LA HABANA, Cuba.- Autoridades cubanas mantienen bajo un total hermetismo la investigación que pesa sobre diecisiete ciudadanos del Mariel, municipio costero de la provincia Artemisa ubicado a cuarenta kilómetros del centro de La Habana donde se construye una Zona de Desarrollo Especial.
En el grupo se incluyen funcionarios públicos y trabajadores del emergente sector privado, la mayoría en prisión desde junio de 2015.
José Armando Arrate, director general de la Unidad de Aseguramiento Central (UAC) de Salud Pública en ese municipio, es uno de los implicados en un millonario desfalco al presupuesto del Estado. Se estima en más de seis millones de pesos el dinero robado, que iba destinado primeramente a los servicios de salud, comunales y comercio interno del municipio de Mariel, según informó un funcionario administrativo de la Dirección de Salud Pública municipal que, por razones de seguridad, solicitó permanecer en el anonimato.
Según la fuente consultada para este reportaje, la “bomba” explotó cuando el pasado año se detectó que gran parte del presupuesto local se “esfumó” en contratos con el sector privado, sobre todo con fabricantes de muebles y brigadas de mantenimiento y reparación de edificaciones.
Explica el funcionario que con los fabricantes particulares de muebles los contratos se duplicaban y, por cada uno, el económico municipal de la UAC de Salud Pública, de apellido Guillermo y también bajo investigación, destinaba unos treinta y cinco mil pesos cubanos. La duplicidad consistía en contratar a dos fabricantes por separado.
Los muebles nunca llegaban a los servicios de salud, sino que eran vendidos o destinados a adornar las salas de los funcionarios y sus familiares. De decenas de muebles contratados sólo uno llegó realmente al hogar de ancianos del Mariel, “el único servicio que cuenta con una tarjeta bancaria en pesos convertibles, por lo que se hace imposible falsificar los contratos”, especificó la fuente.
“Decenas de muebles multiuso que nada tienen que ver con la decoración de un policlínico o un consultorio médico eran contratados con los fabricantes privados. Incluso se registró un contrato para que una brigada de constructores privados reparara el salón de rayos X del policlínico Mariel, algo que sólo puede hacer el Ministerio de Salud Pública y sus especialistas de electromedicina”, comentó.
Con las brigadas de mantenimiento y reparación por cuenta propia los contratos se ajustaban al pie de la letra pero las obras nunca se ejecutaron.
También se encuentra detenido desde junio de 2015 el presidente del Consejo de la Administración del Mariel (antiguamente Presidente del Gobierno Municipal).
En enero del año en curso, Ester Pelado (directora económica de Comercio Interior del Mariel) y Efraín Fernández (director general de Comercio Interior del propio municipio), escaparon hacia los Estados Unidos vía México, y es de la creencia general que llevaban los bolsillos llenos de dólares. Con la fuga, ambos evadían una auditoría estatal anticipada, por las irregularidades detectadas en el sector.
El municipio Mariel cuenta con dos policlínicos, dos clínicas estomatológicas, un hogar de ancianos, otro hogar para gestantes y setenta consultorios del Médico de la Familia, de los cuales veintisiete ya se encuentran desvinculados del sector de salud desde julio de 2015. Sus inmuebles se vendieron legalmente a los médicos y enfermeras de la región por valores que oscilaban entre tres mil quinientos pesos (140 dólares) y catorce mil pesos (570 dólares).
En las entrañas del gobierno y las administraciones locales de Mariel, los hechos de corrupción inciden en los ya decadentes servicios públicos de una población que ronda los cuarenta y seis mil habitantes.
Mariel se proyecta como un centro de operaciones comerciales con una moderna infraestructura de comunicación, transportación terrestre y maquilas en las cinco Zonas de Desarrollo presupuestadas por el gobierno de Brasil. Según el proyecto inicial, la también llamada “Zona Franca” propiciaría en un futuro empleos y servicios a esta localidad costera, tesis que se mueve en medio de la corrupción administrativa, así como el deterioro habitacional y de servicios públicos que viven sus pobladores.
“No me sorprende nada el tema de la corrupción porque desde que tengo uso de razón el Mariel esta igualito o peor. El transporte público no sirve y los servicios tanto en moneda nacional como en divisas tienen menos que ofrecer. La Zona Franca nada tiene que ver con nosotros, eso es otro país”, comentó Eder Hernández, un residente de 23 años.
