Un español de Tenerife que permaneció retenido en Cuba una semana, después de tener un accidente de tráfico leve, Ricardo Rodríguez, pretende emprender acciones legales contra Iberia, porque cuando estaba sentado en uno de sus aviones y lo fueron a buscar seis policías de dicho país caribeño nadie le informó de que se hallaba en “territorio flotante español y que podía decidir libremente si se bajaba de la aeronave o se quedaba en ella”, puesto que no había cometido delito grave alguno, según sus abogados. Rodríguez trata de que la compañía cambie su forma de actuar cuando otra persona se encuentre con una situación como la que él sufrió.
Los abogados de Rodríguez, Rafael Reyes y Rodolfo Montenegro, del bufete Reyes-Montenegro, afirman que “hemos estado estudiando el caso y mirando qué responsabilidades pueden derivarse de esta situación anómala”. Reyes comenta que “la actuación del comandante de Iberia no se ajustó totalmente a las responsabilidades que la Ley le impone”. El letrado señala que un avión de Iberia es de bandera española, por lo tanto es territorio flotante nacional español. Reyes y Montenegro aseguran que así consta en el artículo 6 de la ley 48/60 de 21 de julio de Navegación Aérea, donde se asegura que la “aeronave de Estado española se considerará territorio español, cualquiera que sea el lugar o espacio donde se encuentre”.
Ambos abogados señalan que el comandante, que es la máxima autoridad de la aeronave, debe legalmente velar por los intereses de sus pasajeros.
Reyes y Montenegro señalan que en el caso de Rodríguez no se veló por los intereses de un español que ya estaba dentro del avión y permaneció en él 40 minutos antes de que una azafata le dijera que agentes cubanos lo esperaban fuera de la aeronave.
Rafael Reyes manifiesta que “el personal de Iberia no solamente no le advirtió de sus derechos por ser de nacionalidad española y estar en territorio español, sino que encima le conminaron y presionaron para que saliera” de la aeronave en un país que es “una dictadura”. Los seis agentes esperaron a Ricardo Rodríguez al final del “finger”, ya que no tenían autoridad para acceder al avión porque no se había cometido delito alguno, según dicho abogado.
Reyes y Montenegro comentan que el comandante del avión no se dignó a hablar con él y quien se dirigió al vecino de Santa Úrsula fue una azafata, que no es la persona idónea para invitar a un pasajero a que abandone el avión.
Ricardo Rodríguez recuerda que sufrió un accidente en el que no hubo heridos y ninguno de los conductores estaba bajo los efectos de alcohol ni drogas. Y el perito del seguro del coche de alquiler con el que circulaba el afectado le manifestó tras el accidente que no había ningún problema. Y, como no le pudieron facilitar un vehículo de sustitución, desde la empresa de alquiler de coches le devolvieron el dinero por los días que se quedó sin turismo, así como la fianza inicial.
Fuentes autorizadas de Iberia no hacen ninguna valoración sobre este caso concreto ni sobre ningún otro. Dichas fuentes de la compañía aérea señalaron que, según el Convenio de Chicago y las leyes de Navegación Aérea, aunque el avión de una empresa de un país sea territorio de ese país, cuando se encuentre en otro estado, se halla sujeto a las leyes de seguridad y Policía de ese último estado.
“Para que no le ocurra a nadie más”
La gravedad del asunto, según insiste Montenegro, “es que los policías cubanos te vayan a buscar cuando ya estás dentro de un avión español, sin haber cometido delito ni infracción alguna”. Ricardo Rodríguez explica que si él mismo no se mueve para resolver su problema, “nadie me hubiera solucionado nada y todavía estaría allá”. Y menciona que tuvo que presentarse ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) o a Inmigración en La Habana, cuando no había hecho algo ilegal. Rafael Reyes comenta que el vecino de Santa Úrsula vivió “una situación de inseguridad jurídica y absoluto desamparo” en los siete días que permaneció retenido en Cuba. Aclara que, generalmente, cada consulta que hacía se resolvía con un “creo que…”, “puede ser que…”, “tal vez pueda ser…”. Y nadie le aclaró por qué no podía volver a su país en esa semana. Reyes señala que “lo que quiere Ricardo es que esto no le ocurra a nadie más; es decir, que esto se mueva de tal manera que la gente empiece a conocer cuáles son sus derechos”. El letrado comenta que los ciudadanos pueden negarse a abandonar su territorio nacional flotante, sabiendo que lo están esperando seis policías, sin haber cometido delito alguno y en “un territorio que es una dictadura”. Reyes y Montenegro creen que Iberia debe establecer un protocolo para que su personal informe a los pasajeros de sus derechos y que luego cada persona decida lo que hace. Es decir, según dichos letrados, “si mi decisión es quedarme sentado y no salir, es mi decisión”. Rodríguez asegura que, “si llego a saber que tenía derecho a quedarme sentado en el avión, yo no hubiera salido”. Montenegro comenta que quieren plantear una acción judicial a Iberia en este sentido, “para que si la policía extranjera vuelve a plantarse a la puerta de un avión y el pasajero sabe que no ha cometido un delito, este pueda decidir qué es lo que hace”.
