La Procuraduría General de Colombia dio un plazo de 15 días al Ministerio de Relaciones Exterior para que decida qué va a hacer con los ciudadanos cubanos que se encuentran varados en la población de Turbo, luego de que el gobierno panameño cerrara la frontera el pasado 9 de mayo para evitar el tránsito masivo por su territorio rumbo a Estados Unidos.
La canciller, María Ángela Holguín, afirmó recientemente que los deportaría masivamente, medida que fue refutada por la Defensoría del Pueblo.
“Fue una reunión muy fructífera ya que la Procuraduría de la nación ejecutó una labor de prevención y garantiza una solución definitiva”, dijo William González, defensor del pueblo de Urabá.
El funcionario indicó que se llevarán a cabo una seria de pasos, como un censo y posteriormente un análisis de la situación de los migrantes cubanos que se encuentran en la bodega y sus alrededores para definir las acciones que se van a tomar.
“Nosotros como defensoría del pueblo, vamos a hacer el acompañamiento de cualquier tipo de procedimiento administrativo que se efectué contra estos ciudadanos. La defensoría seguirá acompañando para garantizar el respeto de los Derechos Humanos y el debido proceso”.
Mientras más cubanos continúan llegando hasta el poblado fronterizo de Turbo, donde han tenido que ampliar su estancia construyendo bohíos improvisados en los alrededores del albergue.
