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Proyecto «represores cubanos» supera las expectativas de sus creadores

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDCH), presentó la semana pasada un proyecto que permitía a los cubanos en la isla registrar a los funcionarios que hayan incurrido en violaciones de derechos humanos para de esa manera tomar medidas legales en los Estados Unidos.

Dicho proyecto llamado «represores cubanos«, ha tenido un gran auge a nivel internacional. Desde su creación el sitio web a tenido más de 1.200 visitas a pocas horas de haberse dado a conocer y el buscador Google dedicó más de tres páginas al tag «represores cubanos», reseña Diario de Cuba.

En apenas tres días, la fundación ha recibido numerosas llamadas telefónicas y correos electrónicos desde diversas partes del mundo expresando apoyo a la iniciativa. No solo cuentan con un flujo considerable de informaciones que les llega desde Cuba, sino también de la Diáspora, enviadas por personas que quieren compartir lo que conocen sobre represores en la Isla.

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Referente a esto, se consultó al director ejecutivo de la FDHC, Doctor Juan Antonio Blanco.

¿Cuál es el propósito de este proyecto?

Nuestra motivación es contribuir a tiempo a obstaculizar y frenar la violencia política estatal que hoy tiende a empeorar.

No somos ni pretendemos ser una corte legal o cuerpo policiaco. Pero podemos llegar a ser un tribunal ético o, cuando menos, una tribuna moral. Con la publicación de los actos y rostros de los represores,  nos proponemos detener  hoy —ahora— la violencia política estatal, y así contribuir de manera concreta a la convivencia futura.

Al ser conocidos y dejar de ser represores anónimos, personas que reprimen pero nadie sabe quiénes son, pudiéramos disuadirlos de continuar siendo partícipes del clima de terror en Cuba.

Entonces, ¿el objetivo es que los disidentes y opositores denuncien la violencia?

El objetivo principal es frenar la violencia, no solo denunciarla. No tenemos un enfoque victimista sino de empoderamiento ciudadano frente a la represión. No está concebido como un buzón para opositores y disidentes, sino como un buzón ciudadano, de todos los ciudadanos —sean comunistas o anticomunistas—, que por elementales razones éticas quieran frenar esta ignominia.

¿Por qué se lanza en este momento?

Históricamente, ante una crisis económica, el régimen ha aumentado la represión. En los últimos 18 meses, Raúl Castro ha reaccionado a la apertura económica de EEUU hacia el sector no estatal bloqueando todas las nuevas posibilidades de comercio directo y transacciones económicas con los emprendedores. En diez años tampoco ha arreglado la economía estatal. La crisis de Venezuela se veía venir hace tiempo, pero en La Habana no tomaron ninguna iniciativa para poner fin a la dependencia de los subsidios de ese país. Ahora anuncian una nueva crisis.

En el último año, pese al incremento del turismo, no han pagado importaciones ni créditos frescos recibidos. No saben arreglar la economía ni dar comida, pero sí son efectivos dando palos. Sabemos que hace pocas semanas el Gobierno dispuso la reactivación de las Brigadas de Acción Rápida, un grupo que se perfila claramente como organización paramilitar dirigida y coordinada por elMinisterio del Interior (MININT).

Hace falta levantar con mucha urgencia un dique contra la ola de represión que se avecina y que no está dirigida solo contra opositores sino también contra cuentapropistas, científicos, artistas y académicos con opiniones críticas, y contra todo aquel que no muestre resignación y sumisión en medio de esta nueva crisis.

Acosar a familias en sus hogares, irrumpir en ellos y destrozar las viviendas, golpear ciudadanos inermes incluso delante de sus hijos, alentar a turbas a lanzar heces contra las casas, no puede justificarse bajo ningún canon ético.  Por ello invitamos incluso a aquellos miembros del MININT que deseen tomar distancia de estos atropellos, a que colaboren con el sitio. Pueden hacerlo compartiendo discretamente la información que tengan sobre los métodos operativos que emplean dentro de su institución para alentar la violencia y las personas concretas que ordenan, coordinan e implementan esa represión contra ciudadanos pacíficos que expresan sus ideas o abogan por distintos cambios.

¿Los están invitando a arrepentirse de su ideología?

No. Los invitamos a romper toda complicidad con acciones criminales, no con su ideología política. Para que las ideas socialistas tengan algún futuro en Cuba sus simpatizantes están llamados a desasociarla de la represión asumiendo hoy, en primerísimo lugar, una postura moral clara frente a las víctimas de golpizas, detenciones arbitrarias, torturas. 

Muchos pueden haber incurrido en faltas de las que quizás ya alberguen remordimiento. Para ellos va también este mensaje. Más que un tardío arrepentimiento mañana, frente a una Comisión de la Verdad, se les llama a limpiar su conciencia cooperando hoy mismo con el esfuerzo por hacer fracasar la nueva ola de violencia que ya se vislumbra acompañará a la actual profundización de la crisis económica y social.

Pero, ¿no se está alentando con este proyecto otra forma de «chivatería» entre cubanos?

El proyecto está alentando una nueva forma de conciencia ciudadana, que no está basada en ideologías sino en sólidas consideraciones éticas. No aceptamos acusaciones anónimas contra personas, aunque podemos recibir informaciones de fuentes no identificadas sobre los métodos represivos que emplea el Gobierno.

Cuando se trata de temas políticos, el informante policial («chivato» en el argot popular cubano) es  alguien que pone en peligro la libertad, el bienestar, el empleo o los estudios de otras personas a quienes conoce o con las que incluso tiene amistad. Es un ser que han rebajado a la categoría de canalla. Su acción daña a toda la sociedad, no solo a los afectados directamente por su acción.

