Fue en marzo de 2015 cuando leí por vez primera, en medios de prensa oficialistas de la Isla, el término “sociedad civil cubana”. Como estudiante de Comunicación Social, e “hijo de la Revolución”, escuché muchas veces este término en las dogmáticas asignaturas Cultura Política y Teoría Sociopolítica, sin tiempo para preguntas ni cuestionamientos.
A través de diversos reportajes la prensa estatal reseñaba lo acontecido en el foro “Sociedad civil cubana: Pensando Américas”. Una suerte de ensayo previo al encuentro que tendría lugar entre el 8 y 9 abril de 2015, como antesala a la VII Cumbre de las Américas, en Ciudad Panamá.
A este evento, según las publicaciones del periódico Granma, asistieron unas 300 personas. Entre ellas, los que integrarían luego la delegación financiada por el Gobierno para representar a la sociedad civil cubana en la Cumbre. Abel Prieto, actual asesor cultural de Raúl Castro, les advertía que en Panamá los cubanos debían desmentir “las calumnias que tienen que ver con que aquí el Estado lo controla todo”.
En esa delegación destacaban dirigentes de organizaciones sociales y de masas —que por regla general deben ser cuadros del Partido Comunista de Cuba (PCC) o de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) para asumir estos cargos— quienes representaban, según la retórica del Gobierno, a miles de cubanos que forman parte de estas, voluntariamente o no.
Ya en Panamá estos delegados, aupados y financiados por el Gobierno, actuaron agresivamente contra los activistas cubanos de organizaciones civiles e independientes allí presentes, y se proclamaron como “verdaderos y únicos representantes” de la sociedad civil cubana. Mientras, los medios estatales en la Isla reivindicaban estos actos violentos y a sus ejecutores.
¿Organizaciones de masas igual a sociedad civil?
De mis clases de Teoría y Cultura Política poco recuerdo sobre la definición de sociedad civil que han establecido los académicos cubanos. Sin embargo, la interpreto como ese espacio organizado voluntariamente por los ciudadanos, con autonomía del Estado, para expresar sus intereses, intercambiar y trabajar en función de objetivos comunes, ya sean estos de alcance social o político.
No obstante, con el triunfo de la revolución, se fomentó una sociedad civil de otra naturaleza. Para el Gobierno, las masas populares, aun cuando eran heterogéneas desde el punto de vista clasista, socio-profesional y demográfico, debían fungir como una masa única que respaldara al proceso revolucionario.
La participación política de la sociedad civil fue organizada a través de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), etc. Organizaciones que, a lo largo de cinco décadas, desempeñaron funciones tanto sociales como específicamente paraestatales.
La sociedad civil en Cuba se estructura en organizaciones de masas estrechamente vinculadas al Gobierno. En la naturaleza de esa relación yace el primer elemento que resta credibilidad a las organizaciones de masas como aglutinadoras de la sociedad civil, pues en definitiva funcionan como herramientas de control y de vigilancia. No es la alianza con el Estado lo que invalida a las organizaciones de masas como representantes de la sociedad civil cubana, sino su absoluta dependencia y subordinación a este.
Académicos y autores de textos de Teoría Política como Emilio Duharte y Miguel Limia defienden que en la sociedad socialista, dígase Cuba, el régimen político pretenda integrar al resto de la sociedad. En consecuencia, a criterio de estos autores, las organizaciones estudiantiles, juveniles, de masas y socia les, son vehículos para la participación cada vez más activa de las masas en la toma de decisiones y la dirección política del país.
En teoría, este planteamiento altruista de la sociedad socialista utiliza a las organizaciones de masas como una vía para que la población se involucre en la toma de decisiones. En la práctica, han sido el mecanismo de comunicación y conducción del Gobierno hacia las masas y no a la inversa.
Las estructuras de masas se declaran autónomas e independientes del Estado, pero a la vez, se consideran seguidoras del PCC que rige todos y cada uno de los aspectos de la vida en la Isla. Así queda claro, por ejemplo, en el caso de la CTC que se define en sus estatutos como: “Una organización de masas integrada por todos los sindicatos y sus afiliados. Por su carácter no son organizaciones del Partido ni estatales; son autónomas y en ellas los miembros aprueban sus propios Estatutos, discuten y toman acuerdos democráticamente y eligen y revocan a sus dirigentes (…). La CTC y los sindicatos nacionales que la integran reconocen abierta y conscientemente la dirección superior del PCC, como destacamento de vanguardia y máxima organización de la clase obrera, acogen, hacen suya y siguen su política”.
El reconocimiento de la dirección del PCC se reitera en estatutos o documentos constitutivos de varias organizaciones masivas, como la FEU y la FEEM. Pero también está presente, por ejemplo, en los estatutos de la Asociación Hermanos Saíz (AHS).
Muchos de los presidentes y secretarios de organizaciones y asociaciones de masas ocupan posiciones de poder en la alta dirección del régimen político. ¿Desde esa posición seguirán representando a la sociedad civil; al pueblo en general? Parece ingenuo pensar que sí.
