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Transcripción de una grabación de 75 minutos evidencia que hubo golpe de Estado en Brasil

Dilma-Rousseff-presidenta-de-BrasilBrasil se despertó con una sorprendente noticia [a principios de esta semana] de conversaciones secretas, realmente impactantes, que involucran a un ministro clave en el recién instalado gobierno de Brasil, que arroja una luz sobre los motivos reales y los participantes que impulsan la destitución de la presidenta democráticamente electa del país, Dilma Rousseff.

Las transcripciones fueron publicadas por el mayor periódico de Brasil, Folha de Sao Paulo, y revelan conversaciones secretas que tuvieron lugar en marzo, apenas unas semanas antes de que se llevara a cabo la votación para el impeachment en la cámara baja.

Muestran una conspiración explícita entre el nuevo ministro de Planificación (entonces senador), Romero Jucá, y el ex ejecutivo petrolero Sergio Machado –ambos objetivos formales de la investigación “Lava Jata” por corrupción– cuando coinciden en que la eliminación de Dilma es el único medio para poner fin a la investigación de corrupción. Las conversaciones también incluyen discusiones acerca del importante papel que desempeñan en la eliminación de Dilma las instituciones nacionales más poderosas, entre ellas –de manera muy importante– los líderes militares de Brasil.

Las transcripciones están llenas de declaraciones muy incriminatorias acerca de los objetivos reales del impeachment y quién estaba detrás de él. El quid de esta trama es lo Jucá llama “un pacto nacional” –la participación de todos las instituciones más poderosas de Brasil– para dejar a Michel Temer como presidente (a pesar de sus múltiples escándalos de corrupción) y de suprimir la investigación de corrupción una vez sea destituida Dilma. En palabras de Folha, Jucá dejó en claro que el impeachment “pondrá fin a la presión de los medios de comunicación y de otros sectores para continuar la investigación “Lava Jata”. Jucá es el líder del PMDB de Temer y uno de los tres confidentes más cercanos del “presidente interino”.

No está claro quién fue responsable de grabar y filtrar la conversación de 75 minutos, pero Folha informa que los archivos están actualmente en manos del fiscal general. En las próximas horas y días es probable que se vean nuevas revelaciones que arrojarán más luz sobre las implicaciones y significado de estas transcripciones.

Las transcripciones contienen dos revelaciones extraordinarias que deben conducir a todos los medios de comunicación a considerar seriamente si deben calificar de “golpe de estado” a lo que se llevó a cabo en Brasil, un término que Dilma y sus partidarios han utilizado desde hace meses.

Cuando se habla de la conspiración para eliminar a Dilma como medio de poner fin a la investigación de “Lava Jata”, Jucá dijo que los militares brasileños apoyan la conspiración: “Estoy hablando con los generales, con los comandantes militares. A ellos esto les parece muy bien, me dijeron que lo garantizarán. También dijo que el ejército está “monitoreando al Movimiento de los Sin Tierra” (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra,  o MST), el movimiento social de  trabajadores rurales que apoya los esfuerzos del PT a la favor de la reforma agraria y la reducción de la desigualdad y que lidera las protestas contra el juicio político.

La segunda revelación terremoto – quizás aún más importante– es la declaración de Jucá de que habló y aseguró la participación de numerosos jueces del Tribunal Supremo de Brasil, la institución que los defensores del impeachment han señalado en repetidas ocasiones como que confiere legitimidad al proceso con el fin de negar que la destitución de Dilma sea un golpe de estado.

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Jucá afirmó que “sólo hay un pequeño número” de jueces del Tribunal a los cuales él no ha tenido acceso (el único juez al que dice él que no pudo contactar es Teori Zavascki, que fue nombrado por Dilma y que –en particular– Jucá considera incorruptible en cuanto a obtener su ayuda para matar la investigación. (Una ironía principal del impeachment es que Dilma ha protegido a la investigación por corrupción de la interferencia por parte de los que quieren impugnarla.) Las transcripciones muestran también a Jucá diciendo que “la prensa quiere eliminarla [a Dilma]”, así “esta mierda nunca va a acabar”  –es decir, las investigaciones de corrupción–  hasta que ella sea destituida.

Las transcripciones proporcionan una prueba de prácticamente todas las sospechas y  acusaciones que los oponentes al impeachment han expresado desde hace tiempo acerca de los que han conspirado para eliminar a Dilma de su cargo. Durante meses, los partidarios de la democracia de Brasil han planteado dos argumentos acerca del intento de eliminar a la presidenta democráticamente electa del país: (1) el propósito principal del impeachment contra de Dilma no es detener la corrupción o castigar la violación de la ley, sino exactamente lo contrario: para proteger a los verdaderos ladrones empoderándolos con la salida de Dilma, lo que les permitiría matar la investigación de Lava Jata; y (2) los defensores de la destitución (encabezados por los medios de comunicación oligárquicos del país) no tienen ningún interés en un gobierno limpio, sino sólo en tomar el poder que nunca podrían obtener democráticamente, con el fin de imponer una agenda oligárquica de derechas que la población brasileña nunca aceptaría.