El que colabora con denunciar la violencia estatal contra ciudadanos honestos y pacíficos está tomado riesgos que no serán recompensados con otra cosa que el reconocimiento de que ha tomado conciencia de la inadmisibilidad de acosar personas y familias decentes, y se ha desmarcado de esos abusos inmorales. Es el derecho a decir no. A decir. «No coopero con la violencia». Algo que algunos puede que hoy valoren poco, pero tendrá gran importancia en un mañana que puede tocarles inesperadamente a la puerta, incluso a corto plazo.

En la conferencia de prensa, al presentar el proyecto, hubo referencias a que las personas involucradas en actos represivos podían perder la visa para entrar a EEUU o incluso la residencia si ya estaba en ese país. ¿No es eso una represalia?

No lo es. Aun si este proyecto no existiera, las planillas para aspirantes a visas de turistas, residencia y ciudadanía siempre han incluido preguntas sobre si se ha pertenecido a algún cuerpo militar o paramilitar involucrado en reprimir con violencia derechos ciudadanos. Si alguien miente puede negársele la visa o ser despojado de la residencia o ciudadanía y —de existir una situación nueva en su país de origen— puede ser deportado para que enfrente juicio, como les ha ocurrido a militares latinoamericanos en el pasado.  

Este proyecto no ha establecido ni gestionado esas sanciones que vienen aplicándose a todos los países por igual desde hace años. No pretendemos dictarles una política al Gobierno de EEUU, Canadá, Australia, o los de Europa. En casi todos ya existen esas restricciones. Lo único nuevo es que la información recopilada, y debidamente organizada en nuestra base de datos, va estar disponible para todos ellos y las instituciones multilaterales, para que puedan tomarla en cuenta.

¿Cómo van a garantizar que este instrumento no se distorsione y sea empleado para venganzas en rencillas personales?

Recopilamos gradualmente informaciones a las que abrimos un expediente para llenarlo de manera progresiva. Podemos tener un gran número de expedientes siendo procesados de manera simultánea, mientras esperamos toda la información que solicitamos para confirmar la veracidad de la denuncia. Exigimos que existan al menos otras dos fuentes independientes de testimonios contra el mismo sujeto, además de la que provenga de aquel que formule la acusación. También solicitamos que, en la medida de lo posible, las denuncias sean acompañadas de documentación gráfica (fotos, videos) o de otra naturaleza (certificados médicos, por ejemplo) que las validen.

Los que formulen denuncias y quienes las corroboren con sus testimonios independientes tienen que revelarnos privadamente su identidad y proveernos una forma de contactarlos. Es una exigencia cívica imprescindible. El proyecto toma todas las medidas para proteger a esas personas manteniendo sus identidades offline —incluso fuera de nuestras computadoras— en memorias portátiles. Pero no se aceptan anónimos ni seudónimos. La única información que es aceptada de forma anónima es la que revele el modo en que se organiza la represión, sus métodos operativos, la manera en que se coordina el trabajo entre los informantes, agentes infiltrados, la policía y las Brigadas de Acción Rápida con el Departamento de Seguridad del Estado y el PCC.

Los expedientes aprobados por el proyecto son incorporados a una base de datos offline —en memorias portátiles— para que no pueda ser hackeada ni conocidas las fuentes, las cuales siempre protegemos. El proceso de cada caso puede ser muy rápido, o tomar algún tiempo, en dependencia de la cuantía y fiabilidad de la información recibida. Adicionalmente, para fortalecer la calidad de nuestro trabajo solicitamos asesoramiento de expertos independientes internacionales especializados en estos temas.

Nuestros objetivos son disuasivos y pedagógicos. Queremos que los que puedan estar involucrados en estos actos recapaciten y colaboren para detenerlos ahora, no mañana frente a una Comisión de la Verdad. Que sepan que sus acciones van a ser recogidas de manera gráfica, sus víctimas y los testimonios de testigos quedarán debidamente documentados con certificados médicos, declaraciones, fotos y videos de sus abusos. Que estén conscientes de que alegar que ejecutaban órdenes superiores no los exonera de su responsabilidad personal y que el paso del tiempo no hace expirar estos crímenes.

Si nos moviese un afán de venganza, o incluso solo de justicia, nos concentraríamos en documentar los atropellos para perseguir mañana a los culpables. Pero eso ahora no es lo más importante. Lo que queremos es detener los atropellos de hoy, ahora mismo. Queremos promover una toma de conciencia que conlleve el distanciamiento de esas acciones por parte de quienes las realizan, e incluso alentar su colaboración con iniciativas como esta, para detener los abusos hoy, no mañana cuando ya sea tarde. Nuestro objetivo principal no es pasarle cuentas a nadie mañana. Nos interesa detener el terror hoy.

Quizás hay quien piense que, a fin de cuentas, la culpa es del sistema y los que mandan. Es posible que incluso exista quien crea injusto que se exija responsabilidad a un simple policía y que por eso esta iniciativa es «extremista». Están en un grave error. En materia de represión violenta todos y cada uno de aquellos que participen en esos actos son personalmente responsables hasta el fin de su vida por el daño que hayan ocasionado a otros.

Mirándolo detenidamente, estamos protegiendo a víctimas, pero también a potenciales victimarios evitando que incurran en crímenes que puedan lamentar después.

Con información de Diario de Cuba

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