Los miembros del Congreso y los defensores estadounidenses deben centrarse en recordar al Consejo de Seguridad Nacional y al señor Ben Rhodes que quedan solo 103 días para actuar en nombre de los solicitantes certificados de reclamaciones por propiedades confiscadas ante el gobierno de Cuba.
El 20 de julio de 2016, un alto funcionario del Departamento de Estado proporcionó información sobre el proceso de negociación de un acuerdo sobre las reclamaciones certificadas contra la República de Cuba, las reclamaciones del gobierno de Estados Unidos contra la República de Cuba y las sentencias judiciales dictadas en tribunales de Estados Unidos a favor de individuos contra el gobierno de la República de Cuba.
Al mismo tiempo, los representantes del gobierno de Cuba enfatizaron que sus tribunales han emitido dictámenes (por daños y reparaciones) contra Estados Unidos, con valores que van de $ 121 billones y $180 millones a $900 billones de dólares. Y, el gobierno de la República de Cuba informó que no había habido negociaciones sobre este punto con Estados Unidos.
En primer lugar, ¿por qué el Departamento de Estado no se centró fuertemente en la negociación de un acuerdo respecto las reclamaciones certificadas? Una resolución tendría un mayor impacto en la relación bilateral con la República de Cuba.
En segundo lugar, ¿por qué el Departamento de Estados declaró el interés nacional de Estados Unidos en un cese de los dictámenes civiles contra la República de Cuba por los tribunales radicados en el Estado de Florida, los que están ahora valorados en más de US $ 4 billón y … con interés (al alza de 11% al año) que continúan aumentando en valor?
Empresas establecidas en Estados Unidos -con y sin reclamaciones certificadas contra la República de Cuba- necesitan que el Departamento de Estado 1) busque la desestimación de acciones pendientes en contra de la República de Cuba y 2) busque desactivar las sentencias dictadas en contra de la República de Cuba.
El ejemplo de Irán
El gobierno de Estados Unidos intervino con éxito en un caso contra la República Islámica de Irán traído por diplomáticos y marines de Estados Unidos en la Embajada estadounidense en Teherán.
El gobierno de Estados Unidos solicitó a la Corte que desestimara una demanda contra la República Islámica de Irán debido a incongruencias con la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera (FSIA). El tribunal permitió la mediación y rechazó la demanda.
La misma debilidad aplica para los juicios contra la República de Cuba. Sin embargo, sorprendentemente, cuando los tribunales han solicitado al gobierno de Estados Unidos definir su posición sobre la incautación por los demandantes de cuentas bancarias congeladas a República de Cuba en Estados Unidos, la respuesta ha sido recomendar a los tribunales no hacer lo que los tribunales decidieron. Y aún así hablan de defensa sobre la base de los principios en representación de los legítimos reclamantes.
El resultado de la posición del gobierno de Estados Unidos ha sido agotar las cuentas bancarias congeladas a la República de Cuba desde principios de los años 60s -las que siempre fueron consideradas en beneficio de las 5,913 reclamaciones certificados por la Comisión de Adjudicación de Reclamos Extranjeros (FCSC) del Departamento de Justicia, por valor de US $ 1,902,202,284.95 dólares.
Impacto a largo plazo
Hoy el problema ya no es preservar los fondos para su uso en la solución de las reclamaciones certificadas, pues esos fondos prácticamente han desaparecido. En su lugar, los dictámenes civiles para favorecer reclamos individuales en tribunales de Florida están obstruyendo la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Estos dictámenes judiciales están aparentemente destinados a castigar a los hermanos Castro, pero en realidad están castigando a los 11,3 millones de ciudadanos cubanos, así como a las empresas e individuos que tienen reclamaciones legítimamente certificadas.
La República de Cuba podría intentar poner fin a los dictámenes judiciales invocando la inmunidad soberana en lugar de presentar una respuesta. Sin embargo, hay una resistencia en La Habana al reconocimiento de la jurisdicción de tribunales de Estados Unidos, aunque sólo sea para hacer valer la inmunidad soberana. Como los funcionarios del gobierno cubano valoran, nada en los tribunales de Estados Unidos (especialmente en el Estado de Florida) es simple cuando se trata de la República de Cuba. Temen un litigio prolongado y costoso que seguiría a cualquier reivindicación de la inmunidad soberana y que probablemente terminaría victimizando a los demandantes, con ventaja en los tribunales locales.
Para el señor Ben Rhodes, el asistente presidencial de 39 años, ayudante y asesor adjunto de Seguridad Nacional para Comunicación Estratégica en el Consejo Nacional de Seguridad (NSC) de la Casa Blanca, quien fue un participante principal en las negociaciones secretas con el gobierno de Cuba y que desembocaron en el anuncio del presidente Barack Obama el 17 de diciembre de 2014, y quien fue citado por The New York Times diciendo: Ya no sé donde yo comienzo y dónde termina Obama”, es el momento de otra “fusión mental” que pemita hacer justicia con estos reclamantes estadounidenses,
Publicado en Café Fuerte por Por John S. Kavulich (Presidente del Consejo Económico y Comercial Cuba-EEUU,)
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