By Yusimí Rodríguez
Imágen: cinematecacubana.com
HAVANA TIMES — En la noche del viernes 29 de enero, el Canal Educativo transmitió el capítulo Tarará, de la serie policíaca Tras la huella. No habían transcurrido dos minutos cuando mi madre y yo nos percatamos de que era la recreación de un hecho que conmovió al país en 1992: el 9 de enero de ese año, unos individuos penetraron en la Base Náutica de Tarará para secuestrar una lancha, con el objetivo de abandonar el país ilegalmente.
En el intento, asesinaron al soldado Orosmán Dueñas Valero, de las Tropas Guardafronteras; al sargento de tercera Yuri Gómez Reinoso, de la Policía Nacional, y al custodio Rafael Guevara Borges. Los tres fueron sorprendidos, golpeados y desarmados. Estaban amarrados cuando les dispararon. Al escuchar los disparos, otro oficial de la Policía Nacional, el sargento de primera Rolando Pérez Quintosa, se dirigió al sitio y resultó herido de gravedad.
De los cuatro nombres, el último quedó grabado en mi mente hasta ahora, fue el único sobreviviente y luchó por su vida durante un mes. Supe la noticia de su fallecimiento en la escuela al campo. Me atrevo a decir que todos los cubanos, más allá de filiación política y grado de insatisfacción con el Gobierno, estuvimos pendientes de su vida. A los responsables los atrapó la policía en 48 horas. En la calle se decía que eso era lo mejor que podía ocurrirles. “Si la gente los coge, los linchan”.
Aquello había sido una masacre injustificada, más allá de la desesperación de los cubanos por la miseria de los años 90, la Ley de Ajuste Cubano a la que nuestros líderes y medios oficiales responsabilizaron. En Tarará aparecen escenas reales que muestran a nuestro presidente de entonces, Eterno Líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, afirmando que de haber logrado su objetivo, aquellos individuos habrían sido recibidos en Miami como héroes.
Por lo que muestra el capítulo, esa era también la esperanza del personaje interpretado por el actor Rafael Laera, autor principal de los asesinatos: no llegar con las manos vacías, tener un historial de enfrentamiento al régimen. Para los otros involucrados, partir era simplemente una vía de escape de la situación del país, la búsqueda de un futuro, como para la mayoría de los cubanos que arriesgan sus vidas en el mar. Para ese personaje era, sobre todo, la forma de evadir la justicia.
Yo no recordaba ese detalle o quizás no se informó a la población en aquel entonces, pero cuando apareció la Policía, como muestra la serie, Pérez Quintosa fue capaz de identificar al asesino, dice: “Fue el violador”. Uno de los trabajadores del lugar explica que poco tiempo antes, habían despedido a un trabajador porque había violado a una muchacha, y estaba pendiente a juicio. Mi madre y yo tuvimos la misma reacción al ver eso en la serie: “¿Cómo dejan a un violador en la calle esperando juicio?”
A medida que avanzaba el capítulo y veía que ese personaje era el líder del grupo, había sido el primero en disparar a los que estaban amarrados y había obligado a otro a rematar a uno, me preguntaba si la historia no sería otra, de haberse mantenido preso al presunto violador en espera de juicio.
Un error que la lógica indica no se haya repetido. Pero más de 20 años después, escribo sobre otro acusado de violación que espera juicio… en libertad. Sin embargo, estas dos historias difieren en algo importante: el personaje interpretado por Rafael Laera en Tarará carecía de antecedentes penales. Este otro acusado sí tiene antecedentes y, de hecho, estuvo preso… por violación.
¿Qué propicia el hecho de que un violador reincidente espere juicio en la calle? Justamente lo que ha sucedido: mientras este individuo espera juicio… en libertad, intentó otra violación… de una menor de edad.
¿Será que en nuestro país todos los acusados de un delito esperan juicio en libertad? No. El mejor ejemplo lo constituye, irónicamente, un familiar cercano al mismo individuo. Esta parienta suya fue acusada de malversación y desvío de recursos en su centro laboral y estuvo libre, en espera de juicio… por algunas semanas. Al parecer, las autoridades temieron que pudiera huir del país sin pagar por el delito que aún no le habían probado, y la metieron presa. Estuvo recluida más de seis meses antes de ir a juicio.
Fue afortunada. Un joven que conozco fue acusado de cohecho, en un caso de estafa. Estuvo preso un año completo, sin que se demostrara su culpabilidad y, de hecho, sin que lo llevaran a juicio.
¿Será que nuestro Estado teme más la huida de un culpable (o presunto culpable) de delito económico, que la de un acusado de violación que puede repetir el hecho? ¿Quién es más propenso a cometer un acto de violencia: alguien que ha violado o, al menos, se le acusa de haberlo hecho o un acusado de malversación, estafa?
La muerte de los jóvenes asesinados en la Base Náutica de Tarará parece responder esa pregunta. ¿Un violador no es el tipo de delincuente que debe esperar juicio en la cárcel, como una forma de proteger a la población? Quizás, no es justo si la persona no tiene antecedentes penales. Quizás, había una pequeña posibilidad de que aquel hombre que mató a Pérez Quintosa y a los otros jóvenes fuera inocente de la violación. Si lo era o no, no importa. Lo cierto es que cometió uno más grave que costó la vida a cuatro personas. ¿Pudo haberse evitado? Nunca lo sabremos.
¿Pero qué pasa en el caso de alguien que sí tiene antecedentes penales, justamente de violador? ¿Quién será el culpable si este individuo, que ya cumplió condena por violación y está acusado de un hecho de la misma índole, viola a alguien mientras espera juicio… en libertad?
