¿Tiene en mente el presidente Barack Obama devolver a Cuba la base naval norteamericana de Guantánamo? El presidente no ha mantenido en secreto su deseo de cerrar el Campamento Delta, el centro de internamiento para los yihadistas, que se encuentra en la base. El cierre de “Gitmo”, como comúnmente llaman a la instalación de internamiento, ocupó un lugar destacado en las campañas electorales del presidente Obama, tanto en 2008 como en 2012.
La Casa Blanca de Obama ha afirmado reiteradamente que la existencia de los centros de internamiento en Guantánamo es una “poderosa herramienta de reclutamiento” para las organizaciones yihadistas y deben cerrarse. El Congreso de Estados Unidos ha obstaculizado repetidamente estos planes, al rechazar la asignación de dinero para el cierre de Guantánamo, e incluso ha llegado a aprobar leyes que exigen un consentimiento del Congreso para la transferencia de los detenidos desde Guantánamo.
El presidente tiene otra alternativa para el cierre de Guantánamo: puede emitir unilateralmente una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del Tratado Cubano-Norteamericano de Relaciones de 1934, rescindiendo así el derecho de Estados Unidos para operar una base naval en Guantánamo y, por extensión, forzar el cierre de la instalación y cualquiera de los campos de detención presentes allí. En las últimas semanas, ha habido una serie de informes de los medios afirmando que la Casa Blanca puede que esté considerando esta situación.
Adicionalmente, el senador republicano Ted Cruz, candidato presidencial, durante el debate republicano patrocinado por CNN el 15 de diciembre, advirtió: “Me temo que para finales de este año, el presidente Obama planea devolver a Cuba la Base Naval de Guantánamo”. El senador Cruz repitió su acusación en un mitin de campaña en Reno, Nevada, el 22 de febrero. El senador Marco Rubio, otro contendiente republicano a la nominación, hizo las mismas alegaciones en un mitin en Las Vegas el 21 de febrero.
En honor a la verdad, la Casa Blanca de Obama no ha dado ningún indicio de que incluso haya tenido en cuenta la opción de devolver Guantánamo a La Habana. En respuesta a informes de prensa que sugieren que tal acción está en discusión, el secretario de prensa de la Casa Blanca Josh Earnest declaró claramente que “La base naval no es algo que creemos debe cerrarse”. El secretario de Estado John Kerry se hizo eco de comentarios similares cuando declaró que la devolución de la base a Cuba “desde nuestra posición, no era parte de la discusión”.
Es más, devolver unilateralmente la base a la soberanía de Cuba durante un año de elecciones presidenciales tendría consecuencias de gran alcance para los candidatos demócratas a cargos políticos. Si la Casa Blanca de Obama devolviera unilateralmente la base naval a La Habana, lo más probable es que sucedería en el período posterior a las elecciones de noviembre. La pregunta que debemos hacernos es: ¿tiene el presidente Obama la autoridad constitucional para devolver unilateralmente a Cuba la Base Naval de la Bahía de Guantánamo? La sorprendente respuesta es que sí.
Estados Unidos adquirió el derecho de mantener una base naval en la bahía de Guantánamo en virtud del Tratado Cubano-Norteamericano de Relaciones que los dos países firmaron en 1903. El tratado estipulaba que la recién creada República de Cuba podría arrendar a Estados Unidos los terrenos que rodean a la bahía de Guantánamo con el propósito de establecer una estación carbonera y naval durante el tiempo que sea necesario. El tratado reconocía que Cuba mantenía “soberanía definitiva” sobre el terreno arrendado, pero que Estados Unidos podría “ejercer jurisdicción y control completos”.
El tratado de 1903 fue derogado posteriormente y sustituido por el Tratado Cubano-Norteamericano de Relaciones de 1934. En ese tratado, el gobierno de Cuba confirmó de nuevo el contrato de arrendamiento a Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, con el propósito de una base naval, a menos que el acuerdo fuera modificado o derogado con el consentimiento mutuo de las dos partes o que la base fuera abandonada por Estados Unidos. El tratado también aumentó el alquiler de la tierra arrendada de $2 000 dólares al año, a pagar en monedas de oro, a $4 085 al año, a pagar en efectivo. Ese mismo alquiler ha continuado hasta nuestros días.
