La propaganda oficialista insiste en que el finalizado VII Congreso del Partido Comunista fue un evento de toda la nación, en el que estuvieron representados los más disímiles sectores de la sociedad. En ese contexto se informó de la asistencia de algunos que otros cooperativistas y trabajadores por cuenta propia.
Sin embargo, un análisis de los documentos discutidos o aprobados en la cita partidista indica que el cónclave devino el clásico jarro de agua fría para los trabajadores del sector no estatal, lo mismo cooperativistas, usufructuarios de tierras, que cuentapropistas.
En primer término sobresale el peligro que se cierne sobre los comercializadores mayoristas de productos agropecuarios. Estas son las personas que les compran los productos a los productores, y después los venden a los tarimeros o carretilleros, que a su vez los comercializan a la población. Hubo varios planteamientos en el Congreso que abogaron por la eliminación de estos comercializadores mayoristas, acusados de ser la causa principal de los altos precios que exhiben los surtidos del agro. Se dijo que ya la empresa estatal de acopio se había recuperado, y por tanto no eran necesarios más intermediarios en el proceso producción-comercialización-consumo.
Si tal sugerencia prosperara, más de 200 cuentapropistas que se dedican a esa actividad perderían sus licencias en las provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque, los únicos territorios donde hasta el momento se había aprobado la existencia de esa modalidad de empleo no estatal.
Tal vez la mayor decepción para los trabajadores no estatales sobrevino en la Comisión 3, dirigida por el zar de la economía, Marino Murillo, y que trató sobre la marcha de los lineamientos trazados desde el anterior congreso partidista. Allí fue objeto de análisis el lineamiento que prohíbe la concentración de la propiedad en manos del sector no estatal. Al final se acordó modificar el lineamiento y que quede de la siguiente manera: “En las formas de gestión no estatales no se permitirá la concentración de la propiedad y la riqueza en personas jurídicas o naturales, lo que se regulará”.
Ya en los casos de los usufructuarios de tierras y los cuentapropistas se aplicaban medidas para impedir la concentración de la propiedad. A los primeros se les limitaba el número de hectáreas a recibir; mientras que a los segundos se les desestimulaba, mediante impuestos progresivos, la contratación de fuerza de trabajo.
Ahora se agrega la imposibilidad de que cooperativistas, usufructuarios de tierras y trabajadores por cuenta propia puedan enriquecerse. Varios militantes del Partido expusieron sus preocupaciones de que semejante regulación desestimule el trabajo que están realizando actores económicos no estatales, que están obteniendo grandes ingresos de forma legal y útil.
Además, la reformulación del lineamiento crea el caldo de cultivo para que los burócratas cometan múltiples arbitrariedades. Da lo mismo el “no se permitirá” que el “se regulará”. Bien sea a través de altos impuestos, o quién sabe si hasta por medio de confiscaciones, lo cierto es que el castrismo no se resigna a la idea de que un cubano de a pie llegue a acumular riquezas.
Las economías que han progresado, incluyendo los casos de China y Vietnam, no ven con malos ojos que cualquier ciudadano, si ha laborado lícitamente, logre enriquecerse. Entre otras cosas, ello constituye un espejo donde puedan mirarse todas aquellas personas que quieran trabajar con ahínco y honestidad.
Pero, una vez más, la economía cubana parece condenada al estancamiento debido a la prevalencia de condicionamientos políticos e ideológicos.