FRANCISCO JOSÉ VIRTUOSO, SJ
Venezuela vive una grave alteración del orden constitucional y democrático. Se trata de un proceso que se ha venido desarrollando aceleradamente desde las elecciones parlamentarias del pasado 5 de diciembre.
Primero fuimos testigos de la resistencia del gobierno a reconocer la victoria de las fuerzas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en las elecciones parlamentarias de diciembre 2015. Posteriormente vimos cómo se empleó el artificio de utilizar la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para despojar a la Asamblea Nacional de su independencia y del cumplimiento de sus funciones contraloras y legislativas. Al mismo tiempo se ha intensificado la persecución política y el uso de la violencia contra dirigentes opositores. En paralelo se ha venido criminalizando el derecho a la protesta pacífica de los ciudadanos. Hace poco tiempo asistimos nuevamente a la prórroga del decreto de estado de excepción y de emergencia económica vigentes desde mayo pasado.
Recientemente observamos cómo se suplantaba nuevamente a la Asamblea Nacional al consignar el presupuesto del año 2017 ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Como si lo anterior no fuera suficiente, el 20 de octubre llegamos a un punto de inflexión. El Consejo Nacional Electoral, basado en las sentencias de algunos Tribunales Penales de la República, decide suspender temporalmente la recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad para el Referendo Revocatorio Presidencial, pautada para los días 26, 27 y 28 de octubre de 2016, violando abiertamente el orden constitucional y los derechos y garantías del pueblo venezolano.
Por su parte, la Asamblea Nacional, en sesión extraordinaria celebrada el pasado domingo 23 de octubre, acordó declarar la ruptura del orden constitucional. La situación planteada es extremadamente peligrosa para el país, porque si se evapora el orden constitucional quedamos sometidos al dominio de la arbitrariedad y la violencia.
Se requiere entonces, urgentemente, recuperar la Constitución y con ella el Estado de Derecho y sus instituciones, para garantizar una convivencia pacífica y democrática, en donde los conflictos y la terrible crisis social y económica que vivimos encuentren cauces adecuados.
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