidad, el gas, el transporte, ningún precio se reajusta. Y las alzas de impuestos hacen que a los cuentapropistas nos aprieten las tuercas al tiempo que se mantiene el azote de la doble moneda y los bajos salarios. En resumen, tenemos lo que nos merecemos, un Estado sobredimensionado e inservible”.
Jorge retoma la palabra para contar que antes de 1959, con la misma tierra, clima, etnia poblacional, con latifundios productivos, analfabetismo y un sistema de economía capitalista que respetaba la propiedad, Cuba tenía más vacas que habitantes, se autoabastecía de leche y los productos agrícolas se exportaban a EEUU en vagones de trenes introducidos en los ferrys Habana-Miami. Como ejemplo, asevera que la superproducción de tomates era una preocupación nacional y había que darle usos industriales para evitar el despilfarro.
“Sin embargo, ante la problemática actual”, indica Jorge, “los dirigentes evidencian un gran despiste. No se trata de producir más para bajar los precios. Lo importante es que la producción no se pudra en los campos. Para lograr que los productos agrícolas lleguen al consumidor, frescos, con calidad y a precios razonables, se necesita aplicar fórmulas de libre mercado. Con los cambalaches socialistas y la fobia que le tiene el Estado a la acumulación de riqueza, seguiremos jodidos”.
Y para concluir, apostilla: “Por infortunio para el pueblo cubano, la solución es el problema”.