La base en sí cubre aproximadamente 115 kilómetros cuadrados de tierra y agua en la bahía de Guantánamo, en la porción sureste de la isla de Cuba. El término abreviado de “Gitmo” proviene del código de designación (GTMO) del aeródromo utilizado por los militares norteamericanos. La instalación es la base naval más antigua en el extranjero que opera Estados Unidos y la única en un país comunista. Las instalaciones albergan aproximadamente 9 500 marineros e infantes de marina.
En enero de 2002, Estados Unidos estableció una prisión militar en los confines de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo para, según el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, “albergar a personas extraordinariamente peligrosas, interrogar a los detenidos, y enjuiciarlos por crímenes de guerra”. En su momento pico, en el centro de detención se encontraban 670 individuos. Desde entonces, hasta febrero de 2016, el número se ha reducido a 91. De ese número, 35 son elegibles para ser transferidos a otros países, 10 están a la espera de juicio por los tribunales militares, y aún se está evaluando a 46.
Un total de 783 individuos han estado detenidos en el campamento desde que este se estableció. Durante la administración Bush se han liberado 532 prisioneros, y el gobierno de Obama ha excarcelado a 151. Nueve nuevos detenidos han muerto, ya sea por causas naturales o suicidio. En la actualidad el costo para Estados Unidos por albergar a cada prisionero es de aproximadamente cuatro millones de dólares al año. Según el director de Inteligencia Nacional, hasta el 15 de julio de 2015, se ha confirmado o bien sse cree que aproximadamente el 30 por ciento de los presos liberados que se han reenganchado en “actividad de combates”.
Además de la instalación principal, apodada Campamento Delta, que consiste en seis centros independientes de detención, numerados del 1 al 6, hay una serie de instalaciones más pequeñas en la base. Estas incluyen al Campamento 7, que se utiliza para albergar los detenidos de alta seguridad que anteriormente estuvieron detenidos por la CIA en “lugares negros” en el extranjero, bajo el programa de interpretaciones extraordinarias, Campamento Echo, donde se lleva a los detenidos antes de presentarlos ante las Comisiones Militares, y el Campamento No, un “lugar negro” a 1,5 kilómetros fuera del perímetro del campamento principal, donde se realizaban interrogatorios. También hay un pequeño sitio, conocido como “Penny Lane”, donde estaban detenidos los reclusos que la CIA estaba tratando de reclutar como agentes dobles para que espiaran a Al Qaeda.
Detenidos en el campamento han acusado a Estados Unidos de abuso y tortura. En enero de 2009, Susan J. Crawford, quien había sido nombrado el 7 de febrero de 2007 por la administración Bush como parte de la Autoridad Convocante de las Comisiones Militares de Guantánamo, publicó un informe en el que llegaba a la conclusión que existe al menos un caso en que la tortura de un detenido había ocurrido. La señora Crawford es una abogada norteamericana que sirvió previamente como jueza principal del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para las Fuerzas Armadas.
El 22 de enero de 2009, dos días después de tomar posesión de su cargo, el presidente Barack Obama emitió la Orden Ejecutiva No. 13492 suspendiendo durante 120 días los procesos de la Comisión Militar de Guantánamo y ordenó el cierre de esa instalación a finales de año. Un juez militar en Guantánamo rechazó esa petición. Posteriormente, el 20 de mayo, el Senado de Estados Unidos aprobó, por una votación de 90 a 6, una modificación de la Ley de Asignaciones Suplementarias de 2009 que bloqueó los fondos necesarios para la transferencia o la liberación de prisioneros que se encontraban en el campo de detención. La Cámara de Representantes hizo lo mismo y la disposición fue promulgada el 24 de junio de 2009.
El 5 de diciembre de 2009, el Presidente Obama emitió un memorando presidencial ordenando que el Departamento de Defensa adquiriera el Centro Correccional Thompson, en Thompson Illinois, administrado por el estado, y lo preparara para recibir a presos trasladados desde la instalación de la bahía de Guantánamo. Sin embargo, tales traslados nunca se efectuaron.
