Luego que el régimen les apretó todavía más las tuercas para evitar que se salgan del plato, a algunos periodistas de la prensa oficial y blogueros de los medios oficialistas y semioficialistas —cada vez se hace más difícil diferenciarlos, de tan socialistas y dentro de la revolución como aclaran ser— les ha dado por reclamar una ley de prensa. Alegan que así tendrían un marco legal en el que desempeñar su trabajo, tendrían garantías y conocerían los derechos de que gozan, entre ellos el de tener acceso a la información pública.
¿Será ingenuidad o una movida inducida por el régimen para institucionalizar la censura y el control (des)informativo? Malpensado que soy y advertido por experiencia de que en Cuba no quedan ingenuos sino que se fingen, me inclino más por la segunda posibilidad.
Solo al régimen convendría tal ley. En cuanto a los comunicadores, los encerraría en un marco —hecho por los carpinteros del corta y clava del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista— mucho más estrecho y rígido del que hoy disponen. Y con clavijas, para estrecharlo en caso de necesidad. Y sería perfectamente legal, inobjetable. Irreversible, como el socialismo en la Constitución.
Sería soga para su pescuezo. Pero aun así, hay periodistas que reclaman la dichosa ley de prensa. Como si con ella se fuera a acabar el secretismo y la censura y se fuera a democratizar la información cual tocada por una varita mágica.
Si en algo ganarían los periodistas es que estarían más protegidos. Un poco, solo un poco. ¿De qué? Va y logran evitar, gracias a dicha ley, que cualquier funcionario les cuelgue el teléfono o le cierre la puerta en sus narices, que un administrador les impida tomar fotos en una TRD (Tienda de Recaudación de Divisas) o un pelotero le suene una trompada porque le molestó la forma como reflejó su modo de jugar y la derrota de su equipo.
Una periodista de uno de los medios alternativos recién aparecidos, a diferencia de la mayoría de sus ilusos compañeros, ha tenido la suficiente lucidez para oponerse a una ley de prensa porque considera que es preferible “el marasmo legal” —el término es suyo— que hoy existe, que es en definitiva, el que ha posibilitado la supervivencia tanto de esos medios como de los periodistas independientes. Supongo que los segundos seríamos las primeras bajas —y no precisamente colaterales— de dicha ley: todos iríamos a parar a la cárcel.
¿Qué ley de prensa podríamos esperar de un régimen que limita la libertad de expresión y de prensa con el pretexto de defender la soberanía y la seguridad nacional? ¿Qué se puede esperar de una dictadura cerril que considera que Internet es un arma de subversión ideológica?
Antes de aprobar una ley de prensa habría que derogar la ley 88 y sacar del código penal cubano figuras delictivas como la propaganda enemiga, el desacato, etc, que son castigados con penas de cárcel de entre 8 y 20 años de cárcel. Y lo que es más importante: habría que reformar la Constitución, que plantea en su artículo 53 que los medios masivos son propiedad del Estado y no pueden ir en contra de los intereses de la sociedad socialista.
Esos jóvenes comunicadores alternativos, oficialistas, paraestatales, semioficialistas, como se les llame, que cándidamente hoy reclaman desenvolverse dentro de una ley de medios, si son sinceros, si no son otra jugada con trampa del régimen, al final terminarán en las filas del periodismo independiente. No les quedará otro camino sino quieren ser meros propagandistas de una dictadura decrépita y roñosa. Hasta que ya en democracia haya un periodismo que no lleve etiquetas.
Por Luis Cino Álvarez
Publicado originalmente en CubaNet
