(EFE).- El expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, asilado en Panamá tras ser derrocado en 1997, dijo hoy que, si la justicia de Ecuador dictamina la prescripción definitiva de dos procesos por supuesto peculado en su contra, retornará a su país entre mayo y julio próximo.
El exgobernante indicó a EFE que hace dos meses sus abogados presentaron a la Corte Nacional de Justicia de Ecuador la petición de la prescripción de estos procesos y que este tribunal ofició al fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, para que se pronuncie sobre esta solicitud.
Bucaram, no obstante, se quejó de que el fiscal general “en una forma ilegal” no resuelve todavía, pese a que lo que establece el nuevo Código Penal en su país es “determinante” sobre que “ningún juicio penal puede durar más de 13 años”, y los suyos ya llevan 19 años.
El destituido mandatario señaló que en Ecuador se ha conformado una “comisión de retorno” con juristas independientes, para crear foros nacionales e internacionales, y dar a conocer también en las redes sociales este “inédito” caso jurídico suyo de tener “19 años con una boleta de captura”.
Añadió que quienes lo apoyan tienen la “certeza” de que regresará pero que personalmente tiene sus “dudas”, ya que no descarta que el Gobierno ecuatoriano, por el interés político de las elecciones presidenciales de febrero de 2017, en las que su hijo “Dalo” Bucaram es candidato presidencial, vaya a permitir su retorno.
Bucaram afirmó que “ellos (en el Gobierno) aducen que mi tiempo de retorno es en marzo de 2017 y no ahora”, y que eso, indicó, es lo que se discute en este momento.
Agregó que sus seguidores están trabajando además en un proyecto de amnistía política a fin de presentarlo ante el Congreso para que el Gobierno, dijo, “reconozca su responsabilidad política” y permita su retorno.
Sin embargo, el expresidente ecuatoriano resaltó que, si se da un pronunciamiento favorable sobre la prescripción de los juicios en su contra, estaría regresando a Ecuador a más tardar entre mayo y julio próximo, de forma legal, con el dictamen definitivo de la extinción de los procesos en su contra.
“El punto es que ellos (ahora) quieren tomar una decisión política y demorar mi retorno hasta marzo de 2017 porque las elecciones son en febrero, ya que no van a permitir que mi hijo tenga mi respaldo y gane la Presidencia de la República“, resaltó.
El 26 de octubre pasado, Bucaram demandó en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Ecuador, al que exige 200 millones de dólares por considerar que fueron violados varios de sus derechos.
La demanda considera que Ecuador no respetó derechos básicos del expresidente recogidos en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre ellos el de debido proceso, de tutela judicial efectiva, derecho a la integridad física y principio de legalidad.
Bucaram reclama 200 millones de dólares al país del que fue presidente (1996-1997) al considerarse víctima de estas violaciones, que le acarrearon un estado de depresión e indefensión en el cual sobrevivió a dos infartos y una miocarditis que le llegaron a tener “al borde de la muerte”.
El 6 de febrero de 1997 el Congreso ecuatoriano destituyó a Bucaram por “incapacidad mental” para gobernar y declaró vacante la Presidencia de la República.
En la demanda, el expresidente ecuatoriano apuntó que su destitución se propuso en el Congreso por su “supuesta incapacidad física o mental” sin el “indispensable juicio político” que le permitiera ejercer su “legítimo derecho a la defensa”.
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