Posteriormente, el Congreso reafirmó sus restricciones a la transferencia de detenidos desde Guantánamo a Estados Unidos o a cualquier otro país bajo la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA 2011). Desde entonces, se han agregado restricciones similares a posteriores proyectos de la Ley de Autorización de Defensa. La NDAA 2014 detalla el procedimiento necesario para obtener la aprobación del Congreso para cualquier transferencia de los detenidos. Además, el Congreso impuso otras restricciones, incluyendo una disposición de que el Congreso debe ser notificado 30 días antes de que cualquier traslado se lleve a cabo.
La Casa Blanca anunció el 4 de noviembre de 2015, que presentaría un plan a principios de 2016 para cerrar el centro de detención y trasladar a suelo de Estados Unidos a las personas que siguen detenidas. El 23 de febrero de 2016, el presidente Obama, al afirmar que la continuidad del funcionamiento del centro de detención en Guantánamo era “contrario a nuestros valores” y una vergüenza para Estados Unidos que “nuestros aliados más cercanos me han planteado… continuamente”, dio a conocer una propuesta para cerrar el centro e identificó los sitios potenciales a dónde podían ser trasladados los detenidos.
Según las últimas propuestas, los presos podrían ser alojados en instalaciones de las prisiones militares en Leavenworth, Kansas y Charleston, Carolina del Sur, o en bases militares de Estados Unidos en territorio nacional continental. También se propusieron varias prisiones civiles en Colorado. Hay un número de terroristas que ya se alojan en el ala “súper-máxima” del centro penitenciario en Florence, Colorado. Según el Departamento de Defensa, sólo para retener a los detenidos de Guantánamo, la preparación de las prisiones estatales o federales existentes costaría entre $290 millones y $475 millones.
No es sorprendente que, desde la revolución cubana que llevó a Fidel Castro al poder en 1959, el gobierno de Cuba se haya opuesto al uso continuado de la base naval de Guantánamo por parte de Estados Unidos. La Habana ha afirmado en repetidas ocasiones que la presencia de Estados Unidos en Cuba estaba en tierra “ocupada ilegalmente”, en virtud del derecho internacional, y ha afirmado que los tratados de 1903 y de 1934 fueron impuestos a Cuba por la amenaza de la fuerza, violando las Leyes de Viena acerca de los convenios del Tratado.
Desde la Revolución, excepto por un caso en 1960, que según el gobierno cubano se hizo por error, La Habana se ha negado a cobrar los cheques que el gobierno norteamericano ha presentado a Cuba por el pago de las tierras arrendadas por Estados Unidos. En su lugar, han argumentado que Estados Unidos “se encuentra en mora”.
Se dice que Fidel Castro mantenía los cheques no cobrados en un cajón de su escritorio y que, en ocasiones, los mostraba a los visitantes, señalando que los cheques, a nombre de la Tesorería General de la República, hace referencia a un cargo que ya no existe en el gobierno cubano.
Durante la ceremonia de izamiento de la bandera cubana en la embajada cubana, abierta de nuevo en Washington DC el 20 de julio de 2015, el canciller cubano Bruno Rodríguez hizo énfasis en el hecho de que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Cuba no sería “completo” hasta la “devolución del territorio ocupado en Guantánamo y el respeto a la soberanía de Cuba”.
Si el Congreso se negara a implementar la propuesta del presidente de cerrar el centro de detención en la base naval de Guantánamo, una conclusión inevitable dada la oposición generalizada de los republicanos a la propuesta, él tendría una serie de otras opciones a su disposición. En primer lugar, él podría retener el arrendamiento por $4 085 que se debe pagar a Cuba en el aniversario del tratado de Cuba con Estados Unidos. El próximo plazo vence el 9 de junio de 2016. El hecho de no realizar el pago anual de arrendamiento sería un caso de incumplimiento en virtud del tratado. Una segunda opción sería que el presidente Obama simplemente dé por terminado el tratado de 1934 con Cuba mediante una orden ejecutiva.
