El mundo se voltea hacia Venezuela. Este lunes Human Rights Watch (HRW) y otras 124 organizaciones le solicitaron a la comunidad internacional presionar al Gobierno de Nicolás Maduro para que revoque el estado de excepción y emergencia decretado en mayo.
Las 125 organizaciones que suscriben el comunicado consideran que este decreto cercena los derechos civiles de los venezolanos, pudiendo acarrear también la suspensión de la cooperación internacional de organizaciones de la sociedad civil.
“Estos poderes podrían ser usados para perjudicar gravemente el trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil y para perseguir e intimidar a defensores y defensoras de derechos humanos”, lamentaron las organizaciones.
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Según lo denunciado por las organizaciones pro derechos humanos, el decreto de emergencia de Maduro, no estaría cumpliendo con los canones internacionales, implicando inclusive la suspensión de las obligaciones que tiene su Ejecutivo para garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos venezolanos.
En particular, se mostraron preocupadas por el futuro de las ONG que trabajan sobre el terreno en Venezuela y que dependen de la financiación exterior para operar de manera independiente al Gobierno.
“Este decreto podría, en la práctica, obligar a importantes organizaciones no gubernamentales del país a cerrar sus puertas o reducir drásticamente su labor”, criticaron las organizaciones en el mismo comunicado.
Por último exhortaron a los Estados, participar el próximo 13 de junio en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para exigir a Venezuela que revoque este decreto “arbitrario e innecesario”.
Maduro dijo al firmar el decreto que quiere tener el poder suficiente para hacer frente a un supuesto golpe de Estado en su contra, “estabilizar socialmente” el país y enfrentar “todas las amenazas internacionales y nacionales”.
