CubaNet, LA HABANA, Cuba.- El caso de un adolescente resalta entre las veinte familias que viven en la extrema pobreza dentro de un almacén abandonado de la calle Agua Dulce No.57 entre Rabí y San Indalecio, en el municipio habanero Cerro.
Yeysón Olivera Pérez, de 15 años, tiene una parálisis cerebral debido al sufrimiento fetal por la demora en el parto. Pero para las instituciones del gobierno cubano, otorgarle una vivienda para mejorar su calidad de vida es un tema sin solución.
Desde el nacimiento de Yeysón, su madre, Olga Lidia Pérez Meliez, apeló a diferentes entidades estatales para solicitar una vivienda adecuada para su hijo. El único logro es el espacio que ocuparon hace seis años.
Según establece la metodología para el tratamiento y control de los casos sociales del Consejo de Administración Provincial (CAP), en el acuerdo 101 de 2001, Yeysón reúne los requisitos que exige la política de prioridades del gobierno cubano para la asignación de una vivienda.
Su caso completa las tres condiciones para el otorgamiento, que consisten en presentar una enfermedad crónica o limitaciones físicas severas, hacinamiento y la existencia problemas de convivencia.
Sin embargo, la solicitud de Olga Lidia recorre las oficinas de las instituciones gubernamentales obteniendo sólo respuestas evasivas y negaciones, e incluso engaños
Peloteo oficial
En el 2006, la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) de la Habana Vieja reconoció la situación crítica de Yeysón quien, a pesar de su enfermedad crónica, convivía con 16 personas en un apartamento de 16 metros cuadrados.
En esa ocasión la institución respondió: “Nos adolece decirle que el municipio de la Habana Vieja es uno de los municipios con más problemas de vivienda debido al estado técnico de sus inmuebles, los cuales están catalogados en su mayoría de inhabitables (…) Es válido que usted conozca que los inmuebles que quedan desocupados en el centro histórico son remitidos por nuestra entidad a la oficina de historiador”.
Con esta respuesta Olga Lidia se dirigió a la Oficina del Historiador de la ciudad, quien le respondió en otra carta: “Lamento la enfermedad de su querido hijo, más aun, el que no esté en mis manos la solución de un cambio de vivienda (…) Nuestra Oficina no cuenta con fondos propios para dar solución a los que –como usted– lo necesitan. Es un tema del Consejo de Administración y de la Dirección de Vivienda Municipal, donde cientos de personas esperan una solución”.
Con las esperanzas en la suprema dirección del país, Olga Lidia envió una carta al Consejo de Estado, donde se quejó por el tratamiento de su caso por parte de la DMV.
El resultado agravó su situación, en una especie de venganza de la vivienda municipal. La declararon ilegal en La Habana, en una carta que expresa: “Pudimos comprobar que usted reside en dicha habitación de forma ilegal (…) a pesar de hacerlo de forma ininterrumpida por espacio de 14 años”.
En la misma misiva la directora de la DMV de Habana Viaja reitera lo que parece es el mejor argumento oficial para las negativas de viviendas a los casos sociales. “Es necesario que conozca la situación del municipio, el cual cuenta con más del 90 por ciento de sus inmuebles declarados inhabitables”.
“Todo lo que me dicen es mentira”
Después de quince años, Olga Lidia no cree en ninguno de los argumentos oficiales. Se siente decepcionada de la política para los casos como los de su hijo.
“Le digo que todo es mentira lo que me dicen; que vienen y vienen… y no vienen. Mi hijo hace seis años no hace rehabilitación. Como usted comprenderá la rehabilitación está en la Habana Vieja y nosotros estamos en el Cerro, y no puedo hacer esas distancias todos los días. Me dijeron que vendrían hacerle la rehabilitación aquí y aún estoy esperando”.
A finales de noviembre, una comisión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social visitó a Yeysón y constataron las condiciones del lugar donde vive. Los funcionarios se comprometieron en conformar el expediente de caso social, que debió iniciarse hace quince años.
Pero en febrero, y a falta de respuestas, la familia regresó a la sede municipal del MTSS. La funcionaria que es atendió alegó desconocer las razones por las que el caso no se había analizado en el Consejo de Administración Municipal (CAM).
La respuesta de la mujer volvió a dejar en un limbo a Yeysón. No hay respuesta para su caso. Lo único que atinó a decir aquella funcionaria es lo mismo que ha estado oyendo la madre del muchacho desde hace quince años: “Eso no es jurisdicción de nuestro ministerio”.