Actualmente son miembros del Consejo de Estado varios representantes de las organizaciones de masas: la secretaria general del comité nacional de la FMC, Teresa María Amarelle Boué; el secretario general de la CTC, Ulises Guilarte de Nacimiento; el coordinador de la dirección nacional de los CDR,Carlos Rafael Miranda Martínez, y el presidente nacional de la ANAP, Rafael Santiesteban Pozo. Todos, además, son miembros del Comité Central del PCC.
Recientemente la FEU tomó asiento en el Consejo de Estado a través de su presidenta Jennifer Bello Martínez, quien también forma parte del comité nacional de la UJC y es miembro del PCC. En el caso de la FEEM su presidenta, Suzanne Santiesteban Pozo, también es militante de la UJC.
Al ocupar estos líderes diversos puestos en la estructura de poder, las organizaciones de masas que ellos dirigen funcionan como representantes del Estado y no de la sociedad civil, operando muchas veces como meras prolongaciones del PCC. Las organizaciones de masas representan a la sociedad civil, siempre y cuando sus planteamientos estén alineados con el discurso de la Revolución.
Pero, ¿qué sucede cuando estos principios entran en contradicción? Aunque las organizaciones de masas hacen gala de su heterogénea y amplia membresía, ¿asumen la diversidad de opiniones que ello implica? ¿Pueden, por ejemplo, las Damas de Blanco presentar sus reclamos en la FMC o en su CDR o en el sindicato al que podrían estar afiliados?
Aunque supuestamente la integración a dichas organizaciones de masas es voluntaria, en la práctica, por ejemplo, al cumplir los 14 años de edad se ingresa directo al registro de cederistas. Lo mismo sucede al ingresar en la enseñanza media con la FEEM y a la universidad con la FEU o al sindicato de trabajadores único al incorporarse a un centro laboral. De esta forma los cubanos pertenecen, a la vez, a más de una organización de masas.
Pertenecer a las organizaciones de masas en Cuba significa una formalidad que puede ser catalogada de “obligatoria”. La negativa a pertenecer puede acarrear consecuencias en detrimento del ciudadano. Si bien los millones de cubanos que integran dichas organizaciones son parte de la sociedad civil, no es a través de estas que pueden actuar como sujetos activos de esta.
En mi experiencia como estudiante, y por tanto miembro de la FEEM y la FEU, como cubano y por tanto cederista, como trabajador y por tanto sindicalista, puedo constatar que cada día menos personas defienden en Cuba el papel de las organizaciones de masas, y tampoco utilizan sus reuniones para la participación política y la expresión de inconformidades ciudadanas.
Una creciente mayoría siente apatía y desconfianza por esas organizaciones que, durante décadas, han sido utilizadas para dar a conocer a las masas decisiones ya tomadas, para generar debates que, por su poco impacto en la realidad, terminan resultando simulaciones de democracia. En reuniones sindicales, estudiantiles, cederistas, se leen documentos enviados “desde arriba”, mientras dudas, planteamientos, inquietudes e intereses ciudadanos.
La ciencia política cubana ha reconocido las fallas en el sistema de las organizaciones de masas y enfatiza en la necesidad de buscar alternativas enfocadas, lógicamente, al mantenimiento del status quo, en la continuidad del carácter socialista de la Revolución y su Gobierno. Para ello cree necesario “superar las nociones iniciales de la relación sociedad civil-Estado y dirigentes-dirigidos, pues en esos binomios se ha producido una determinada diferenciación dialéctica que, si no logra su expresión institucional adecuada en los procesos de cambio y perfeccionamiento que están ocurriendo en el país, es susceptible de conducir a una agudización creciente de las contradicciones (…) con la consiguiente desestabilización y deterioro del organismo social en conjunto” (David Limia, David,Interacción sociedad civil-sociedad política en la sociedad cubana, en Colectivo de autores, Teoría y procesos políticos contemporáneos, tomo II, Editorial Félix Varela, La Habana, 2006).
Las organizaciones de masas que, en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado “unían” al pueblo que confiaba en una revolución triunfante, son hoy inoperantes.
¿Dónde está la sociedad civil?
Aunque la Constitución de la República de Cuba, en su artículo 54, reconoce el derecho de reunión y de asociación, delimita de cierta forma estos derechos a las organizaciones de masas y a sectores específicos de la población. El marcado carácter paraestatal de las organizaciones de masas hace que la mayor parte de la sociedad civil las descarte como mecanismos para expresarse, y no las considere como sus representantes ante el Estado.
Por tanto, la sociedad civil cubana carece hoy de vías para coordinar opiniones y asumir posturas que le permitan defender sus intereses y objetivos comunes. Tampoco es ampliamente conocida la vía legal, con sus muchas limitaciones, para crear nuevas organizaciones o grupos cuyo accionar sea reconocido, al menos formalmente, por el Estado.
Las estructuras organizativas, asociaciones o sociedades que existen en Cuba, se constituyen de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Asociaciones o Ley 54 del 27 de diciembre de 1985 y su Reglamento. Dichas legislaciones, de difícil acceso para la población, también son restrictivas. Todo grupo de ciudadanos que desee constituir una nueva asociación debe presentar su solicitud ante un organismo estatal que ha de fungir como su órgano de relación.
