Si el profe Julio García Luis viviera todo sería más fácil. No solo porque en sus días de decano de la Facultad de Comunicación se dedicó, también, a impartir la asignatura de Deontología y Ética del Periodismo, sino porque él mismo fue ejemplo de lo que predicaba.
Si pudiéramos ir a preguntarle cuáles son los márgenes, hasta dónde la circunstancia modifica y justifica las actitudes, cómo ser coherentes en cada minuto, tal vez sería mucho menos complejo calibrar las brújulas personales de cada periodista hoy en Cuba.
El debate sobre la ética del gremio ha vuelto a la palestra azuzado, fundamentalmente, por la transformación del ámbito mediático en la Isla, con la introducción y posicionamiento de medios (por lo general digitales) alternativos al sistema de medios estatales que, a diferencia de otros que pululan en la web con discursos situados en las antípodas de la retórica oficial cubana; tienen presencia en el país, aun cuando son organizaciones privadas.
Tal coyuntura supuso, asimismo, la «reaparición» y reconfiguración de las colaboraciones periodísticas, una figura contemplada en el escaso marco regulatorio del ejercicio de la profesión en Cuba, aunque no se rija exactamente por sus tarifas, vigentes desde la década del 80 del siglo pasado y a todas luces obsoletas e insuficientes para los días que corren.
La dualidad de algunos periodistas en función de las agendas y políticas editoriales de los medios con los que trabajan y colaboran ha generado suspicacias, desencuentros y, sobre todo, polarización en la discusión sobre las implicaciones éticas del fenómeno porque muchas veces se tiene más en cuenta si lo dicho es políticamente correcto, que si es cierto, verdadero, útil.
Y si bien hay consenso en que sería reprochable y hasta insano mantener dos discursos antagónicos, pues sufriría en primer lugar uno de los bienes más preciados de un reportero: la credibilidad, ha faltado el análisis casuístico y profundo de los contenidos publicados en medios oficiales y «emergentes», que permitan ilustrar y/o validar posturas más o menos radicales en este sentido. En la práctica se podría comprobar ejemplos de afrenta a la Ética en ambos escenarios.
Tan antiético resulta denostar del Estado, sus estructuras y su desempeño (sin entrar a considerar todas las variables) en un medio no estatal, como alabarlo y disimular sus imperfecciones en uno estatal (con el consabido objetivo de no buscarse problemas). ¿Por qué sería amoral recibir un pago en pesos convertibles (recordemos que la tasa de cambio existe) por un material bien hecho y no enjuiciamos con igual vehemencia al reportero que va, una y otra vez, a la misma fábrica o cooperativa, porque sabe que el directivo o el guajiro le va a obsequiar una lata de conservas o un racimo de plátanos?
Los fenómenos de violación de la Ética estaban entronizados en nuestra realidad mucho antes de que aparecieran espacios «alternativos», privados, financiados con recursos no estatales. Desde actitudes como la descrita en el párrafo anterior, hasta el plagio solapado o abierto de contenidos, son visibles manifestaciones que menoscaban la visión global del gremio. De esto último hay varios ejemplos de trabajos periodísticos que no solo copian el hecho noticioso, sino el título, párrafos completos y hasta el espíritu, y que resuelven su «legitimidad» con una referencia brevísima al material original. Y lo más triste no es que el autor agraviado lo note, sino que los públicos también se den cuenta.
Cualquier intento de debate sobre estos asuntos pasa en la actualidad por el tamiz de un Código deontológico envejecido, que no prevé los múltiples contextos en que se ejerce el Periodismo hoy en Cuba (incluso después de la actualización durante el noveno Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba) y que, por tanto, no aporta todas las claves para comprenderlo y evaluarlo. Tampoco existe una Ley de Medios o de Comunicación que establezca los límites en materia de libertades de expresión y de prensa, y respalde algunos de los postulados del mencionado Código que sí son enunciados universales, como aquel que reza: «El periodista tiene derecho a obtener toda aquella información de utilidad pública, así como a realizar las acciones necesarias a ese fin».
Ese artículo encierra un detalle importante y definitorio, pues no se trata de la información pública, sino de la que posee utilidad pública y que en ocasiones se escamotea y obstaculiza en virtud de (dis)posiciones que tampoco tienen respaldo legislativo, pero que entorpecen y ralentizan el ejercicio de la profesión, pero a la vez deja abierta una puerta a interpretaciones en cuanto a lo que es «necesario» hacer para obtener la información.
Saludable sería (re)construir colectivamente el Código de Ética de los periodistas en Cuba, una carta náutica de la moral y las buenas prácticas que contemple la multiplicidad de escenarios aunque no los pueda describir uno por uno, y que apunte hacia la aspiración máxima de este oficio: la veracidad.
