Base Naval de Guantánamo (foto: bbc.uk)
GUANTÁNAMO, Cuba.- Este 29 de mayo se cumplen 82 años de la firma del Tratado de Relaciones entre Cuba y los Estados Unidos de América, el cual derogó la Enmienda Platt, impuesta a la naciente república cubana en 1902.
La fecha no deja de tener actualidad si tenemos en cuenta que el mencionado Tratado de Relaciones de 1934 legitimó la existencia de la Base Naval norteamericana en la bahía de Guantánamo, la cual cumplió el pasado 23 de febrero 116 años, fue el primer enclave militar norteamericano en el hemisferio occidental y permanece como el más antiguo de su ejército fuera de EE.UU.
Establecida en una de las mejores bahías de Cuba y con un espacio equivalente a 117.6 km2, la base ha reafirmado su preponderancia dentro de la agenda diplomática cubana luego del restablecimiento de las relaciones entre ambos países.
¿Realmente la base es ilegal?
Una cosa es que el pueblo cubano se pronuncie por la devolución del territorio ocupado por la base —algo que nunca ha sido registrado documentalmente mediante un referéndum— y otra es afirmar que la permanencia de los norteamericanos en Guantánamo es ilegal. Entre enero y marzo del 2015, CubaNet encuestó a más de un centenar de guantanameros sobre el tema y más del 85% expresó que no estaba de acuerdo con que la base fuera devuelta al castrismo si no se restablecía la democracia.
La posición castrista se basa en que la base fue impuesta mediante la Enmienda Platt. Sin embargo eso es insostenible si tenemos en cuenta que el Tratado de Relaciones firmado el 29 de mayo de 1934 no sólo derogó dicha enmienda sino que prorrogó a perpetuidad el arrendamiento del territorio donde está la base. También estableció que para terminar ese acuerdo deben coincidir las voluntades de ambos gobiernos.
La parte cubana alega que el arrendamiento a perpetuidad es una anomalía dentro del derecho internacional, pero ello no significa per se ilegalidad. También fundamenta su opinión en que ningún gobernante está capacitado para ceder parte del territorio nacional sin tener la autorización del pueblo, pero el caso es que ningún gobierno cubano ha cedido ese territorio, sólo ha sido arrendado, algo que fue ratificado en su momento por las instancias gubernamentales que debieron hacerlo, lo que jamás pasó con el caso de las bases de submarinos soviéticos en Cienfuegos y la de espionaje de Lourdes en La Habana, espacios puestos a disposición de un gobierno extranjero sin que el asunto fuera sometido a discusión pública.
Otros voceros castristas argumentan que se está violando el art. 52 de la Convención de Viena de 1969 para el Derecho de Tratados, el cual declara la nulidad de un tratado si su conclusión se logró bajo amenaza o el uso de la fuerza. Quienes afirman tal cosa olvidan que esos elementos intimidatorios estuvieron ausentes al firmarse el Tratado de Relaciones de 1934, pero sobre todo, se desentienden de que el artículo mencionado no puede invocarse en un caso como éste porque la propia Convención establece en su art. 4 que no está legitimada su aplicación retroactiva.
Hay otros dos elementos a tener en cuenta y que la posición cubana nunca menciona. El primero es que el gobierno castrista, al tomar el poder en 1959, asumió como suyas las obligaciones contractuales internacionales heredadas de la dictadura precedente y, al hacerlo, ratificó la legalidad de la base naval. Y aunque después haya cambiado su posición con respecto a la permanencia de la base, hay otro elemento y es que este diferendo pudo haberse dirimido desde 1959 y hasta hoy en la Corte Internacional de Justicia de La Haya y el gobierno cubano jamás ha presentado allí una demanda con tal objetivo. ¿Por qué no lo ha hecho si como afirma la razón y el derecho están de su parte? A buen entendedor…
La base en el contexto actual
Desde el 17 de diciembre de 2014 el gobierno cubano ha reiterado que la devolución del territorio ocupado por la base es uno de los requisitos indispensables para la normalización de las relaciones bilaterales.
EE.UU. ha expuesto públicamente que Cuba debe retomar la senda de la democracia, algo que, obviamente, está fuera de los planes de la gerontocracia castrista por las amenazas que representaría para su dictadura. Así lo han expuesto en el documento titulado “Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista”, aprobado en el recién finalizado VII Congreso del partido único, en el que han ratificado la continuidad de la discriminación política y social que se ejerce en Cuba desde 1959 contra los ciudadanos que no están de acuerdo con la dictadura.
Creo que aunque se llegara a un acuerdo a favor del castrismo este continuaría agregando obstáculos y exigencias para normalizar las relaciones bilaterales y resistiéndose a cumplir las promesas de restablecer la democracia y la Constitución de 1940, ideales por los que muchos jóvenes dieron sus vidas antes y después de 1959.
La base continúa siendo una pieza clave en la contienda diplomática que involucra a ambos países. En ella está la garantía de ésta y de las sucesivas administraciones norteamericanas de que el castrismo no se va a burlar, una vez más, del pueblo cubano.
