Primavera Digital.-Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) El gobernante de Venezuela Nicolás Maduro Moros no ha abandonado su posición de dictador: tras los comicios parlamentarios realizados el pasado 6 de diciembre, donde la oposición salió victoriosa, cambió su estrategia tendiente a eternizar su régimen absolutista.
Dicho autócrata lleva en su alma un sello castro-estalinista que le impide respetar los derechos y las libertades de sus compatriotas. Su anhelo es preservar el poder político a cualquier precio, para salvaguardar sus excesivos privilegios y encubrir la riqueza de una oligarquía mafiosa, corrupta y antipopular.
Antes de la derrota que sufrió en las urnas su proyecto totalitario, maduro legislaba mediante decretos presidenciales, utilizando el derecho que le concedía la Ley Habilitante. Ahora, desacata las decisiones de la Asamblea Nacional, gracias a la arbitraria postura de jueces corruptos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que malinterpretan las leyes del país con fines políticos.
Lo que no ha tenido en cuenta Maduro es que con las absurdas ‘interpretaciones’ de las disposiciones jurídicas nacionales, sus vasallos del TSJ establecen precedentes que podrían ser utilizados en el futuro por sus adversarios políticos.
Y es que la Constitución de la República, cuyos ejemplares los comisarios chavistas con reiteración exhiben, ha sido descaradamente violada por el oficialismo, que coarta el derecho que tiene el Parlamento a controlar las labores del gobierno y de la administración pública nacional, según establece el artículo 187.
No es la primera vez que Maduro y sus leguleyos edecanes del TSJ quebrantan la legislación vigente. En marzo de 2013, tras la muerte del presidente Hugo Chávez, este ex-rockero, entonces vicepresidente, respaldado por dicho órgano, asumió la jefatura de Estado y de Gobierno. Correspondía al presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, ocupar dicho cargo, según el artículo 233 de la Constitución.
Otra de las acciones del jefe del poder ejecutivo venezolano que demuestran que éste no ha dejado de ser un dictador, lo constituye su negativa a respetar una posible Ley de Amnistía que se ha discutido durante los últimos días en la Asamblea Nacional.
No hay dudas de que en Venezuela se ha producido una alteración del orden constitucional. Esto podría generar protestas ciudadanas, cuyas consecuencias serían una responsabilidad de Nicolás Maduro y del TSJ. Los integrantes de este órgano, con su obediencia irracional al Poder Ejecutivo, han secuestrado las atribuciones del Poder Legislativo. Eso no tiene otro nombre que golpe a la democracia.
Fue, asimismo, el TSJ el que al cumplir las órdenes de Maduro, anuló los resultados de las últimas elecciones parlamentarias en el Estado de Amazonas, con el fin de impedir que el pueblo se expresara en un referendo para confirmar o revocar al jefe del gobierno. De esa manera los serviles jueces se burlaron de la voluntad popular.
Urge que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Unión de Naciones Suramericanas y la Organización de Estados Americanos se pronuncien sobre este asunto que no le es ajeno. La nación andina necesita el auxilio de los organismos políticos regionales.
Si Maduro no renuncia a su estatus de dictador y no cesa de coartar los derechos de los venezolanos, éstos tendrán como única opción sacarlo del poder, utilizando las vías que emplean las naciones cuando los depredadores de la libertad se empeñan en eternizar la esclavitud.
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