Las dos primeras semanas del recién instalado gobierno de Temer proporcionó abundante evidencia que prueban estas dos afirmaciones. Él designó a múltiples ministros directamente implicados en escándalos de corrupción. Un aliado clave en la cámara baja que conducirá a la coalición de su gobierno allí –André Moura–- es uno de los políticos más corruptos del país, blanco de múltiples investigaciones criminales en curso no sólo por corrupción, sino también por intento de homicidio. El propio Temer está profundamente implicado en la corrupción (se enfrenta a una prohibición de ocho años para ocupar cualquier cargo) y se apresura a poner en práctica una serie de cambios radicales de derecha que los brasileños nunca permitirían por la vía democrática, incluyendo medidas, como detalló The Guardian, “para suavizar la definición de esclavitud, hacer retroceder la demarcación de tierras indígenas, recortar los programas de construcción de viviendas y vender activos estatales en aeropuertos, servicios públicos y la dirección de correos”.

Pero, a diferencia de los acontecimientos de las últimas dos semanas, estas transcripciones no son simplemente indicios o signos. Ellos son evidencia: la prueba de que las fuerzas principales detrás de la destitución de la presidenta comprendieron que su destitución es la única manera de salvarse a sí mismos y proteger de la rendición de cuentas a su propia corrupción extrema; prueba de que los militares de Brasil, sus medios de comunicación dominantes, y su Tribunal Supremo actuaron secretamente en connivencia para garantizar la remoción de la presidenta democráticamente elegida; prueba de que los autores del impeachment vieron la continua presencia de Dilma en Brasilia como garante de que continuarían las investigaciones de Lava Jata; prueba de que esto no tenía nada que ver con la preservación de la democracia brasileña y mucho que ver con su destrucción.

Por su parte, Jucá admite que estas transcripciones son auténticas, pero insiste en que todo es un malentendido y que sus comentarios fueron sacados de contexto, y calificó el asunto de “banal”. “Esa conversación no es acerca de un pacto por Lava Jata. Se trata de la economía, para sacar a Brasil de la crisis”, afirmó en una entrevista esta mañana con el bloguero político de UOL Fernando Rodrigues. Esa explicación es totalmente inverosímil en vista de lo que en realidad dijo, así como la naturaleza explícitamente conspirativa de las conversaciones, en las que Jucá insiste en una serie de encuentros individuales, en vez de encontrarse en grupo, todo ello para evitar sospechas. Líderes políticos ya están pidiendo su dimisión del gobierno.

Desde la instalación de Temer como presidente, Brasil ha visto intensas y cada vez mayores protestas en su contra. Medios brasileños –que han estado tratando desesperadamente de glorificarlo– sospechosamente se han abstenido de publicar datos de encuestas durante muchas semanas, pero las últimas encuestas lo muestran con sólo el 2 por ciento de apoyo y el 60 por ciento que desean su destitución. Los únicos datos de encuestas publicados recientemente mostraron que el 66 por ciento de los brasileños creen que los legisladores votaron a favor del impeachment sólo por su propio interés –una creencia que estas transcripciones validan– mientras que sólo el 23 por ciento cree que lo hicieron por el bien del país. Ayer por la noche en Sao Paulo, la policía se vio obligada a erigir una barricada en la calle donde se encuentra la casa de Temer, debido a que miles de manifestantes se dirigían allí; finalmente utilizaron mangueras contra incendio y gases lacrimógenos. Un anuncio del cierre del Ministerio de Cultura llevó a artistas y otros a ocupar como protesta oficinas en todo el país, lo que obligó a Temer a revertir la decisión.

Hasta ahora, The Intercept, como la mayoría de los medios internacionales de comunicación, se han abstenido de utilizar las palabras “golpe de estado”, a pesar de que (junto con la mayoría de los medios) ha criticado duramente como antidemocrática la eliminación de Dilma. Estas transcripciones obligan a un nuevo examen de esa decisión editorial, sobre todo si no surge evidencia que cuestione el sentido más razonable de las declaraciones de Jucá o de su nivel de conocimiento. Esta conspiración recientemente revelada es exactamente lo que parece, suena y huele como un golpe de estado: asegurar la cooperación de los militares y de las instituciones más poderosas para eliminar por motivos interesados, corruptos e ilegales a una líder elegida democráticamente, para luego imponer un plan al servicio de la oligarquía que la población desprecia.

Si el juicio político de Dilma se hace inevitable, como muchos creen, estas transcripciones harán que sea mucho más difícil dejar a Temer en el cargo. Datos de encuestas recientes muestran que el 62 por ciento de los brasileños quieren nuevas elecciones para elegir a su presidente. Esa opción –la democrática– es la que más temen las élites brasileñas, porque están petrificados (con razón) de que Lula u otro candidato que les disgusta (Marina Silva) ganen. Pero ese es el asunto: Si lo que se evita y se destruye en Brasil es la democracia, entonces es el momento de empezar a utilizar el lenguaje adecuado para describir esto. Estas transcripciones dificultan cada vez más a los medios de comunicación el evitar hacerlo.

(Tomado de The Intercept)

(*) Escuche los audios o lea las transcripciones en portugués.

Traducción de Germán Piniella para Progreso Semanal.

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Written by progresosemanal

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