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#12Feb en Venezuela: hace 2 años del asesinato de Bassil da Costa y Roberto Redman

Joven herido durante una protesta por comida en Venezuela
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Runrunes La organización Amnistía Internacional Venezuela publicó en su sitio web un comunicado en el que lamenta que aún no se haya castigado a los responsables de los asesinatos de Bassil Alejandro Da Costa, Juan Montoya y Roberto Redman, quienes perdieron la vida en las protestas que comenzaron en el país el 12 de febrero de 2014 y se prolongaron durante meses.

Estudiantes aprovecharon la ocasión del Día de la juventud para exigir a la fiscal Luisa Ortega Díaz la liberación de los jóvenes detenidos. Luego de una hora de espera frente al Ministerio Público y sin recibir respuestas por parte de la funcionaria, se registraron situaciones irregulares e incluso denunciaron presencia de colectivos y Tupamaros, quienes dispararon presuntamente en contra de los jóvenes.

Ciudadanos esperaban que oficiales de seguridad reaccionaran a su favor, pero el resultado no fue el esperado. Este hecho de violencia, que no pudo contener el gobierno socialista, dejó un saldo de tres fallecidos: Juan Montoya, quien fue baleado en la cara, Bassil Da Costa, a quien le fue disparado en la cabeza y Roberto José Redman, quien había ayudado a cargar el cuerpo de Bassil Dacosta.

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Bassil Alejandro Dacosta Frías fue el primer estudiante asesinado durante las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro el 12 de febrero del 2014. El joven de 23 años de edad estudiaba mercadeo en la Universidad Alejandro Humboldt y residía en Guatire.

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Aquí el comunicado de Amnistía Internacional

A dos años de las multitudinarias manifestaciones anti y pro gobierno en el país, es inaceptable que los familiares de las cuarenta y tres personas que perdieron la vida, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad; y los cientos de personas que fueron víctima de lesiones, maltratos y detenciones arbitrarias, sigan esperando justicia, verdad y reparación.

La falta de avances significativos en las investigaciones y en el procesamiento de los responsables de estas violaciones de derechos humanos, son muestras claras de la falta de voluntad política para garantizar la protección y promoción de los derechos humanos de todos y todas, sin discriminación alguna.

Es lamentable que tras dos años de los asesinatos de Bassil Alejandro Da Costa, Juan Montoya y Roberto Redman, todavía no se haya condenado a los presuntos responsables.

Mientras la inmensa mayoría de quienes cometieron violaciones de derechos humanos siguen sin rendir cuentas ante la justicia, decenas de personas todavía enfrentan cargos por delitos supuestamente relacionados con las protestas, entre ellos personas que llevan ya detenidas cerca de dos años sin que exista ninguna evidencia de que hayan cometido ningún delito.

Tal es el caso de Leopoldo López, líder del partido de oposición Voluntad Popular; y de Rosmit Mantilla, miembro de Voluntad Popular y activista por los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales o intersexuales (LGBTI). La encarcelación de ambos es políticamente motivada, sin evidencias fehacientes que sustenten los cargos contra ellos y con claras violaciones al debido proceso y un juicio justo. Ambos son presos de conciencia y deben ser liberados inmediata e incondicionalmente.

Es fundamental que las autoridades tomen medidas inmediatas para garantizar que ninguna persona enfrenta procesos judiciales basados únicamente en cargos motivados políticamente, no sustentados en evidencias sólidas y fehacientes.
Tanto el Ejecutivo, como la recientemente nombrada Asamblea Nacional, deben asimismo adoptar medidas urgentes y decisivas para poner fin a la persistente impunidad y garantizar que los lamentables hechos de hace dos años no vuelvan a repetirse.

Hasta que las autoridades no manden una señal clara e inequívoca a las fuerzas del orden para que actúen de acuerdo con el derecho internacional y los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, continuarán recibiéndose denuncias de uso excesivo de la fuerza.

Es asimismo fundamental que se priorice el fortalecimiento del sistema de justicia, piedra angular de todo Estado de Derecho, garantizando su independencia e imparcialidad para poner fin a los altos índices de impunidad que existen en Venezuela.

Las autoridades no pueden continuar negando verdad, justicia y reparación a quienes perdieron a sus seres queridos, a aquellos que continúan encarcelados injustamente y a quienes fueron víctima del uso excesivo de la fuerza o de tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas del orden, durante los seis meses en que Venezuela se vio conmocionada por protestas multitudinarias.

Es ahora el momento de que las diferentes fuerzas políticas busquen soluciones basadas en la cooperación y el diálogo, para dar respuestas concretas a la difícil situación que vive el país, protegiendo y promoviendo la labor de las y los defensores de derechos humanos; y poniendo al frente de la agenda política la protección de los derechos de todos y todas, sin discriminación alguna.

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