elpais.com.- La normalización con Estados Unidos progresará hasta el levantamiento del embargo si Cuba acomete reformas democráticas, no previstas en la agenda del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), que se reúne este fin de semana para actualizar una hegemonía de medio siglo y establecer las bases teóricas del denominado Programa de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030.
Ninguna conclusión del congreso facilitará el tránsito hacia un sistema de partidos, ni se privatizarán las empresas estatales, pero Raúl Castro, primer secretario, parece consciente de que parciales liberalizaciones políticas serán bienvenidas por la comunidad internacional y retribuidas por la administración Obama con nuevas licencias ministeriales para operar en Cuba.
Por eso, más allá de conceptualizar las medidas contra los problemas estructurales de la maltrecha economía nacional, y dotar de mayor autonomía a las provincias, el congreso ponderará cambios en el sistema electoral que regula la presentación de candidaturas a diputados de la Asamblea del Poder Popular, el parlamento cubano, según fuentes oficiosas.
Imposible la confirmación oficial de esa supuesta apertura porque la opacidad es consustancial al funcionamiento del partido, las fuentes consultadas aventuran que si el congreso llegase a aprobarla, lo haría condicionalmente: prohibiendo las candidaturas de independientes con “antecedentes contrarrevolucionarios” o penales, y acotando el proselitismo mediático de los aceptados, pero no prohibiéndolo. Los mil delegados refrendarán propuestas precocinadas en el Buró Político: no legalizarán la competencia, ni el nacimiento de unaleal oposición, ni tampoco la entrada en la liza parlamentaria de agrupaciones susceptibles de constituirse en plataformas antigubernamentales.
Tratando de no romper costuras y mantener la cohesión de la nomenclatura civil y castrense, cualquier acuerdo congresual de perfil aperturista o innovador se implementará gradualmente, apegado al método de prueba y error. El ministro encargado de las reformas y miembro del buró político, Marino Murillo, lo anticipó al señalar que el documento central del encuentro partidista, la hoja de ruta de Cuba, “no será estático, sino dinámico”: sus redactores maniobrarán sobre la marcha y podrán enmendarlo.
El cónclave abordará las prioridades de la mayoría de los 11,5 millones de cubanos, entre las que no figura la democracia, por desconocida, y sí la vivienda, la producción de alimentos, carestía de la cesta básica, los salarios, el transporte, y una enrevesada dualidad monetaria que causa distorsiones macroeconómicas y castiga al funcionariado que cobra en pesos y no recibe remesas en divisas. Nada se acordará que ponga en peligro la estabilidad de un régimen abocado a transformaciones sustantivas, algunas constitucionales, para adaptar Cuba a los nuevos tiempos, conciliar con los organismos multilaterales de crédito, e insuflar aire a la normalización con Estados Unidos, que deberá resetearse con un nuevo presidente en la Casa Blanca.
El VII Congreso probablemente amplíe la libertad económica y los márgenes de actuación del capital extranjero para generar riqueza y bienestar modernizando unos medios de producción públicos lastrados por el atraso, el centralismo y las plantillas desmotivadas. Conseguir esa prosperidad con el actual sistema, sin libertades de actuación, es como intentar la cuadratura del círculo. El gobierno porfía con la conversión de las empresas más ruinosas en cooperativas y quiere atraer más inversión extranjera, que a su vez reclama menos candados en la ley de abril de 2014 que regula su entrada.
El socialismo marxista-leninista, vigente en la isla desde 1962 hasta 2011, año en que el VI Congreso incorporó la iniciativa privada en el sector de servicios, cambió de nombre y encaja mejor con el apellido cubano hacia el capitalismo, a juzgar por la creciente incorporación de elementos del mercado en el fracasado formato soviético. Las especulaciones sobre cambios políticos son diversas: Raúl Castro dejará en 2018 la presidencia y su sustituto será ser ratificado en referéndum, el parlamento se reunirá más frecuentemente y debatirá leyes sin monolíticos automatismos, y los candidatos a diputados podrán cruzar propuestas en debates públicos. Ni involución, ni la democracia reclamada; tampoco el gatopardismo, imposible en país necesitado de cambios profundos para salir adelante.