La Constitución de los Estados Unidos concede específicamente al presidente la autoridad para negociar tratados en nombre de Estados Unidos, sujeta su ratificación por dos tercios del Senado. Sin embargo, la Constitución, no hace referencia a quién puede poner fin a un tratado ni si el presidente necesita el consentimiento del Senado para hacerlo.
Según Michael Ramsey, profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad San Diego y especialista en los campos de derecho constitucional y de relaciones exteriores, el Artículo II, Sección 1, de la Constitución establece claramente que “el Presidente tiene el poder ejecutivo de Estados Unidos”. Los tratados se consideran leyes en virtud del Artículo VI de la Constitución y su “ejecución” son responsabilidad del presidente. El profesor Ramsay sostiene que cuando un presidente “decide que un tratado no debe seguir aplicándose, está ejecutando el tratado” de conformidad con las facultades que le otorga la Constitución.
En segundo lugar, según el profesor Ramsey, desde el mismo principio del gobierno de Estados Unidos se reconoció que, como escribió Thomas Jefferson, Secretario de Estado de George Washington, “la transacción de negocios con otras naciones es ejecutiva en su totalidad; por tanto, pertenece a quien encabeza ese departamento (es decir, el presidente), excepto en cuanto a dichas porciones que le sean sometidas específicamente al Senado”. En otras palabras, la conducción de las relaciones exteriores de Estados Unidos claramente está conferida a la oficina del presidente.
La Constitución no especifica que el consentimiento del Senado sea necesario para la terminación de un tratado. Es cierto que hay un montón de precedentes en los que los presidentes han terminado los tratados existentes sin el consentimiento del Senado. En 1939, el presidente Roosevelt puso fin al Tratado de Amistad con Japón. El presidente Carter dio por terminado el Tratado de Defensa Mutua con Taiwán en 1979, cuando Estados Unidos reconoció formalmente a la República Popular China y su gobierno de Beijing. En enero de 2002, el presidente George W. Bush se retiró del Tratado de Misiles Antibalísticos (ABM) de 1972. En ninguno de estos casos el presidente en ejercicio buscó la ratificación de sus acciones por parte del Senado.
Por otra parte, también hay un precedente significativo con respecto a la nominación por parte del presidente de embajadores y otros cargos. La Constitución requiere la ratificación por el Senado del nombramiento de embajadores, pero enmudece acerca del papel del Senado cuando se trata de la terminación de tales nombramientos. A pesar de que los presidentes han sometido dichas designaciones al Senado para su confirmación, ningún presidente ha presentado alguna vez una terminación de embajadores al Senado para su aprobación. Los presidentes han estado en libertad para despedir embajadores, o para hacerlo según su voluntad en los casos de otras personas asignadas que requieren la aprobación del Senado para su nombramiento.
No hay duda de que el presidente Obama tiene el poder constitucional para dar por terminado el tratado de 1934 con Cuba que otorga a Estados Unidos el derecho a operar una base naval en la Bahía de Guantánamo. Desde un punto de vista práctico, un acto tal, si él decidiera llevarlo a cabo, sería simbólico en gran medida. El presidente aún necesitaría la aprobación del Congreso en cuanto a los fondos para cerrar en realidad la base y para transferir a los detenidos a otros lugares.
Incluso si el tratado se terminara, es muy poco probable que el gobierno cubano intentara tomar por la fuerza el control de la instalación y arriesgarse a una confrontación militar con los soldados estadounidenses allí. Una terminación unilateral del tratado, sin duda reforzaría la posición legal de Cuba contra Estados Unidos en cuanto a que la base es ilegal. También podría incentivar al gobierno cubano a llevar a Estados Unidos ante el Tribunal Internacional y tratar de avergonzar a Washington mediante la obtención de una sentencia contra la continuada ocupación norteamericana de la instalación.
¿Qué planea exactamente, en todo caso, la administración Obama en lo que se refiere a mantener la Base Naval de Guantánamo, en Cuba? Ciertamente, lo sabremos al finalizar el año.
(Tomado de Huffington Post)
Traducción de Germán Piniella para Progreso Semanal
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