En el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), el más cavernario de todos los celebrados hasta la fecha, el general Raúl Castro anunció que se harán importantes enmiendas a la Constitución socialista.
El dictador dijo que serán realizadas en un futuro y aunque no dio detalles sí adelantó que se harán para “ratificar el carácter irrevocable del sistema político y social refrendado en la actual constitución que incluye el papel dirigente del PCC en nuestra sociedad”.
O sea, que serán para empeorar la ya nefasta Carta Magna. No hay de qué sorprenderse, porque las dos modificaciones hechas hasta ahora, en 1992 y en 2002, lejos de suavizar su carácter estalinista, lo agravaron. La de 2002 fue la respuesta castrista al Proyecto Varela propuesto por el líder opositor Oswaldo Payá (luego muerto en condiciones bastante sospechosas), que propugnaba reformas políticas en favor de libertades fundamentales en la Isla.
Aquella propuesta tuvo repercusión nacional e internacional pues fue mencionada en un discurso por el expresidente norteamericano James Carter, delante de Fidel Castro, durante su visita a la Isla en 2002. El comandante se enfureció y ordenó a la Asamblea Nacional del Poder Popular que aprobara una enmienda a la Constitución para incluir el “carácter irrevocable” del sistema comunista.
El espíritu retrógrado de la única Ley Fundamental comunista en la historia continental salta a la vista cuando se le compara con la Constitución de 1940. Aquella Carta Magna fue redactada por una Asamblea Constituyente elegida por el pueblo en las urnas e integrada por destacados intelectuales, juristas y políticos (76 en total) incluyendo seis delegados marxista-leninistas del Partido Unión Revolucionaria Comunista. Todo el espectro político-ideológico de la nación estuvo representado en aquella asamblea.
La Constitución de 1940 sustituyó a la de 1901 y estableció derechos no proclamados en muchas constituciones en el mundo de entonces, como el derecho inalienable del individuo a un empleo digno, salario mínimo, jornada máxima de ocho horas, vacaciones pagadas, derecho de huelga, libre sindicalización, seguros sociales contra el desempleo, la invalidez, la vejez, y otras contingencias.
También plasmó la libertad de expresión, de reunión y de asociación política como derechos individuales. Reconoció el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción y la separación de los tres poderes del Estado. Aquel texto constitucional generó orgullo nacional, pues fue considerado internacionalmente como uno de los más avanzados del mundo.
Copiada de la soviética
En cambio, la Constitución socialista de 1976 fue redactada por una comisión nombrada a dedo por Fidel Castro, quien designó como presidente a Blas Roca, líder histórico de los comunistas cubanos desde que en los años 30 eran aliados de Fulgencio Batista. Y fue copiada de la URSS, con agravantes impuestos por Castro.
Y digo que fue copiada de la URSS porque así me lo dio a entender el propio Blas Roca a principios de 1976. Como él había participado activamente como delegado en la Constituyente de 1940, le pregunté qué texto constitucional había sido más trabajoso y difícil de redactar, si el aprobado 36 años atrás, o el que estaba en sus retoques finales para ser aprobado en breve.
Con su hablar pausado me dijo que las circunstancias para redactar ambas constituciones habían sido muy diferentes, pues en 1939 y 1940 cada párrafo o punto importante tuvo que ser negociado “intensamente con los miembros burgueses” de la Asamblea Constituyente.
“Sin embargo”, agregó, “esta de ahora es más trabajosa porque no queremos copiar de nadie, pero a la vez tenemos que tomar en cuenta las constituciones y las experiencias de otros países socialistas; por ejemplo la de Checoslovaquia nos ha sido muy útil”.
Creo que Blas Roca me dijo más de lo que pensaba informarme y para subsanarlo mencionó la constitución checoslovaca en vez de la soviética. Pero es sabido que todas las constituciones de los países comunistas de Europa fueron esencialmente copiadas de la Madre Patria leninista.
En el caso cubano es obvio que el presidente de un Consejo de Estado controlado por el PCC, en vez de un presidente de la República elegido en las urnas, y que el PCC y su primer secretario sean la máxima instancia de poder por encima del jefe de Estado y de Gobierno, llegó en vuelo directo desde Moscú. Por eso la actual Constitución no reconoce ni los derechos individuales reconocidos en todo el mundo civilizado, ni el de la propiedad privada, sino el de la propiedad estatal (sovjoses) , de los agricultores pequeños, las cooperativas (koljoses), y la propiedad mixta del Estado con inversionistas extranjeros.
Naturaleza jurásica, pero…
Es muy ingenuo creer que los cambios constitucionales de que habla el general Castro van a incluir el derecho de propiedad privada o facilitar las reformas estructurales que necesita el país. No encajan en la naturaleza jurásica del castrismo.
No obstante, el desmoronamiento del populismo izquierdista en América Latina, la grave crisis del chavismo en Venezuela y la salida del poder de Dilma Rousseff en Brasil, segundo aliado más importante de los Castro, va dejando casi desamparada a la cúpula castrista, lo cual podría forzarla a modificar la Constitución para atraer capital extranjero y flexibilizar el monopolio del Estado en la economía y el comercio.
O sea, la previsible descomposición del Foro de Sao Paulo y del “Socialismo del Siglo XXI”, impondrá a Cuba sus propias reglas, que nada tienen que ver con Marx, Lenin, Stalin, Mao, el Che Guevara, o Fidel Castro.
Lo que pasa es que mientras no haya un nuevo liderazgo en la Isla y ambos hermanos sigan dirigiendo el país, la Constitución no va a reconocer el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción, ni los derechos ciudadanos elementales.
Eso sí, el plan que tenía previsto el dictador cuando anunció las reformas constitucionales deberá ser “actualizado” por simples razones de sobrevivencia, no para beneficio de los cubanos. Con los bajísimos precios del petróleo, aun si los chavistas continúan en el poder, el actual flujo de recursos de Caracas a La Habana no podrá continuar.
Garantizar la sucesión
En pocas palabras, el objetivo medular de esos cambios a la Constitución es garantizar institucionalmente la sucesión de los Castro y de los “históricos” de la Sierra Maestra, e instaurar un neocastrismo consistente en un capitalismo de Estado autoritario, con ingredientes socialistas, fascistas, chinos y postsoviéticos.
Es probable, por tanto, que se separen los cargos de presidente del Consejo de Estado y de presidente del Consejo de Ministros, y le quiten al jefe de Estado su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), debido a que si falta Raúl Castro (por muerte, enfermedad, o por cumplir su mandato) su sustituto como jefe de Estado y de Gobierno se supone que sea Miguel Díaz-Canel, quien no forma parte de la Junta Militar pero que se convertiría en el comandante supremo de las FAR sin ser el primer Secretario del PCC (“número uno”).
Por primera vez un civil sin pedigrí revolucionario o familiar sería el comandante en jefe de las FAR y no el primer Secretario del PCC, que es el dictador constitucionalmente, todo un absurdo en un régimen militar comunista. Solucionar este embrollo institucional será primordial.
Claro, como ni China ni Rusia van a subsidiar a Cuba, y la Isla va a depender más que nunca de EEUU y de la “gusanera” cubana, todo podría ocurrir en forma no calculada por la elite castrista.
Además, el rechazo de los cubanos al régimen crece a más velocidad que nunca antes. Y como dice la canción, “la vida te da sorpresas…”
Publicado originalmente en Diario de Cuba