Es decir, cualquier nueva asociación, obligatoriamente debe vincularse a un organismo estatal, de acuerdo a los objetivos y fines que motiven la creación. De esta forma, no es posible crear una asociación, reconocida legalmente, que sea absolutamente independiente del Estado.
El Ministerio de Justicia (MINJUS) cuenta con una dirección de asociaciones que fiscaliza un registro nacional de todas las asociaciones, en el que se inscriben las nuevas organizaciones, una vez que sus fundadores cuenten con un órgano de relación.
Además, la Ley de Asociaciones establece la existencia, en la sociedad cubana, de una organización específica por sector, y no más de una. Es decir, si existe una asociación registrada, con personalidad jurídica, objetivos y fines específicos, estos no se pueden repetir en otra.
Esta restricción impide, por ejemplo, la inscripción de la Asociación Jurídica Cubana (AJC), una organización independiente que tiene entre sus objetivos defender los derechos ciudadanos —civiles, políticos, económicos, sociales y culturales— y asesorar jurídicamente a los cubanos. Para negar este derecho civil se utilizó el pretexto de que ya existían la Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), ambas instituciones controladas por el Partido.
Con tres décadas de aprobada, la Ley de Asociaciones no está a tono con las circunstancias actuales que atraviesa Cuba y su sociedad civil. Necesita modificarse para reconocer a todas las asociaciones en general, como las fundaciones y las sociedades no lucrativas.
Como vía para la organización y expresión de la sociedad civil, han ido surgiendo asociaciones, grupos y proyectos vinculados a diversos centros, a través de los cuales la sociedad civil intenta canalizar sus inquietudes o desarrollar actividades en función de sus intereses. Un ejemplo es “En mi barrio”, impulsado por Lourdes Suárez, La Cimarrona, un proyecto que nace en la barriada de Casablanca en el año 2009, pero que ha llegado a varias comunidades de la Isla organizando conciertos y donando libros para la creación de bibliotecas.
En las últimas décadas han surgido, desde la sociedad civil, diversas agrupaciones o colectivos creados por ciudadanos para manifestar y visibilizar su posición contraria al régimen político. En este grupo puede mencionarse al Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata, el Movimiento Cubano Jóvenes por la Democracia, el Foro Antitotalitario Unido (FANTU), la Unión Social Comunitaria Cubana; así como los partidos Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), por la Democracia Pedro Luis Boitel; Solidaridad Liberal Cubano, y Somos+.
En mi opinión su desarrollo todavía es emergente, no porque sean pocos ni por su juventud —algunos tienen más de una década, otros han funcionado en períodos irregulares—, sino porque su alcance o contacto con gran parte de la población cubana ha sido limitado. Además no han tenido una labor en conjunto, sino más bien son esfuerzos fragmentados.
Precisamente con la intención de superar esa limitación surgió el todavía joven Espacio Abierto de la Sociedad Civil Cubana, un proceso de búsqueda de consensos entre todos los grupos existentes, de forma incluyente, gradual y horizontal, sin que ninguno pierda su identidad ni su autonomía.
A fuerza de insistir, de manifestar claramente sus ideas y fines políticos concretos, las agrupaciones de la sociedad civil vinculadas a la oposición alcanzan cierta visibilidad, aunque muchas veces esas iniciativas caen en el desconocimiento ante la fuerte censura del Gobierno que prefiere desconocer y coartar sus avances.
Sin embargo, otra zona de la sociedad civil cubana lleva décadas restringida, y es en ese sector donde será más difícil romper la inercia: en el grupo amplio de actores sociales que, sin estar vinculados a los estamentos oficiales dentro de Cuba, ejercen un quehacer crítico que no implica una ruptura absoluta con el Gobierno.
Es imprescindible que esa gran mayoría que conforma la sociedad civil cubana sea capaz de autorreconocerse como tal y de elegir las formas en que desea organizarse y expresarse, sin permitir que el Gobierno le imponga mecanismos represores.
En las calles de Cuba
Yo soy un verdadero representante de la sociedad civil cubana. Mis vecinos y yo lo somos. Gente común del Cerro que va al trabajo en guagua, hace la cola en la bodega, espera que “llegue la luz”. Gente que sabe lo que es vivir con un “salario cubano”. Gente que prefiere quedarse en casa, antes que oír panfletos vacíos en una reunión del CDR.
No es en reuniones y asambleas, con camisas de cuadro o guayaberas, donde están los “verdaderos representantes”. La sociedad civil cubana está en las calles de la Isla, frustrada, aunque tiene mucho que decir. Desorganizada entre tantas organizaciones, no logra hacer sentir su voz, ni conducirse unida en busca de los cambios que necesita.
Los verdaderos representantes de la sociedad civil cubana todavía tienen que reconocerse a sí mismos. La calle, las casas, podrían ser ese espacio en el que se organicen para, colectivamente, expresar sus intereses, pasiones e ideas, intercambiar información y alcanzar sus objetivos comunes.
Publicado en Diario de Cuba
