Los gobernantes cubanos acusan al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de implementar una nueva táctica en el contexto de la misma estrategia de sus predecesores: cambiar el sistema político de la Isla. Y, aunque parezca irónico, una maniobra parecida llevan a cabo esos mismos gobernantes contra los comercializadores privados de productos agropecuarios.
Por supuesto que en medio de las reformas raulistas resultarían anacrónicas ciertas prohibiciones, como aquella de 1986, cuando Fidel Castro eliminó de un plumazo los mercados libres campesinos al calor de la política de “rectificación de errores y tendencias negativas”. Es decir, cuando decidió abandonar las tímidas palancas del mercado adoptadas a partir de 1975.
Ahora, en cambio, se permiten los mercados de oferta-demanda, los carretilleros, así como algunas placitas arrendadas a cuentapropistas. Incluso, la reciente medida gubernamental de topar los precios de 26 surtidos del agro no incluyó a las tres formas de comercialización antes mencionadas. O sea, que ellas, al menos por el momento, continuarán aplicando precios formados libremente.
Pero lo anterior no significa que el castrismo vea con buenos ojos la convivencia eterna con las formas no estatales de comercialización. Simplemente se cambian los métodos administrativos (la prohibición) por formas de coerción económica. Y para lograr semejante fin confían en un mecanismo que por estos días se torna muy mediático: la contratación con los productores del mayor volumen posible de sus producciones.
El razonamiento es el siguiente: mientras más productos contraten (y compren) las empresas de acopio estatales a los hombres que trabajan la tierra, mayores serán las producciones que irán a los mercados agropecuarios estatales y a otras formas de comercialización con precios topados —mercados del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT), los arrendados a cooperativas, y los que funcionan como cooperativas no agropecuarias—, y en consecuencia serán menores las que puedan ser comercializadas por las referidas formas no estatales de gestión.
Como parte de esta estrategia, y según fuentes allegadas al Ministerio de la Agricultura, ya el Estado ha contratado el 49% de las producciones agrícolas. Asimismo, se ha ampliado la red de mercados agropecuarios estatales. Solo en la capital existen 106 establecimientos de este tipo.
El Gobierno esgrime como argumento que, hasta cierto punto, su estrategia resulta atractiva para muchos consumidores. Los mercados agropecuarios estatales tienen los precios topados, por lo general inferiores a los fijados por cuentapropistas, carretilleros y los mercados de oferta-demanda. Por lo tanto, si se lograra mantener una oferta estable y de calidad en dichos establecimientos estatales, ello redundaría en beneficio para el cubano de a pie.
Sin embargo, a pocos días de anunciado el nuevo tope de precios, ya la televisión informaba de escaseces y deficiente calidad en algunos surtidos ofertados en los mercados agropecuarios estatales. El tope de precios, con frecuencia, suele desmotivar a alguno de los eslabones de la cadena producción-comercialización. A veces sucede que las empresas de acopio no les pagan lo suficiente a los productores; y en otros casos puede ocurrir que los comercializadores minoristas no puedan adquirir los productos de manos de acopio o de los comercializadores mayoristas debido a que esos precios de compra serían iguales o mayores que los precios topados que pagaría la población.
La política gubernamental de asfixiar lentamente a los comercializadores privados tampoco está exenta de otros tropiezos, pues pronto podrían aflorar las deficiencias de la empresa estatal de acopio —siempre ha sido un caos—, encargada de recoger de manos de los productores toda la producción contratada; mientras tanto, los productores tratarían de eludir la presión gubernamental y “desviarían” parte de sus producciones hacia los comercializadores mayoristas privados —llamados despectivamente “intermediarios” por el oficialismo—, los que pagan mejor que el acopio estatal. Finalmente, estas producciones desviadas irían a parar a las formas no estatales de comercialización minoristas.
Sin dudas, una gran tarea tiene ante sí la oficialista Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) para hacer “entrar por razones” a los campesinos desobedientes.
Por otra parte, es preciso no perder de vista la otra cara del empeño gubernamental por ir arrinconando a las formas privadas de comercialización. Se trata de evitar que esos actores se enriquezcan, aun si lo consiguen de forma lícita. Así quedó plasmado en uno de los lineamientos que fueron reformulados durante el VII Congreso del Partido Comunista (PCC).
Publicado en Diario de Cuba
