Este es un caso real, actual y en pleno desarrollo. El 22 de julio de 2016, la ciudadana cubana, Lisette Carrero, entró con su esposo por la frontera de EEUU y México (Texas) procedente de Paraguay donde residía, en este preciso momento fue detenida por las autoridades de inmigración.
El hecho, que parece insólito, pero es absolutamente verídico, hace referencia a un señalamiento que está tipificado en un documento remitido por las autoridades de migración, donde se indica que Carrero, no puede gozar de los beneficios de parol como refugiada cubana, por haber pertenecido a una organización política cubana, específicamente, a la Unión de Jóvenes Comunistas Cubanos (UJC).
Una confesión que finalmente resultó altamente comprometedora.
Según revela su esposo, ambos tienen el temor de que la Carrero, que aún permanece detenida, pueda ser deportada a Paraguay o a Cuba y que esto pueda devenir en una separación de la pareja, puesto que son casados. Adicionalmente, hizo la acotación de no haber participado nunca en algún acto contra los ciudadanos opositores al régimen castrista.
La abogada Lisette Ibarra, experta en asuntos de inmigración, señala que, según las leyes de inmigración estadounidense, un ciudadano que haya pertenecido a alguna organización política en Cuba afín al Gobierno, debe contar al menos, con cinco años de separación o desafiliación del movimiento para el cual militaba , esto, si pretende migrar a EEUU en busca de mejores condiciones de vida.
La abogada de inmigración, aprovechó la oportunidad para recordar, que casos similares a los de Carrero, se están repitiendo con cierta frecuencia y en aquellas situaciones, donde han sido otorgadas las residencias o algunos beneficios específicos para los inmigrantes cubanos, le son retirados por las autoridades de inmigración, de llegarse a verificar que pertenecieron a cualquiera de las organizaciones vinculadas con la ideología del régimen castrista.
